La más perseguida del DAS

Al concluir que el DAS como organismo de inteligencia adscrito a la Casa de Nariño era una entidad jerárquica y colegiada, y poniendo como ejemplos los juicios del Tribunal de Nuremberg y del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, en los que se juzgó a altos dirigentes nazis y oficiales yugoslavos por crímenes de guerra perpetrados por sus subalternos, la Fiscalía encontró evidencias de una tenebrosa persecución patrocinada por el DAS en contra de la periodista Claudia Julieta Duque.

La tesis jurídica de “la responsabilidad del superior” constituye uno de los ángulos más novedosos en las pesquisas adelantadas por las autoridades acerca de los bochornosos seguimientos e interceptaciones de la policía secreta de Colombia a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Con una interpretación que después de años de examinar la evidencia le permitió a la justicia establecer por primera vez que en el caso de las chuzadas del DAS, además de todos los excesos del Estado, se cometió el delito de tortura psicológica.

En 120 páginas una fiscal de derechos humanos constató el acecho, las amenazas, el hostigamiento y la tortura psicológica que funcionarios del DAS le infligieron a Duque y a su hija. Según ella, dicho acoso comenzó pocos días después del crimen del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, pues al investigar el asesinato encontró pistas que, supuestamente, relacionaban a agentes del Estado con el homicidio. Esto le costó un secuestro, un hurto, continuas llamadas intimidantes y un sinnúmero de ataques que la pusieron en riesgo y la obligaron a exiliarse en el año 2001.

Regresó al país en 2002 y empezó a colaborar en un documental del programa Contravía emitido meses después, en el que se documentaba que la investigación del caso Jaime Garzón había sido desviada por el DAS. Volvieron los taxis sospechosos, las coronas fúnebres, los quesos podridos que le dejaban en su residencia, los mensajes funerarios a su celular y las constancias de la intimidación con frases como: “Cuando escuchamos tu voz y la de tu hija, nos dan ganas de cogerlas”, “(...) pa picarla gonorrea”, y la más escabrosa, que decía que iban a quemar viva a su hija y a esparcir sus dedos por la casa.

Claudia Julieta Duque le escribió cartas a la Presidencia y a la dirección del DAS denunciando esta persecución, pero nadie le dio respuesta. Fue sólo hasta el año 2009 cuando la Fiscalía allanó el organismo de inteligencia y encontró un centenar de carpetas sobre infinidad de operaciones encubiertas, registros de interceptaciones de correos electrónicos y teléfonos, documentos de inteligencia sobre los opositores políticos del gobierno Uribe y otro largo etcétera de víctimas, que las evidencias reivindicaron las denuncias solitarias de Duque.

Se estableció entonces un ataque sistemático en contra de la periodista por lo menos entre 2001 y 2004. El grupo G-3, creado por la administración de Jorge Noguera en el DAS, recogió información de ella de manera ilegal, aportó fotografías de su residencia y de su hija, chuzó sus correos, espió a su círculo cercano en una operación denominada “Caso Filtración” y abrió una carpeta especial con su nombre denominada “Caso Julieta”. Lo más absurdo es que el 17 de noviembre de 2004 se creó un manual para amenazarla, que tenía instrucciones para evitar ser descubiertos y hasta la frase para intimidarla.

El documento hallado rezaba que la llamada debía hacerse en cercanías a las instalaciones de inteligencia de la Policía, que no debía durar más de 49 segundos, que lo mejor era hacerla desde un teléfono público, que quien realizara la llamada debía estar solo y desplazarse en bus hasta el sitio, que debía constatar que no hubiera cámaras de seguridad en el lugar y, por supuesto, “no tartamudear”. El mensaje sugerido decía: “Ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir ahora, nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa, vieja gonorrea hijueputa”.

Para la Fiscalía no hay duda de que el G-3 persiguió entre 2003 y 2005 a blancos políticos y representantes de ONG, “con el único propósito de aminorar y amedrentar a todos aquellos que denunciaban hechos y situaciones que se alejaban de la política desarrollada por el gobierno de turno”. En el caso de Duque, por ejemplo, a través de las denominadas operaciones “Transmilenio” y “Libertad” fue hostigada a la vez por dos vertientes de la dirección de inteligencia del DAS. El objetivo era relacionar a las guerrillas con ONG como el Colectivo de Abogados José Alvear, en el que colaboró la periodista.

También se encontró que entre los actos de tortura en contra de Duque se dispuso, para realizarle seguimientos, del taxi de placas SHH-348, que resultó siendo de uso de la Subdirección de Operaciones del DAS. Se halló un reporte de 2004 que señalaba: “Se conoció que CJD ya no contesta llamadas telefónicas, en ocasiones no manda a su hija al colegio”, y documentos rotulados como “Reservado” “que evidencian un control a las líneas” telefónicas de la periodista.

Las declaraciones que dio el coordinador del G-3, Jaime Fernando Ovalle, fueron determinantes para imponer medida de aseguramiento a siete altos exfuncionarios del DAS que ordenaron infiltrar ONG para realizar campañas de desprestigio de todo lo que estuviera relacionado con la izquierda. El detenido exsubdirector del DAS José Miguel Narváez —procesado también por los asesinatos de Jaime Garzón y del exsenador Manuel Cepeda, así como por el secuestro de Piedad Córdoba— le dijo a la Fiscalía que todas las ONG no eran blanco de inteligencia, pero sí aquellas cuyos miembros hubieran tenido vínculos con grupos como el M-19 o el Eln.

Los investigadores hallaron carpetas en las que se detallaban las maniobras del DAS en el llamado caso “Transmilenio”, en contra del Colectivo José Alvear; en ellas reposan manuscritos en los que se lee que los directivos de esta organización eran guerrilleros de las Farc. Uno de los agentes investigados, Hugo Daney Ortiz, reconoció que por lo menos desde el año 1992, la Subdirección de Operaciones hacía verificaciones de inteligencia y análisis sobre distintos episodios del país o personas. Según contó, muchas de estas actividades ni siquiera tenían un protocolo.

Al margen de las pesquisas para establecer nexos de ONG con grupos ilegales, llamó la atención de la Fiscalía la marcada ideología de los informes del DAS sobre Claudia Julieta Duque, a quien describían como “escritora, periodista y traficante de derechos humanos”. Asimismo se documentó que se efectuaron interceptaciones legales en un proceso paralelo, las cuales terminaron siendo utilizadas de manera ilegal por el DAS como insumo de inteligencia, a pesar de que tenían un carácter reservado. Algunas cartas de Duque en las que denunciaba hechos irregulares del DAS derivaron en procesos internos que se archivaron a los pocos meses.

El DAS sabía que la periodista había colaborado con la publicación El embrujo continúa, en la que se hacían graves señalamientos de derechos humanos al Estado en los tiempos del primer mandato de Álvaro Uribe. También registraron y acecharon a sus familiares y amigos, la persiguieron, intimidaron a su hija, la obligaron a salir del país en tres ocasiones y hasta la hostigaron en Europa mientras huía. Todo lo denunció en su momento y la tildaron de loca. Medicina Legal certificó que esta cacería le produjo estrés postraumático crónico, depresión y un comportamiento esquizoparanoide. Su caso hizo que por primera vez la justicia encausara a siete exagentes del Estado en un proceso por el delito de tortura psicológica.

Twitter: @dicaduran @jdlaverde9

La responsabilidad jerárquica en el DAS

Los funcionarios en la mira de la Fiscalía por el acecho contra Claudia Julieta Duque son el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez, los exdirectores de inteligencia GianCarlo Auque y Enrique Ariza, los exsubdirectores de Operaciones Carlos Arzayús y Hugo Daney Ortiz y los agentes Rodolfo Medina y Jorge Rubiano. Ariza y Medina siguen prófugos. Los demás enfrentan juicios por las irregularidades en el denominado caso de las ‘chuzadas’.

La providencia de 120 páginas resalta que el DAS era un cuerpo colegiado y por lo tanto las operaciones se realizaban de forma coordinada. La Fiscalía advirtió que había una responsabilidad de los superiores por las actividades de agentes del DAS en los hostigamientos a Duque. El ente investigador consideró que, en este caso al menos, había una línea de mando que generó responsabilidades.

Al concluir que el DAS como organismo de inteligencia adscrito a la Casa de Nariño era una entidad jerárquica y colegiada, y poniendo como ejemplos los juicios del Tribunal de Nuremberg y del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, en los que se juzgó a altos dirigentes nazis y oficiales yugoslavos por crímenes de guerra perpetrados por sus subalternos, la Fiscalía encontró evidencias de una tenebrosa persecución patrocinada por el DAS en contra de la periodista Claudia Julieta Duque.

La tesis jurídica de “la responsabilidad del superior” constituye uno de los ángulos más novedosos en las pesquisas adelantadas por las autoridades acerca de los bochornosos seguimientos e interceptaciones de la policía secreta de Colombia a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Con una interpretación que después de años de examinar la evidencia le permitió a la justicia establecer por primera vez que en el caso de las chuzadas del DAS, además de todos los excesos del Estado, se cometió el delito de tortura psicológica.

En 120 páginas una fiscal de derechos humanos constató el acecho, las amenazas, el hostigamiento y la tortura psicológica que funcionarios del DAS le infligieron a Duque y a su hija. Según ella, dicho acoso comenzó pocos días después del crimen del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, pues al investigar el asesinato encontró pistas que, supuestamente, relacionaban a agentes del Estado con el homicidio. Esto le costó un secuestro, un hurto, continuas llamadas intimidantes y un sinnúmero de ataques que la pusieron en riesgo y la obligaron a exiliarse en el año 2001.

Regresó al país en 2002 y empezó a colaborar en un documental del programa Contravía emitido meses después, en el que se documentaba que la investigación del caso Jaime Garzón había sido desviada por el DAS. Volvieron los taxis sospechosos, las coronas fúnebres, los quesos podridos que le dejaban en su residencia, los mensajes funerarios a su celular y las constancias de la intimidación con frases como: “Cuando escuchamos tu voz y la de tu hija, nos dan ganas de cogerlas”, “(...) pa picarla gonorrea”, y la más escabrosa, que decía que iban a quemar viva a su hija y a esparcir sus dedos por la casa.

Claudia Julieta Duque le escribió cartas a la Presidencia y a la dirección del DAS denunciando esta persecución, pero nadie le dio respuesta. Fue sólo hasta el año 2009 cuando la Fiscalía allanó el organismo de inteligencia y encontró un centenar de carpetas sobre infinidad de operaciones encubiertas, registros de interceptaciones de correos electrónicos y teléfonos, documentos de inteligencia sobre los opositores políticos del gobierno Uribe y otro largo etcétera de víctimas, que las evidencias reivindicaron las denuncias solitarias de Duque.

Se estableció entonces un ataque sistemático en contra de la periodista por lo menos entre 2001 y 2004. El grupo G-3, creado por la administración de Jorge Noguera en el DAS, recogió información de ella de manera ilegal, aportó fotografías de su residencia y de su hija, chuzó sus correos, espió a su círculo cercano en una operación denominada “Caso Filtración” y abrió una carpeta especial con su nombre denominada “Caso Julieta”. Lo más absurdo es que el 17 de noviembre de 2004 se creó un manual para amenazarla, que tenía instrucciones para evitar ser descubiertos y hasta la frase para intimidarla.

El documento hallado rezaba que la llamada debía hacerse en cercanías a las instalaciones de inteligencia de la Policía, que no debía durar más de 49 segundos, que lo mejor era hacerla desde un teléfono público, que quien realizara la llamada debía estar solo y desplazarse en bus hasta el sitio, que debía constatar que no hubiera cámaras de seguridad en el lugar y, por supuesto, “no tartamudear”. El mensaje sugerido decía: “Ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir ahora, nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa, vieja gonorrea hijueputa”.

Para la Fiscalía no hay duda de que el G-3 persiguió entre 2003 y 2005 a blancos políticos y representantes de ONG, “con el único propósito de aminorar y amedrentar a todos aquellos que denunciaban hechos y situaciones que se alejaban de la política desarrollada por el gobierno de turno”. En el caso de Duque, por ejemplo, a través de las denominadas operaciones “Transmilenio” y “Libertad” fue hostigada a la vez por dos vertientes de la dirección de inteligencia del DAS. El objetivo era relacionar a las guerrillas con ONG como el Colectivo de Abogados José Alvear, en el que colaboró la periodista.

También se encontró que entre los actos de tortura en contra de Duque se dispuso, para realizarle seguimientos, del taxi de placas SHH-348, que resultó siendo de uso de la Subdirección de Operaciones del DAS. Se halló un reporte de 2004 que señalaba: “Se conoció que CJD ya no contesta llamadas telefónicas, en ocasiones no manda a su hija al colegio”, y documentos rotulados como “Reservado” “que evidencian un control a las líneas” telefónicas de la periodista.

Las declaraciones que dio el coordinador del G-3, Jaime Fernando Ovalle, fueron determinantes para imponer medida de aseguramiento a siete altos exfuncionarios del DAS que ordenaron infiltrar ONG para realizar campañas de desprestigio de todo lo que estuviera relacionado con la izquierda. El detenido exsubdirector del DAS José Miguel Narváez —procesado también por los asesinatos de Jaime Garzón y del exsenador Manuel Cepeda, así como por el secuestro de Piedad Córdoba— le dijo a la Fiscalía que todas las ONG no eran blanco de inteligencia, pero sí aquellas cuyos miembros hubieran tenido vínculos con grupos como el M-19 o el Eln.

Los investigadores hallaron carpetas en las que se detallaban las maniobras del DAS en el llamado caso “Transmilenio”, en contra del Colectivo José Alvear; en ellas reposan manuscritos en los que se lee que los directivos de esta organización eran guerrilleros de las Farc. Uno de los agentes investigados, Hugo Daney Ortiz, reconoció que por lo menos desde el año 1992, la Subdirección de Operaciones hacía verificaciones de inteligencia y análisis sobre distintos episodios del país o personas. Según contó, muchas de estas actividades ni siquiera tenían un protocolo.

Al margen de las pesquisas para establecer nexos de ONG con grupos ilegales, llamó la atención de la Fiscalía la marcada ideología de los informes del DAS sobre Claudia Julieta Duque, a quien describían como “escritora, periodista y traficante de derechos humanos”. Asimismo se documentó que se efectuaron interceptaciones legales en un proceso paralelo, las cuales terminaron siendo utilizadas de manera ilegal por el DAS como insumo de inteligencia, a pesar de que tenían un carácter reservado. Algunas cartas de Duque en las que denunciaba hechos irregulares del DAS derivaron en procesos internos que se archivaron a los pocos meses.

El DAS sabía que la periodista había colaborado con la publicación El embrujo continúa, en la que se hacían graves señalamientos de derechos humanos al Estado en los tiempos del primer mandato de Álvaro Uribe. También registraron y acecharon a sus familiares y amigos, la persiguieron, intimidaron a su hija, la obligaron a salir del país en tres ocasiones y hasta la hostigaron en Europa mientras huía. Todo lo denunció en su momento y la tildaron de loca. Medicina Legal certificó que esta cacería le produjo estrés postraumático crónico, depresión y un comportamiento esquizoparanoide. Su caso hizo que por primera vez la justicia encausara a siete exagentes del Estado en un proceso por el delito de tortura psicológica.

Twitter: @dicaduran @jdlaverde9

La responsabilidad jerárquica en el DAS

Los funcionarios en la mira de la Fiscalía por el acecho contra Claudia Julieta Duque son el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez, los exdirectores de inteligencia GianCarlo Auque y Enrique Ariza, los exsubdirectores de Operaciones Carlos Arzayús y Hugo Daney Ortiz y los agentes Rodolfo Medina y Jorge Rubiano. Ariza y Medina siguen prófugos. Los demás enfrentan juicios por las irregularidades en el denominado caso de las ‘chuzadas’.

La providencia de 120 páginas resalta que el DAS era un cuerpo colegiado y por lo tanto las operaciones se realizaban de forma coordinada. La Fiscalía advirtió que había una responsabilidad de los superiores por las actividades de agentes del DAS en los hostigamientos a Duque. El ente investigador consideró que, en este caso al menos, había una línea de mando que generó responsabilidades.