En un mundo cada vez más polarizado, en donde sectores radicales quieren poner en riesgo décadas de avances frente a nuestros derechos fundamentales, la defensa de nuestras libertades se hace urgente. En Colombia, tenemos muchas victorias que celebrar y desafíos por enfrentar, pero podremos hacerlo con éxito si reaccionamos a tiempo al ver lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras. En este país aún existe la oportunidad de abrir una conversación nacional, alrededor de nuestras instituciones democráticas y los derechos humanos, para proteger nuestras conquistas y proyectarnos hacia un futuro más justo y equitativo.
Quiero hablarles de esto en el marco de la conmemoración de los tres años de la Sentencia C-055 de 2022, lograda por el Movimiento Causa Justa, que despenalizó el aborto en Colombia. Una victoria que ha sido modelo a nivel global para garantizar la libertad reproductiva de millones de mujeres, niñas, adolescentes, hombres trans y personas no binarias. De esa forma, Colombia empezó a hacer parte del grupo de 77 países donde el aborto es legal a solicitud, lo cual significa una garantía, según estimaciones del Centro de Derechos Reproductivos, para la autonomía de 662 millones de mujeres en edad reproductiva a nivel mundial.
Sabemos que tal progreso enfrenta amenazas globales como la reciente restauración de la Ley Mordaza, por parte de la entrante administración estadounidense, que cesa toda cooperación internacional en materia de salud sexual y reproductiva. Basta con citar las consecuencias de la primera gestión de Donald Trump, a nivel internacional en esa materia, para anticipar que habrá consecuencias más profundas ahora. En aquel entonces, por ejemplo, en Kenia, Uganda y Nigeria, la falta de financiamiento llevó al cierre de clínicas y a la interrupción de servicios esenciales, lo que se tradujo en un aumento de embarazos no deseados y abortos inseguros. Esto, por supuesto, poniendo en riesgo la integridad y vida de ciudadanas y ciudadanos que merecen ser tratados en condiciones de dignidad al buscar cualquier servicio de salud.Abor
En Estados Unidos, el Centro de Derechos Reproductivos también ha señalado su enorme preocupación porque es probable que vengan intentos por cortar cualquier acceso al aborto con medicamentos, que se intensifiquen los esfuerzos para castigar a quienes viajan entre estados para interrumpir sus embarazos y que arrecien las sanciones contra el personal de salud que provee estos servicios de salud. En el pasado, Trump no solo obtuvo mayorías en la Corte Suprema para derogar Roe vs. Wade –la histórica sentencia que protegía el acceso al aborto a nivel federal-, además designó 234 jueces federales comprometidos con agendas regresivas que han restringido el acceso a salud reproductiva e incluso han dificultado que adolescentes accedan a anticonceptivos.
Este es un precedente aterrador pues ha significado una riesgosa interpretación, por parte de la Corte Suprema, al respecto de la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense que, entre otros, aborda el derecho a la privacidad. En el pasado, otras interpretaciones progresistas y muy técnicas de esa misma enmienda permitieron el acceso libre al aborto, como lo mencioné antes. Y también otros avances, como que se otorgara el derecho a la ciudadanía a todas las personas nacidas en el territorio de ese país; el acceso a técnicas de reproducción asistida; y de forma más reciente, el matrimonio de las personas del mismo sexo. Ahora, estos avances están puestos en duda por agendas altamente peligrosas con ataques directos a las libertades civiles y políticas.[CC1]
El panorama externo a Colombia que acabo de describir puede ser desolador, pero aquí y en el resto de América[CC2] Latina aún podemos unir esfuerzos para evitar algo similar. Nos trae esperanza que los tribunales constitucionales de Argentina, México, Colombia y Ecuador hayan construido algunos de los marcos legales más sólidos en materia de autonomía reproductiva y de libertades en sentido más amplio. Esto significa que varias de las altas cortes en esta región tienen esquemas más garantistas que la Corte norteamericana gracias a una combinación de factores: una conciencia sobre la necesidad de prevenir abusos para superar una historia de violaciones estructurales de derechos humanos; sistemas judiciales aún comprometidos con la ampliación de los derechos constitucionales y la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos; y una fuerte movilización social impulsada por diversos movimientos sociales, en el que se cuenta la Marea Verde –o debo decir, las mareas verdes-.
Sin embargo, el reto hoy parece ser mucho más grande y se hace necesario que quienes hemos liderado distintos tipos de activismos estrechemos una red de colaboración efectiva que repotencie las conversaciones sobre libertad. Es momento de reconocer que nuestras causas están atravesadas todas por la necesidad de lograr una democracia en la que concibamos las libertades como garantías de derechos y no como restricciones que, al final, se convierten en formas de discriminación. Las feministas no estamos aquí para excluir a nadie, al contrario, buscamos salvaguardas para todas las personas al mismo nivel. Creemos en la reivindicación de los derechos de las personas migrantes, de quienes trabajan la tierra y están expuestas a múltiples violencias, de aquellas racializadas que han experimentado la exclusión, de quienes aman con diversidad, por mencionar sólo algunos casos. Y también creemos en la libertad de cultos, en una robusta libertad de expresión, en una economía fuerte que nos garantice progreso.
La lucha por los derechos reproductivos no es solo una cuestión de género, sino de justicia social y es sólo uno de los nodos de la red democrática que miles hemos construido al defender las libertades clave para la democracia. Por eso, implementar y proteger la Sentencia de Causa Justa, junto a más avances logrados en Colombia, no es sólo una tarea legal, sino un compromiso ético y político. La libertad comienza en el cuerpo, y proteger el derecho a decidir es asegurar la dignidad de todas las personas. En un contexto global donde los derechos están bajo ataque, América Latina tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo al crear una amplia y renovada red democrática que mantenga nuestras victorias sobre la base de la justicia y la equidad.
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