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La abogada Jomary Ortegón, quien defiende a los familiares de las víctimas de la masacre de la Rochela, informó que el próximo 4 de febrero se realizará una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en la cual se denunciará que el Estado colombiano ha incumplido las medidas ordenadas en el año 2007.
La jurista señaló que después de cinco años no se han tomados las medidas para garantizar la justicia, verdad, reparación y no repetición para las víctimas de los 12 funcionarios judiciales que fueron asesinados por un grupo paramilitar conocido como Los Masetos en hechos registrados el 18 de enero de 1989 en zona rural del municipio de Simacota, Santander.
“Han pasado 5 años y no se han cumplido las obligaciones internacionales. Por eso se realizará esa reunión en la que se presentará una resolución que se nos señala como un Estado violador de los derechos humanos y de haber incumplido sus obligaciones. Es como una sanción moral”, precisó Ortegón en el marco de la ceremonia celebrada este viernes en el complejo judicial de Paloquemao para conmemorar los 25 años de la masacre.
Por su parte Daniel Ricardo Hernández, hijo del fiscal Luis Fernando Hernández Muñoz manifestó que después de dos décadas los hechos continúan en la más completa impunidad y las víctimas no han tenido acceso a verdad, justicia y reparación puesto que hasta la fecha no saben quiénes fueron los autores intelectuales de la matanza.Hernández, quien se desempeña actualmente como fiscal especializado de Derechos Humanos, indicó que hasta el momento no se ha cumplido con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Nación. “Hay una impunidad total frente al caso”.
En este sentido citó que solamente existe una condena en contra del excomandante paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias 'Negro Vladimir'. “Pero no se han logrado condenar o llevar a juicio a los determinadores del hechos que son funcionarios o trabajaban para la época con el Estado, llámese Policía, Ejército, Congreso”.
Igualmente aseguró que pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó garantías de protección para los funcionarios judiciales muchos de los familiares de las víctimas e incluso los sobrevivientes han recibido amenazas y en los últimos meses el Gobierno les retiró el esquema de seguridad que les había otorgado, lo que los pone en una situación de vulnerabilidad.
Por El Espectador
