David Mayorga Osorio y José Luis Moreno Álvarez son dos defensores de derechos humanos que trabajan en el departamento de Santander y Magdalena Medio que han sido víctimas de hostigamientos y amenazas por parte del Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tras considerar que se encuentran en riesgo de ser asesinados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los dos líderes sociales, es decir, le solicitan al Estado que proteja y garantice sus derechos.
La solicitud ante la CIDH señala que Mayorga Osorio y Moreno Álvarez han sido víctimas de amenazas de muerte, vigilancias y seguimientos, los cuales han aumentado y se han mantenido en el tiempo, aproximadamente desde 2015. Tales violencias las han recibido, según sus denuncias, por parte de grupos al margen de la ley que tienen presencia en el departamento de Santander y la región del Magdalena Medio, los territorios en dónde desarrollan sus labores sociales.
En contexto: En 2022 aumentaron un 42 % los asesinatos de líderes y defensores de DD. HH.
¿Quiénes son los defensores?
David Mayorga Osorio es líder social y director de investigaciones de Corporación Integrada para la Defensa de los Derechos Humanos, Sociales, Políticos, Culturales, Ambientales y Empresariales de Colombia (Corpoindh), entre cuyas responsabilidades se encuentra dirigir el grupo técnico de monitoreo de agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos en Santander y la región del Magdalena Medio.
Desde 2015, Mayorga habría sido amenazado por el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que causó el desplazamiento del su familia. Luego, en 2019, fueron nuevamente objeto de amenazas, luego de haber presentado informes que demostrarían la relación de miembros de la fuerza pública con estructuras armadas ilegales. El 9 de septiembre de 2021, fue hostigado frente a su casa. Durante el 2022, se presentaron varios eventos, que también fueron denunciados ante la Fiscalía.
Le puede interesar: Aumentó violencia contra líderes sociales, a pesar del cambio de Gobierno
Por su parte, José Luis Moreno Álvarez es abogado, líder social y director del Departamento Jurídico de Corpoindh. Desde diciembre de 2020, él brindaba asesoría jurídica y representación judicial a líderes sociales, y víctimas del conflicto armado, entre otros. “El servicio jurídico brindado habría generado continuo rechazo por parte de las estructuras criminales, que consideran que estaría instando a la comunidad a denunciar y que existiría la posible fuga de información hacia las autoridades u otras estructuras criminales con quienes se disputan el control territorial”, explica la CIDH.
En su solicitud para el otorgamiento de la medida cautelar, la Comisión indicó que ninguno de los dos líderes sociales ha podido continuar con su trabajo en los territorios después de diciembre de 2022, momento en que se publicó el informe “Sin Tregua” de la organización de la organización a la que pertenecen. El documento dejaba en evidencia la descoordinación de las entidades estatales frente a las rutas de protección, así como inconsistencias frente al reconocimiento y existencia de grupos ilegales en sus municipios y departamentos.
Además, habrían recibido información por parte de fuentes humanas que decían que el Clan del Golfo y miembros de distintas autoridades habían amenazado con secuestrarlos, torturarlos y causarles la muerte. La amenaza también habría incluido a sus familias, pero no denunciaron, puesto que las fuentes humanas temían ser asesinadas, y se negaban a servir como testigos ante las autoridades.
¿En qué consiste la medida cautelar?
De acuerdo con la información de la Comisión, el Estado colombiano informó sobre la implementación de algunas medidas para proteger al líder Moreno Álvarez, al considerar que estaba bajo riesgo “extraordinario”. Además, de que se habría activado una ruta de prevención por parte de la Policía, manteniéndose comunicación constante con los dos defensores. Igualmente, reportó que se adelantaron diferentes coordinaciones interinstitucionales y con las fuerzas militares para la atención de distintos requerimientos en favor de la protección de los derechos de los beneficiarios.
Lea también: 33 líderes sociales fueron asesinados en el primer trimestre de 2023, según la HRW
“Tras el análisis de la situación planteada, la Comisión tomó en cuenta las acciones adoptadas por el Estado e identificó que pese a la vigencia de medidas materiales de protección, la situación de riesgo sigue sin mitigarse y es susceptible de exacerbarse con el tiempo”, explica la CIDH. En consecuencia, le solicitó a Estado de Colombia que adopte de manera inmediata las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los dos defensores; que los proteja para que puedan continuar desarrollando sus actividades en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia en su contra; y que informe sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y así evitar su repetición.
Finalmente, la Comisión le recordó a Colombia la obligación de garantizar los derechos a la vida e integridad personal, los cuales deben ser reforzados cuando se trata de un líder social, lo cual implica crear las condiciones para garantizar las condiciones efectivas en las cuales estas personas puedan desarrollar libremente su función.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
