Esta historia todavía no tiene del todo un final feliz, pero sí una importante victoria que le da vida a la petición de la familia Martínez Ortega de ser reparada por el asesinato de Julio César Martínez Ortega, uno de los 6.402 falsos positivos que reportó la Jurisdicción Especial para la Paz, entre 2002 y 2008. Su historia es tan real, que incluso su nombre completo aparece dentro de los 1.934 que reveló la institución, la semana pasada. Este caso va más allá del asesinato de su familiar a manos de miembros del Ejército que trataron de hacerlo pasar como un paramilitar muerto en combates en Magdalena. La historia es de una familia, víctima de la violencia, que se ha enfrentado a todo un aparato judicial indolente que les ha dado poca justicia.
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Hace menos de una semana, la Corte Constitucional tomó decisiones históricas en dos casos de falsos positivos en Antioquia: el alto tribunal decretó que el Estado no debe negar la reparación a las familias de las víctimas. De acuerdo con la decisión liderada por el presidente de la Corte, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, los casos de reparación directa por ejecuciones extrajudiciales no pueden ser tratados como casos normales en los procesos que se lleven en la rama contenciosa administrativa, la cual resuelve las demandas contra la Nación. Para el alto tribunal, las pruebas en estos procesos, donde las familias piden que se reconozca la responsabilidad del Estado en los crímenes, deben ser especialmente valoradas y no pueden desconocerse los avances que se han hecho en jurisprudencia en casos tan sensibles para el país, donde prima la humanidad de la justicia.
A pesar de que es un caso de ejecución extrajudicial, que por la crudeza misma del hecho debería contar con toda la respuesta del sistema judicial, el caso de los Martínez Ortega no ha avanzado ni ha tenido el mismo reconocimiento de otros. La violenta historia de la familia se remonta a los primeros años de la década de los 2000. Para la época, Nellys del Carmen Ortega Campuzano y su compañero sentimental, Edgardo Rafael Martínez Álvarez, vivían en Chivolo (Magdalena) con sus 11 hijos, cuando fueron desplazados por paramilitares que tomaron el control de la zona. De allí huyeron a Valledupar, donde, tratando de reconstruir su vida, ocurrió la mayor de sus tragedias. En mayo de 2007, Julio César Martínez salió de casa y nunca regresó. Por días su madre y hermanas lo buscaron, hasta encontrarlo en una fosa común del cementerio de El Plato (Magdalena).
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Julio César Martínez Ortega era vendedor ambulante y tenía 27 años cuando fue asesinado. Sin embargo, la versión que entregó el Batallón de infantería No. 5 “Córdoba” que se ubica en Santa Marta y opera en Magdalena, es que fue un paramilitar que murió en combate contra ellos. La familia sabía que eso no era verdad y empezaron un proceso que desde el primer momento los dejó con desventaja. La Justicia Penal Militar asumió el caso de Julio César Martínez y, allí, el expediente no avanzó. Por más de un año, el caso estuvo en esa jurisdicción, hasta que en noviembre de 2008 pasó a la justicia ordinaria, donde aparecieron pruebas que determinaron que el arma con la que fue presentada la víctima no servía, además, que fue asesinada por la espalda y no en combate, como decía la institución castrense.
En 2012, cinco años después del asesinato de Julio César Martínez, la justicia penal ordinaria dictó las primeras medidas de aseguramiento en contra de los militares investigados en ese momento por el crimen. Con esas primeras decisiones, cinco años después del asesinato, la familia Martínez Ortega tuvo los insumos que la justicia le exigía para iniciar el proceso administrativo, para ser reconocidas y reparadas directamente como víctimas del Estado. Ahí fue cuando presentaron su demanda contra la Nación. Y ese, precisamente, es el pleito que aún hoy, más de una década después, los tiene en los estrados judiciales luchando para que Colombia reconozca públicamente lo que hizo, y lo que omitió hacer. Buscan ser indemnizados económica y simbólicamente por el crimen que fue una macabra “política de Estado” en el gobierno de Álvaro Uribe, según la Comisión de la Verdad.
En la justicia penal ordinaria fueron condenados en 2018 seis militares: Eder Yesid Ramírez Martínez, Luis Alfonso Barón Montero, Rafael Antonio Caballero Robles, Juan Carlos Pérez Orozco, Edilberto Rojas Pérez y Fredy Marcelo Flechas Gamba. Este último fue quien redactó el falso informe de campo sobre el supuesto enfrentamiento armado en Chivolo (Magdalena). Mientras que en el campo penal el caso triunfó, en lo administrativo el panorama resultó agridulce: el caso, que inició en 2012, culminó en agosto de 2019, cuando el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta “declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Ejército Nacional y la condenó por la muerte de Julio César Martínez Ortega”. Esa decisión fue apelada por el Estado y los nuevos capítulos del expediente fueron oscuros.
Nellys del Carmen Ortega Campuzano, quien arrancó la lucha para que su familia fuera reconocida como víctima del Estado por el asesinato de su hijo Julio César Martínez, falleció en septiembre de 2017. Nunca obtuvo respuesta final sobre su solicitud de reparación directa por parte del Estado. “Mi mamá se fue esperando a que le dieran respuesta, nunca pudo obtener justicia”, dijo a este diario Ingris Yohana Martínez Ortega, una de sus hijas. Para la familia, la ejecución extrajudicial de su hermano fue lo que desencadenó una serie de desgracias. “Hizo hasta lo último, se enfermó, presentó todas las pruebas, testigos, todo lo que podía, le dio cáncer. A mi mamá la mataron cuando mataron a mi hermano”, dijo en diálogo con El Espectador Nelly Martínez Ortega.
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El caso llegó al Tribunal Administrativo de Santa Marta y en abril de 2023 la decisión con la que se reconocía al Estado y el Ejército como responsables del asesinato de Julio César Martínez, fue revocada. El argumento principal de la justicia en ese momento fue uno solo: caducidad de la acción, que quiere decir que la familia excedió el tiempo que le da la ley para buscar reparación. Los Martínez Ortega tenían, según dijo el Tribunal, que haber iniciado el caso como máximo, dos años después del crimen. El caso corrió la misma suerte en el Consejo de Estado, hasta donde lo elevó la defensa de la familia, que en dos revisiones vio su ilusión ser rechazada por otra instancia de la justicia.
Hasta hace un mes, fue que la Corte Constitucional le dio una pequeña luz de esperanza a la familia. Para el alto tribunal, las autoridades administrativas, desde el Tribunal Superior de Santa Marta, hasta el Consejo de Estado, desconocieron las particularidades del caso, que de haber sido tenidas en cuenta, tal vez habrían cambiado el destino de las decisiones. Ahora, aunque no serán reparados de inmediato, los Martínez Ortega tendrán un nuevo chance de demostrar que el Estado les debe y que merecen la justicia que su madre, Nelly del Carmen Ortega, murió esperando.
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