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De la misma manera en que aunamos fuerzas hasta lograr la Sentencia, desde Causa Justa venimos impulsando acciones y realizando enormes esfuerzos para avanzar su implementación y para proteger esta decisión de amenazas políticas y judiciales. Todo eso, sin dejar de denunciar las barreras que siguen enfrentando en especial las mujeres más vulnerables, sin dejar de hacer parte de la conversación pública, sin dejar de recordar en las calles nuestros derechos ni dejar de demandar ante las entidades correspondientes la consolidación de un marco normativo que permita el acceso oportuno y respetuoso a los servicios de aborto. Todo eso, a la vez que avanzamos en el cambio cultural que se requiere para hacer sostenible social y políticamente la decisión de la Corte Constitucional Colombiana del año 2022.
Ese trabajo colectivo ha permitido que de manera articulada pongamos freno a las demandas de nulidad contra la sentencia -más de 17- o a los dos referendos provida que no lograron conseguir las firmas ni el apoyo popular que requerían para seguir adelante con la idea de retroceder lo alcanzado. Y ha permitido también que, usando los canales legales y desde el respeto, exijamos a la Corte consistencia en sus decisiones sobre aborto, lo que llevo a que esta entidad con toda la seriedad que se espera de ella anulara algunas de sus propias sentencias por contradecir lo que ya se había resuelto en el 2022.
Hoy tenemos, también como resultado de esos esfuerzos colectivos que involucran a muchos otros grupos y a muchas personas de la política y de la vida nacional comprometidas con esta misma causa, un marco regulatorio que además de una resolución ministerial que da lineamientos a los actores del Sistema de Salud, incluye una Directiva de la Fiscalía General de la Nación que busca reducir la acción penal en los casos de aborto, contribuyendo a la consolidación de condiciones de seguridad y tranquilidad para las personas que deciden interrumpir su embarazo.
Todo esto ha permitido que la mayoría de las mujeres que hoy abortan en Colombia -según datos de Oriéntame y de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres- lo hagan en las primeras semanas del embarazo (93% aproximadamente), y que las pocas que requieren interrumpir más adelante -las más vulnerables- también puedan hacerlo.
Sin embargo, en un país marcado por la desigualdad, el camino no es tan fácil para todas. Es el caso de las mujeres extranjeras (80% de origen venezolano), entre quienes el aborto después de la semana 12 es mayor que el de las mujeres en general (14%) debido a la exigencia de requisitos adicionales relativos a su estatus migratorio. O el de las mujeres negras de la zona rural de Buenaventura para quienes el acceso a los servicios supone no solo largas horas de viaje sino muchas veces la negativa del propio servicio o la violencia de la que son víctimas cuando bajo el supuesto de que su umbral del dolor es más alto se les suprime la analgesia (Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad ICESI).
Dos años después, la sentencia Causa Justa se mantiene firme, el trabajo colectivo es más grande, y la fuerza y el impulso del movimiento para seguir cambiando la cabeza y el corazón de las personas en favor de la libertad reproductiva, están intactos. Tanto como la convicción de que es necesario eliminar por fin el delito de aborto del código penal.
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