Un ex contador de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que hoy es protegido por la DEA, es el testigo estelar de la Fiscalía en la investigación que adelanta en contra de varios miembros del clan Rodríguez, quienes, a través de una red de 75 testaferros, lograron ocultar bienes adquiridos con dineros ilícitos, avaluados en US$30 millones. En desarrollo del expediente, el ente acusador capturó a Alexandra, Jaime, Humberto y Claudia, hijos de Gilberto Rodríguez; a una sobrina, una hermana y un cuñado de los capos condenados en EE.UU. y a 21 personas más procesadas por el delito de lavado de activos.
El protagonista de estas revelaciones es Gustavo Hernán Romy Verges, un contador público de 48 años que desde 1997 y durante nueve años trabajó como administrador inmobiliario de los Rodríguez. En una extensa declaración de 21 páginas ante una fiscal de la Unidad de Lavado de Activos —publicada en detalle por El Espectador en septiembre del año pasado—, Romy sostuvo que fue contratado por los herederos de Gilberto Rodríguez para inventariar las sociedades de su familia, como Atlas, Cosmovalle, Inversiones Rodríguez Ramírez, Inversiones Mondragón, Inversiones ABC, Inversiete e Interamericana de Construcciones. Luego, le pidieron que administrara los inmuebles a nombre de terceros.
“Los bienes administrados por la inmobiliaria Casa Muebles pasan a ser administrados por mí, porque en esa época empezaron las incautaciones y había temor, porque si le caían a la inmobiliaria se descubrían los bienes de los testaferros”, declaró Romy, y agregó que recibió el manejo de 120 bienes, los relacionó en una base de datos detallando su estado comercial y con Alexandra Rodríguez definió un sistema de códigos para identificarlos: X para las propiedades de Gilberto y X2 para las propiedades en conjunto con su hermano Miguel. Además, coordinó con abogados para que los bienes tuvieran una escritura abierta de los testaferros, algunos de los cuales eran familiares de los Rodríguez y ocupaban inmuebles sin pagar renta.
Su testimonio y las pruebas documentales que le aportó a la Fiscalía fueron esenciales para que, en la madrugada de ayer, agentes de la Dijín hicieran efectivas 38 órdenes de captura, intervinieran 15 sociedades en Cali, Cartagena, Palmira y Bogotá, se ocuparan 140 bienes adquiridos con dineros de la mafia, ubicados en Cali, Cartagena, Palmira, Barranquilla, Cartago, Roldanillo, Popayán y Bogotá. Según la Fiscalía, esta milimétrica operación de lavado de activos, planeada por los herederos de los extraditables para seguir usufructuando jugosos dividendos del narcotráfico, constituye un incumplimiento al compromiso que adquirieron Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela con el gobierno de Estados Unidos en septiembre de 2006.
El ex contador Romy Verges relató que los hijos de Gilberto Rodríguez eran los encargados de conseguir a los testaferros y “se les pagaba una comisión del 7% del valor con que se escrituraba el bien”, y cuando los Rodríguez vendían un predio, el encargado de la operación ilegal era Humberto Rodríguez. La maniobra consistía en que se depositaba el valor en una cuenta de ahorros a nombre de los testaferros que administraba Romy a través de una tarjeta débito. “Hay documentos de entrega de esos dineros a Alexandra y Humberto, y recibos firmados por ellos”, contó Romy. Documentos que, con celo, le entregó a la DEA y hoy son piedra angular de la investigación.
Una de las revelaciones más contundentes del testigo fue que las utilidades de los inmuebles ilegales de los Rodríguez no se les entregaban sino que se invertían en otros bienes que el propio Romy relacionó en informes que ya le dio a la justicia en medios escritos y magnéticos. Desde agosto de 2007, su versión fue conocida por la DEA y, desde entonces, la Fiscalía ha venido constatando sus detalladas denuncias y el largo listado de testaferros y empresas relacionadas para limpiar la ilícita fortuna de la telaraña criminal de los Rodríguez, extraditados en diciembre de 2003 y marzo de 2004 a EE.UU.
Pero no es todo. Una segunda investigación estableció que hijos y familiares de los Rodríguez Orejuela, propietarios de la cadena Drogas La Rebaja, entre 1995 y 1996 le vendieron a Coopservir los establecimientos por un valor de $35 mil millones. Según quedó en evidencia, fue una estrategia para blanquear dineros productos del narcotráfico, ya que testimonios como los de los ex contadores Guillermo Palomari y Daniel Serrano detallaron la doble contabilidad que se llevaba en las droguerías, las inyecciones de capital ilícito y el conocimiento que de estos hechos tenían los familiares de los Rodríguez.
Dentro de los detenidos se encuentran testaferros de empresas como Laboratorios Kressfor de Colombia, Cosmepop, Farmacoop, Aquilea, Racol y Global Express, entre otras, y se intervinieron 653 acciones de la corporación deportiva América de Cali. Lo particular es que en octubre de 2006, con el argumento de que se trataba de un “pírrico” patrimonio para llevar una vida digna, 28 miembros del clan de los Rodríguez le solicitaron a la justicia que, en virtud del acuerdo al que llegaron con el gobierno de Estados Unidos, les permitieran “por razones humanitarias” conservar 48 bienes de su multimillonario imperio económico, avaluados en $4 mil millones.
La Fiscalía y el Departamento de Estado norteamericano cumplieron el pacto, pero los herederos de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela lo violaron de cabo a rabo. Es la historia de una familia que durante 40 años ha sido reseñada por la justicia una y otra vez. A mediados de la década de los 60, los Rodríguez fueron identificados como miembros de la banda Los Chemas, después fungieron como respetables empresarios y fundaron el Banco de los Trabajadores, crearon una cadena de emisoras, la sociedad Drogas La Rebaja y fundaron dos universidades en Bogotá. Se adueñaron del América de Cali, el Grupo Radial Colombiano y otro largo etcétera de compañías apalancadas por dineros del narcotráfico.
Financiaron una campaña presidencial y produjeron el mayor escándalo político de la historia de Colombia. Fueron capturados en 1995, pero su suerte estaba en Estados Unidos, país que los pidió por el delito de narcotráfico, argumentando que seguían delinquiendo desde la cárcel. Sus hijos y familiares promulgaron su inocencia, como lo hacen hoy con ellos mismos. “Ver las oportunidades que la familia Rodríguez tuvo para evitar este tipo de actividades ilegales y lo continuaron haciendo”, concluyó el testigo Romy.
Por Redacción Judicial
