La lucha familiar de una cónsul

La actual cónsul de Colombia en Ankara (Turquía), Edith Johana Cerpa Salazar, tiene un antecedente que jugaría en su contra si no fuera porque es una historia que podría tener cierto sabor a injusticia. El Estado le quitó desde 2002 los bienes a su padre, Carlos Alfonso Cerpa Herrera, porque supuestamente los adquirió con dineros producto de nexos con las Farc.

Sin embargo, después de la extinción de dominio, el guerrillero que los denunció reconoció que todo fue mentira y fue condenado por falso testimonio. A pesar de esto, las propiedades no fueron devueltas a los Cerpa. Desde entonces libran una lucha por recuperarlas, pero han perdido en todas las instancias. La última fue en la Corte Constitucional.

La diplomática Cerpa Salazar es una joven que se ha abierto camino en el sector público de mano de la excongresista y excandidata a la Alcaldía de Bogotá Gina Parody. Cuando se graduó como abogada empezó a trabajar en la Unidad Legislativa de la líder política, luego pasó a la Vicepresidencia de la República a laborar en el sector intersectorial para prevenir el reclutamiento de niños y, hoy, con 30 años, representa a Colombia en el exterior.

Su padre es un reconocido comerciante de Córdoba que actualmente vive entre Bogotá y Montería. Hasta finales de los noventa tenía negocios como hoteles, discotecas y restaurantes, que para la época de la extinción generaban ganancias cercanas a los $200 millones, según lo ha dicho el propio Cerpa públicamente. Los constantes señalamientos de su supuesta cercanía con la guerrilla también lo hicieron conocido en su población, luego de que el jefe paramilitar Carlos Castaño diera la orden de asesinarlo. Del atentado se salvó, pero quedó ciego.

El señor Cerpa Herrera ha dicho públicamente que dos parientes lejanos, Álvaro Alfonso Cerpa Díaz, alias Felipe Rincón, y Julio Antonio Cerpa Díaz, alias Tiberio Rincón, son miembros de las Farc, lo que se ha convertido en su peor pesadilla, pues, según él, por ese parentesco ha sido perseguido por las autoridades y los violentos. Insiste en que todo es un falso positivo judicial y que no fue testaferro de nadie.

Señalamiento

La mencionada persecución comenzó a finales de 2001 cuando el guerrillero Nelson Elías Celis Giraldo acusó a la familia de la hoy diplomática y a otras de Córdoba de ser testaferros del frente 18 de las Farc, al haber lavado dinero proveniente de secuestros y extorsiones. Basado en esta declaración, el fiscal 17 de la Unidad de Lavado de Activos abrió investigación y el 19 de abril de 2002 ordenó la ocupación de las propiedades de las familias denunciadas, con fines de extinción de dominio.

La orden afectó a Cerpa Herrera, a su esposa Edith Amparo Salazar y a sus hijas, Shirley Andrea, Edith Johana y Carolyn Melissa. Les embargaron 21 inmuebles, la discoteca Warming, el hotel Country Plaza, el hospedaje Embajador, el hotel La Moderna, Apartamentos Nacionales, el hotel Campo Amor, el hotel El Dorado, el hotel Country y 32 cuentas bancarias, varias de ellas a nombre de sus hijas. Según el dictamen pericial de la DIAN, no había justificación para el incremento patrimonial de Cerpa Herrera. Desde abril de 2002, estos bienes aparecen bajo custodia de la empresa Oslo Ltda. Curiosamente, según el Registro Único Empresarial, esta empresa cuenta apenas con dos empleados y fue registrada en agosto de 2004.

Al comienzo, el proceso pareció tomar buen camino. El 31 de agosto de 2004, el fiscal dijo que no había méritos para la extinción. Pero una protesta de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y la Procuraduría lo hicieron cambiar de opinión el 22 de noviembre de ese año. Pese a que los Cerpa apelaron, argumentando la poca credibilidad de los testigos, la decisión quedó en firme y el caso pasó a juicio. El 19 de junio de 2008, un juzgado especializado de Bogotá decretó la extinción de dominio y el 10 de octubre de ese mismo año la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo confirmó.

A la par del proceso de extinción avanzaba la investigación por falso testimonio contra el guerrillero Celis Giraldo. El insurgente finalmente confesó que lo habían sobornado para mentir en varios procesos, entre ellos el de la familia Cerpa. Se acogió a sentencia anticipada y el 21 de enero de 2009 fue condenado por falso testimonio. A pesar de este giro en el proceso, todos los bienes de la familia siguieron en manos del Estado.

La lucha

Desde 2009, Edith Johana Cerpa lidera la lucha por la recuperación de los bienes de su familia a punta de tutelas. En tres oportunidades acudió a la Corte Suprema pidiendo que revocaran la sentencia de extinción, apoyada en la condena al mentiroso guerrillero. Luego reforzó su pelea con un fallo en el que se ordenaba a la justicia devolverles los bienes a Alejandro Manuel Arrieta y a Manuela Lozano, otros de los que el guerrillero involucró falsamente. Pese a ello, perdió en todas las instancias.

Entre los argumentos que dieron los magistrados para rechazar las tutelas estaba, inicialmente, que los procesos de extinción no tenían opciones de revisión. Además, los magistrados indicaron que, fuera del testimonio del guerrillero Celis, en el expediente había otras pruebas que demostraban que los Cerpa Salazar no habían justificado su incremento patrimonial y que esto era suficiente para que el Estado les quitara las propiedades, sin importar el origen ilícito.

La última tutela fue en octubre de 2010, y el fallo también fue adverso, pero con otro argumento: que se había tardado mucho en hacer el reclamo, ya que habían pasado casi dos años desde la condena al guerrillero Celis.

Fue esta última tutela la que eligió la Corte Constitucional para su revisión y, una vez más, no se encontraron razones para revocar los fallos que ordenaban quitarles los bienes a los Cerpa Salazar, por lo que confirmó la decisión de la Corte Suprema al argumentar: “El tiempo transcurrido deja en evidencia un irrazonable desentendimiento, del cual puede inferirse la inexistencia de la violación de algún derecho fundamental legítimo”. Y agregaron: “Se puede constatar que las decisiones judiciales cuestionadas no se basaron sólo en lo dicho por Celis Giraldo (guerrillero), sino que también se verificaron informes de inteligencia, experticias contables, que no fueron desvirtuados y permitieron concluir irregularidades en el manejo de la contabilidad”.

Personas que conocen el proceso indican que detrás de esto hay una injusticia máxima y que, más que los bienes, lo que está buscando la familia Cerpa es recuperar la honra y su buen nombre. A pesar de esto, a criterio de la Corte Suprema, las pruebas van más allá del testimonio del guerrillero que mintió.

En esta oportunidad, el largo caso pasa una última prueba en la Corte Constitucional, donde se encuentra para revisión de Sala Plena. Ésta sería la última instancia en el país para definir el caso frente a la extinción de bienes de la familia de la actual cónsul de Colombia en Turquía. En caso de ser desfavorable, la única instancia que quedaría abierta para ellos sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que la diplomática se enfrentaría a una difícil decisión: la de demandar al Estado siendo funcionaria del Gobierno.

El Espectador intentó hablar con la diplomática, pero ella se abstuvo de dar declaraciones y se mostró preocupada por la seguridad de su familia.