“La libertad de prensa sale aporreada de las elecciones”, denuncia la Flip

“Unos 200 periodistas requieren esquemas de seguridad, a un costo aproximado de $26 mil millones de pesos por año", dice Pedro Vaca./ Cristian Garavito - El Espectador

Foto: Cristian Garavito / El Espectador

Claramente, el ambiente para los periodistas se ha deteriorado en las últimas semanas ¿La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) tiene esta misma percepción, haciendo la comparación con el clima aparentemente más calmado de años recientes?

El gobierno Santos fue muy efectivo en instalar un distractor, que consistió en confundir el logro del notable descenso de asesinatos a periodistas con la falsa tranquilidad de que la violencia contra la prensa había desaparecido. Eso explica que se vea como disruptivo lo que, en realidad, es el registro de una seguidilla de amenazas a periodistas de reconocimiento nacional, en un lapso breve. La violencia nunca se fue: creció, se ensañó en las regiones y mutó a un fenómeno menos letal pero que sigue vigente. Así lo reflejan las cifras y casos documentados.

Deme, por favor, un ejemplo de la situación a la que se refiere.

El ministro de Defensa saliente logró hacer ver, durante dos semanas, el secuestro y asesinato de los periodistas ecuatorianos como algo menos grave de lo que era y dejó el cargo sin rendir el informe que le pidió la Fiscalía, el 16 de mayo. Le doy cifras generales: en 2018, ya tenemos 134 amenazas. En siete meses, doblamos las 61 amenazas registradas en todo el 2014 y superamos las 129 documentadas en el año 2017. Santos no fue un gobernante autoritario pero tampoco un campeón de la libertad de prensa.

Desde luego, la era Santos no fue perfecta y hubo unas salidas en falso del expresidente respecto de unos periodistas. Pero, del otro lado, no llegó al extremo de espiar a sus críticos ni de amenazar a los hijos de los reporteros con agentes del Estado, como lo hizo el DAS. ¿No cree que esta diferencia es fundamental?

Coincido plenamente. Tras ocho años de extremo desconocimiento de los estándares de libertad de prensa en los dos periodos de Álvaro Uribe, el periodo Santos representa, sin duda, una mejoría notable. Pero casos como Andrómeda y el atentado a Ricardo Calderón muestran que faltó que el poder Ejecutivo, en su conjunto, se sintonizara con la mirada de respeto a la prensa a la que seguramente aspiraba Santos de manera genuina. Lo que no es aceptable es que se compare a los presidentes tomando referentes nefastos. Debemos medir a nuestros gobernantes con raseros más altos: que sean tolerantes a la crítica, que no influyan en la pauta, que se abstengan de dar clases de periodismo distinguiendo entre los reporteros ‘buenos’, ‘malos’ y ‘serios’. Santos no se raja, pero tampoco es el modelo ideal a seguir y, en algunos casos, su terquedad sobre este tema hizo daño.

No hay que culpar al nuevo Gobierno del enrarecimiento de las condiciones para ejercer la libertad de prensa. Sin embargo, da la impresión de que se exacerbaron las reacciones violentas contra columnistas y reporteros después de las elecciones. ¿Qué muestran los indicadores de la FLIP en este aspecto?

La libertad de prensa sale muy aporreada de las elecciones y esto se debe principalmente a las declaraciones de líderes políticos contra la prensa y a la rentabilidad en votos que eso representa. También al protagonismo de las redes sociales, con algoritmos que facilitan las manifestaciones de las manadas de los que piensan igual y al déficit de apropiación social de la libertad de prensa como un valor de pluralismo y democracia. A la estigmatización de los políticos contra la prensa le sigue la violencia de sus seguidores, que asumen que tienen permiso de su líder para atacar a los periodistas.

Usted habla de “la estigmatización de los políticos contra la prensa”. ¿Puede dar nombres de algunos que la usan?

Durante la campaña Álvaro Uribe estigmatizó en siete oportunidades a periodistas y medios y Gustavo Petro, en cinco ocasiones. Ellos y otros políticos siembran la semilla para que Claudia Gurisatti, RCN, Noticias Uno, Daniel Coronell, Yohir Akerman y Yolanda Ruiz, entre otros, hayan recibido amenazas e intimidaciones por hacer su trabajo durante las elecciones.

Precisamente quería preguntarle si la FLIP tiene clasificadas, por origen, rangos y capacidad de influir, a los personajes públicos que señalan a los periodistas y medios que les son incómodos.

Como acabo de decir, tenemos registros frecuentes de Álvaro Uribe y Gustavo Petro en estos casos. El primero, en una confrontación abierta desde el año 2003 contra el columnista Daniel Coronell. Es trágico que un líder tan potente desconozca sus deberes como persona de notoriedad y contribuya a crear un ambiente extremadamente adverso contra uno de los periodistas que más contribuye a nuestra democracia. Por su parte, Petro tiene una fijación especial de estigmatización contra RCN, una voz igualmente relevante. Lo que ellos dos no advierten es que llegan a ser un pésimo ejemplo en cuanto al respeto a la libertad de prensa frente a otros que terminan emulándolos, como senadores, alcaldes, gobernadores, personeros y funcionarios de todo el país.

A propósito del expresidente Uribe y sin querer personalizar el asunto por los nexos que me unen con el medio afectado, quisiera conocer la posición de la FLIP sobre las palabras de este y del senador José Obdulio Gaviria contra la reportera que grabó un video en reunión de celebración del triunfo del círculo de poder del Centro Democrático, el día de la posesión del presidente Duque. Ella fue amenazada poco después, en una red social…

La censura es una golosina para el poder. Cuando este se ve expuesto, tiene dos caminos: el de responder y aclarar lo que corresponda o el de pretender hacer ver que lo que se expuso en su contra no pasó, a partir de deslegitimar a quien lo expone. En esto, nuestros políticos, sin distinción de ideología, son unos campeones. El resultado es que trasladan el foco de ellos, como personajes públicos y noticia que son, a los reporteros. En el caso por el que me pregunta, a la reportera, con el fin de pregonar, al mejor estilo Santos, quién hace buen periodismo y quién no. La ética es un fuero de los medios y las audiencias. Es peligrosísimo que las autoridades o los funcionarios estatales pretendan dar clases de ética cuando se encuentran en el centro de las denuncias de la prensa. En verdad, el ‘buen’ periodismo no les importa. Es un mecanismo al que acuden ante la falta de respuesta a lo que se publicó. El ataque es, en realidad, una máscara que oculta la vergüenza propia.

Pese a que hay que dar un margen de espera, existen dudas sobre la conducta que, en materia de libertad de prensa vaya a tener el nuevo Gobierno, básicamente por su partido y por el jefe político en el Senado. Pero el presidente Duque ha reiterado que habrá total respeto con los medios ¿Cuál es la expectativa de la FLIP en cuanto a la relación con los actuales poderes Ejecutivo y Legislativo con la prensa?

En cuanto al derecho de los colombianos a recibir información, veo muy mal los órganos directivos del Congreso: tenemos un presidente del Senado que en plena plaza transmite como cierta información inexacta y, además, la ratificación de Gregorio Eljach y Saúl Cruz como secretario y subsecretario del Senado, pese a que han estado envueltos en agresiones a la prensa. El parlamento premió a quienes incurrieron en acciones de censura o desinformación. En cuanto al presidente de la República, no tenemos un solo registro o antecedente negativo de Iván Duque. Es quien menos culpa tiene de la situación actual. Pero en sus manos sí está la oportunidad —y obligación— de formular una respuesta estatal eficaz, sentando las bases de un clima social que valore la controversia pública y la labor de los periodistas. La FLIP recibe la nueva Presidencia sin prejuicios y entra a valorar a Duque desde cero. Lo primero que le recomendaría, con todo respeto, es no emular a Uribe.

En la clasificación de los grupos de censores aunque con mayor grado de peligrosidad, se encuentran las bandas criminales y otros personajes particulares…

Por supuesto, están los poderes ilegales instalados en los territorios: estos generan autocensura en sus áreas de influencia. Poco se habla, en este sentido, de las disidencias de las Farc en aquellos lugares en donde están, así como ocurre con el Eln, el Clan del Golfo, las mafias de la minería y la droga, etc. Ellos mandan a guardar silencio en las zonas que gobiernan. Y ni hablar de los médicos carentes de títulos para ser considerados verdaderos especialistas en cirugía plástica, que han generado avalanchas de acciones judiciales contra la prensa con fines de censura.

La Fiscalía ha actuado con eficiencia y rapidez en los casos más recientes de Bogotá, hay que admitirlo ¿Ustedes han tenido contacto con los investigadores?

Hemos insistido, hasta la frustración, en que la justicia puede frenar la violencia contra la prensa y, por el contrario, en que la impunidad incentiva nuevas amenazas. He sido testigo de las promesas rotas de los exfiscales generales Montealegre y Morales, pero debo reconocer que el fiscal Martínez parece estar asumiendo la tarea en serio. Y, aunque los esfuerzos aún están lejos de ser proporcionales al fenómeno, hay resultados, estrategias y canales más rápidos de atención. En palabras del procurador Carrillo, los órganos de control están “cerrando el puño” frente a los violentos. Quiero creer que no se trata de algo fugaz que apaga un escándalo en Bogotá.

Según la Fiscalía, los hallazgos sobre el origen de las amenazas señalan a individuos, no a grupos delictivos. Y, además, se demostró que una de las llamadas intimidantes se produjo desde una cárcel ¿Esto indicaría multiplicidad de victimarios y de motivos, en su criterio?

No creo que los individuos amenacen de manera espontánea. Actúan, como mínimo, a partir de la identidad que sienten con una idea o causa. Coincido en que la violencia se puede estar atomizando, pero hay vasos comunicantes entre los violentos que parecen moverse solos y los actores poderosos —legales o ilegales— a quienes les conviene ese ambiente de miedo y censura. Ojalá las sentencias en que se condene a estos individuos exhorten a los funcionarios y políticos a cuidar lo que dicen cuando deliberan en público y a proteger la libertad de prensa. De lo contrario, esto se repetirá. La llamada amenazante desde la cárcel es parte del paisaje macondiano de la censura que padecemos.

¿Cuántos periodistas en Colombia necesitan esquemas de seguridad por su condición de riesgo?

En reciente conversación con el director saliente de la Unidad Nacional de Protección (UNP), él me indicó que alrededor de 200 periodistas requieren esquemas de seguridad, a un costo aproximado de $26 mil millones de pesos por año. El común denominador de los agresores es que son actores poderosos —legales o ilegales— que ven a la prensa, los periodistas y su labor como un riesgo para sus intereses. El silencio es terreno fértil para la arbitrariedad.

Las amenazas a la libertad de prensa y al desempeño del ejercicio del periodismo no siempre se traducen en advertencias de daño físico. Hay otras más sutiles, pero igualmente riesgosas. Por ejemplo, el uso de las influencias del poder político sobre los gerentes o propietarios de los medios, y la aplicación de mecanismos judiciales contra reporteros y columnistas ¿La FLIP hace seguimiento a estas formas de intimidación?

Nosotros monitoreamos el acoso judicial como censura indirecta, y como abuso de los mecanismos judiciales, los que se interponen para silenciar. También monitoreamos la publicidad oficial que, en forma de pauta, termina convirtiéndose en moneda de chantaje para premiar el silencio y castigar la crítica. En 2018 registramos 25 acciones judiciales con fines de censura y 19 obstrucciones al trabajo periodístico, principalmente, por parte de jueces que impidieron el acceso a las audiencias públicas, en casos relevantes que involucran a funcionarios del Estado. En cuanto a la pauta de entidades estatales, estamos analizando 1.500 contratos que suman más de $350 mil millones de pesos. Ahí existe un potencial enorme de compra de silencios y aplausos. Casi siempre estas censuras pasan inadvertidas.

¿Es cierto que los jueces y tribunales, mediante sus fallos de tutela y sus decisiones en procesos penales por injuria y calumnia, están recortando la libertad de prensa en Colombia?

Es cierto. Los procesos penales por injuria o calumnia contra periodistas nunca prosperan, pero desgastan tanto y son tan largos que se entiende que su intención es dejar muy claro que es mejor no meterse con el denunciante. El resultado es que, muchas veces, los medios ceden y concilian sin tener que hacerlo, para evitar una contingencia judicial. En materia de tutelas, estamos en el ocaso de un país que, desde 1991, fijó una protección sólida. Hoy, los jueces de tutela están exigiendo que los medios eliminen información y, en ocasiones, lo hacen desconociendo los estándares internacionales de libertad de expresión.

Recuerdo ahora el delicado fallo de la Corte Suprema contra la revista Semana en que se le ordenaba a ese medio revelar los nombres de sus fuentes. Y, aunque se subsanó, eso fue posible por el escándalo mediático ¿La FLIP tiene evidencia de otros fallos judiciales que lesionen gravemente la libertad de prensa?

El periodista Aldemar Solano perdió una tutela interpuesta contra él, por decisión de una jueza de Sesquilé (Cund.). Este fallo desconoció estándares internacionales de libertad de prensa y tuvo sesgos de descarada protección entre jueces, alcanzando incluso una orden de arresto. El alcalde de Floridablanca (Sant.) mantiene una denuncia penal contra un caricaturista. En Buga, un juez aceptó la solicitud de una fiscal para tener acceso a conversaciones privadas de un periodista con el fin de conocer sus fuentes en un caso instaurado por un político local. Políticos como Luis Alfredo Ramos están pidiendo tratamiento de eliminación de noticias de una filtración adversa a él, pero cierta. Tras un fallo de tutela, nefasto para la libertad de expresión en internet, la Corte Constitucional se echó para atrás declarando nula la decisión de tres de sus magistrados. Una fiscal denunció a siete medios; ganó en primera instancia y, afortunadamente, en segunda instancia, se protegió a la prensa.

Parece muy delicado. ¿Implica que los jueces están siendo vehículos de censura?

El poder judicial no está comprendiendo que hay intereses que lo invitan a caer en la trampa de sentenciar el silencio sobre asuntos de interés público.

“Hay que cuidar lo que se dice en público”

La agresividad contra la prensa ha aumentado en casos conocidos en estos días:  amenazas a la columnista María Jimena Duzán; intimidaciones al director de la FM y llamadas tenebrosas a reporteros de RCN Radio ¿Qué está sucediendo?

Si bien las motivaciones de las amenazas son diversas, el punto en común es que todos estaban ejerciendo legítimamente su labor. Las amenazas están presentándose en una sociedad en donde cogió vuelo atacar al que piensa distinto.

Según la Fiscalía, las amenazas  provienen de individuos, no de grupos delictivos. Una de las llamadas intimidantes se produjo desde una cárcel ¿Esto indicaría multiplicidad de victimarios y de motivos?

No creo que los individuos amenacen de manera espontánea. Actúan, como mínimo, a partir de la identidad que sienten con una idea o causa. Coincido en que la violencia puede estar atomizándose pero hay vasos comunicantes entre  los violentos que parecen moverse solos, y los actores poderosos a quienes les conviene ese ambiente de miedo y censura. Ojalá las sentencias de condena de estos individuos, exhorten a los funcionarios y políticos a cuidar lo que dicen cuando deliberan en público. De lo contrario, esto se repetirá. La llamada amenazante desde la cárcel es parte del paisaje macondiano de la censura que padecemos.

Amenazas, desplazamientos y alertas de atentado

Hay muchas amenazas a la prensa en las regiones pero sin tanta publicidad  ¿Cuáles son las cifras, en esta materia, del primer semestre de 2018?

Los comunicadores en las regiones están muy desprotegidos. En la última semana, tres periodistas de Mocoa han recibido cuatro amenazas; por el cubrimiento de capturas del Clan del Golfo y minería, Jhanuarya Gómez recibió tres, y tuvo que salir desplazada de Segovia (Ant.); Alberto Castaño, director de la revista Natural Press, está solicitando asilo por amenazas recibidas después de denunciar el asesinato de líderes ambientales; Erika Londoño, de Caracol Radio, Guaviare, ha recibido 19 amenazas; Jhon Jairo Jácome y Christian Herrera están bajo alerta de atentado, en Cúcuta; Ricardo Ruidíaz es víctima de una amenaza semanal por el cubrimiento del asesinato de líderes y de explotación sexual infantil. El alcalde de Rionegro (Sant.), disparó contra el periodista Luis Carlos Ortiz. El alcalde de Villagarzón (Put.), aseguró que él es “regulador de los medios” y poco después, el canal local para el que trabajaba Mauricio Rodríguez, le terminó el contrato. La guerra entre EPL y ELN en el Catatumbo, ha desplazado a varios periodistas y apagó, forzadamente, algunas emisoras. Omito mencionar otros casos para no elevar el riesgo de los amenazados.