8 Jan 2021 - 2:00 a. m.

La lucha contra el abuso y las detenciones arbitrarias en la protesta social (tres testimonios)

Hablan tres integrantes de la campaña “Defender la Libertad”, compuesta por varias organizaciones sociales dedicadas a denunciar abusos de poder y detenciones arbitrarias en las jornadas de protesta social en Colombia. Golpizas, torturas y excesos policiales son el eje de sus relatos.

¿Qué pasa cuando, luego de una agitada protesta social, una persona es detenida en medio de quejas de irregularidades y disturbios? Las jornadas de movilización en Colombia en los últimos años son acompañadas por defensores de derechos humanos que se dedican a monitorear, documentar y denunciar las detenciones arbitrarias, los abusos policiales y la persecución judicial en la protesta. Se trata de personas que hacen una interlocución, desde los días previos a una marcha, con las autoridades de policía y administrativas y que han tenido que observar situaciones como uso de gases lacrimógenos indiscriminados, golpizas, torturas y casos de marchantes muertos por cuenta del accionar de la fuerza pública.

El Espectador habló con Óscar Ramírez, Brahiam Corredor y Jenny Romero, integrantes de la campaña “Defender la Libertad”, que está compuesta por más de ochenta organizaciones sociales. La labor tiene varios roles: hay uno de coordinación para establecer los puntos de un recorrido que requieren mayor cobertura, y otro con las autoridades para la logística. Al tiempo, hay comisiones de verificación compuestas por tres personas (que hacen registro escrito y audiovisual y diálogo con la fuerza pública). Y estas se coordinan con otros defensores que desde las oficinas van documentando la información que reciben. Y hay una vocería ante las instituciones en tiempo real que se hace desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá, conocido como C4.

“El día que mataron a Dilan Cruz yo estaba en el C4 y veníamos advirtiendo que eso podía pasar. La fuerza pública estaba atacando a los manifestantes sin justificación. Recibí una llamada previa para que me comunicara con las comisiones porque los tenían encerrados (a los marchantes) y el Esmad estaba atacando. Yo llamo. Entra la llamada y cuelgan. Al minuto me la devuelve una persona completamente desencajada. Vimos las cámaras y se ve que a Dilan lo están reanimado”. El testimonio lo da Óscar Ramírez, abogado del Comité de Solidaridad de Presos Políticos. Se refiere al 23 de noviembre de 2019, cuando Cruz recibió en la cabeza el impacto de una munición tipo bean bag, desde una pistola calibre 12 que tenía el capitán Manuel Cubillos, del Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Desde el C4, Ramírez escuchó las lágrimas y los gritos de los defensores de derechos humanos que estaban en el centro de Bogotá, donde sucedió el hecho que mató a Cruz dos días después. “El desespero nuestro de ver que no llegaba una ambulancia, de que no había posibilidad de que el Esmad se retirara fácil. Fue un momento de angustia, impotencia y rabia porque veníamos advirtiendo que eso podía pasar”, relató. En terreno, es clave la coordinación. Así lo explica Jenny Romero, quien lleva cuatro años en la campaña y uno en la seccional Cundinamarca del Comité de Solidaridad de Presos Políticos: “Nos presentamos ante las autoridades, verificamos que estén plenamente identificados y, si no, lo registramos. Acompañamos la movilización, explicamos los derechos de la protesta y damos el número de urgencia”.

La tarea es difícil. “Los policías empiezan a golpear los escudos y a decir como: “Uy, venga la defensora”, “¡qué rico!” o “así sí quiero los derechos humanos”. Pero sobre todo a golpear los escudos o dejarlos caer mientras vas caminando. Te asustas y se burlan. En una ocasión un agente me cogió la cola. Y un agente del Esmad me empujó al piso cuando estaba parada, normal, y se resguardó en los escudos”, narra Romero. Otra situación común es que los policías minimizan el rol de la mujer defensora de derechos humanos. “Estábamos en un CAI, me acerqué al agente, que era muy alto, y mientras le hablaba, él hablaba con otras personas. Yo iba con otro compañero y le respondía a él y no a mí. Eso pasa mucho”, agregó.

Óscar Ramírez agrega: “Tienden a aislar a la mujer defensora, minimizarla y si quieren agredirla, hay ataque verbal de carácter sexual. Consideran que si una mujer hace un reclamo es que está histérica, así sea austero y cargado de razones”. A estas lógicas, se suman las agresiones. En una marcha realizada en 2018 en Bogotá bajo la alcaldía de Enrique Peñalosa, la movilización iba llegando a la 100 con autopista, norte de la ciudad. “El mando de la fuerza disponible me reiteraba que si bloqueaban Transmilenio iba a intervenir el Esmad. Me dice: tiene cinco minutos para despejar la vía sin yo tener esa facultad. Aviso, grito, corrí al andén. Fue mucho caos, me golpearon con un bolillo en las piernas. Detuvieron a un hombre y me fui detrás, no me fijé que en el piso había una aturdidora sin estallar y una persona alcanzó a evitar que la pisara”.

Para los defensores de derechos humanos, de otro lado, las detenciones de personas en el marco de las protestas tienen en el fondo una intención de corregirlas por haber salido a manifestarse. Hay dos procedimientos diferentes. Una captura con fines de judicialización, caso en el cual una persona es llevada a una URI. Y el traslado de protección, que es una figura contemplada en el Código de Policía para controlar personas que estén en un estado grave de alteración o vulnerabilidad, caso en el cual son llevadas a los Centros de Traslado por Protección CTP). Esta modalidad “se ha venido aplicando a los marchantes para intimidarlos. Desde noviembre de 2019 se han reportado más de 2.500 detenciones por CTP y eso es un subregistro”, cuenta Brahiam Corredor, de la corporación jurídica Humanidad Vigente.

“Notamos que las personas trasladadas son golpeadas y las mantienen doce horas en los CPT sin alimentación ni comunicación. Generalmente sus pertenencias son hurtadas o destruidas. Hemos notado que en el medio de los disturbios no se aprehende a las personas que son responsables de los hechos, sino que cogen a transeúntes con la intención de mostrar resultados. Ejemplo: estoy defendiendo a un chico que vio cómo golpearon a un policía que perdió el casco. Él fue y se lo entregó ¡y lo arrestaron! También hemos notado que los intimidan, pues cuando son capturados debe haber una valoración de Medicina Legal, pero son inducidos al error para que no se haga y firman acta de buen trato”, agrega Corredor.

Para Corredor, el trabajo en las jornadas de protesta muestra lo peor del ser humano y como ejemplo pone el caso de un joven detenido en el marco de las jornadas de protesta del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, luego de la muerte a golpes y en custodia de la Policía del abogado Javier Ordóñez. “Lo esposaron y empezaron a pegarle en frente del padre, al punto que se desmayó y lo levantaron con un taser. Me causó mucha impresión. Uno nota la intención de torturar, de causar daño físico y psicológico. Este chico salió de audiencia directamente para urgencias; el mismo juez ordenó que lo llevaran en ambulancia. Le dijeron que si quería eso debía esperar 16 horas más, ya llevaba 36 horas, sin bocado ni agua. Prefirió salir de ahí a pie”, dijo.

“Se hacen maniobras para castigar a las personas que ejercen su derecho a la protesta. Eso fue una marcha cerca del CAI de Venecia el 9-S. En el caso de todas las personas detenidas en este radicado se declaró ilegal la captura”, agregó Corredor. Para Óscar Ramírez, el 9 y 10 de septiembre de 2020, en donde la Policía usó armas de fuego contra manifestantes, evidenció una violencia “brutal y descarada por parte del Estado. La Policía disparó sin saber a quién lo hacía. También se presentaron bastantes hechos de tortura. Ya reducidos y detenidos les ponían choques eléctricos, gas pimienta en la cara y los pateaban. Vimos casos de mujeres víctimas de violencia sexual y donde se les ejercían tocamientos indebidos. La Fiscalía no inició actos urgentes y las URI no estaban funcionando. Las denuncias se hicieron por los correos de la Fiscalía”, dijo.

Ramírez además relata que la Policía tiende a negar información sobre el paradero de una persona detenida, que quedó en los registros que hacen en la calle. “El 21 de noviembre de 2019 decían que estaban en la Sijín, allá decían que en Paloquemao y allá no estaban. Había mucha desinformación. Y entonces, ¿en dónde estaban? Los que estaban preguntando eran abogados y cuando se oculta el paradero, esas personas están en máximo riesgo, porque puede ser que estén tratando de esconder otra violación de derechos humanos”, dijo Ramírez, quien comenta que el rol que desempeñan no debería ser necesario y es claro que en Colombia manifestarse “se considera un hecho de peligrosidad que hay que controlar. Usan la detención por protección con fines de castigo”.

“Con el proceso de paz la protesta se incrementó, pero los niveles de violencia habían disminuido, mas con la llegada del gobierno de Iván Duque empezó de nuevo. Tuvo como punto de inflexión la violencia contra el paro estudiantil de 2018 y llegó al punto del 9-S, cuando la gente se cansó de los abusos de la fuerza pública. Eso no había pasado hace mucho tiempo. He visto paros muy fuertes: el agrario de 2013, el camionero de 2016, pero lo que he visto ahora me preocupa. La violencia del Estado hacia la ciudadanía me preocupa, me preocupa que la negativa al diálogo del gobierno Duque sea el principio de un nuevo ciclo de violencia”, precisó Óscar Ramírez.

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