La microminería ilegal amenaza a Putumayo

Hace cinco años, el gobierno declaró a Putumayo como distrito especial minero. En todo el occidente del departamento, al lado de las explotaciones mineras y petroleras que ya existían en Orito, Puerto Asís y Villa Garzón, nuevos buscadores de oro y otros metales empezaron a revolcar tierras y ríos. Algunos lo hacían amparados por las licencias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Otros, en cambio, optaron por hacerlo de forma ilegal. Y en cinco años de boom minero en Putumayo, quienes están extrayendo oro de forma ilegal han sabido refinar sus estrategias para evitar ser llevados ante la ley.

El jueves 1º de diciembre se llevó a cabo la primera Mesa de Control Ambiental Territorial Regional en Mocoa, a la que asistieron las entidades territoriales encargadas del control ambiental, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la ANLA, la Fuerza Pública y Parques Naturales.

Aunque la minería ilegal es una hormiga al lado de otros problemas como la deforestación causada por la siembra de pasto para ganado, son tantos los pequeños incidentes que cada día enfrentan las autoridades, que en unos años este podría convertirse en un desastre para las fuentes hídricas del departamento.

En lo que va corrido del año, el Ejército ha adelantado once intervenciones en todo el departamento, que han dejado 16 capturados. Por su parte, la Policía señala que ha hecho 24 capturas por minería ilegal y siete por contaminación de recursos naturales por explotación irregular de minerales. Las incautaciones han sido de pequeñas motobombas que, de acuerdo con la Fuerza Pública y la Fiscalía, son generalmente de elaboración manual. No ha habido incautación de “maquinaria amarilla”, como se llama a las retroexcavadoras que en otras regiones del país pueblan los desiertos mineros.

“En Putumayo hemos evidenciado la utilización de barcazas con sistema de succión del agua que hace un daño al lecho del río. Si bien estas motobombas son artesanales, enlodan el lecho y acaban con las especies del río, además afectan el curso del mismo. A eso se añade que a veces usan químicos para limpiar el oro como el mercurio y el cianuro, los cuales representan un problema para la salud humana”, señaló en la reunión el director general de Fiscalías, Orlando Espitia.

Por su parte, la Brigada 27 de Selva del Ejército, cuya jurisdicción es Putumayo, señala que los sobrevuelos a las zonas afectadas les han permitido establecer que los huecos en el lecho del río sí los hacen con retroexcavadoras. Pero la nueva estrategia criminal consiste en entrar las máquinas a la zona y sacarlas lo más pronto posible. Al tratarse de intervenciones pequeñas en las fuentes hídricas, señalaron funcionarios de la Fuerza Pública, “hacer todo un operativo contra minería ilegal no se justifica, pues el valor de una operación de este tipo no es menor a los $900 millones”.

“Así como en todo el país están apostando por el microtráfico, pareciera que los criminales están optando por una microminería ilegal”, explicaron fuentes de la brigada contra la minería del Ejército. Y aunque la Fiscalía ha adelantado 42 investigaciones este año contra redes de minería ilegal en Putumayo, todavía no es claro si detrás de estas microextracciones ilegales está un mismo grupo o no. La única certeza es que los líderes de las redes son de otras partes del país, pero quienes día a día operan las máquinas son habitantes de la región, cuyo tratamiento, dijo Espitia, “es distinto al de los líderes, pues no puede excluirse el problema social del obrero minero de la zona”.

Otro indicio sobre quiénes podrían estar detrás de estas “minas hormiga” es que en todo el país las zonas con mayor incidencia de cultivos ilícitos coinciden con los lugares en donde se han identificado mayor número de casos de minería ilegal. Putumayo, una de las regiones con más cultivos ilícitos en el país, no es la excepción. Y ante el panorama incierto que enfrentan los cultivadores de coca con la inminente desmovilización de las Farc, la minería ilegal se ha convertido en una opción viable de vida. “Mientras el Estado siga trayendo solamente el ‘garrote’, pero no opciones para la gente, es muy difícil que no se vayan a la ilegalidad”, señalaron fuentes de la zona que prefieren guardar su nombre.

Por su parte, la Brigada contra minería ilegal señala que en Putumayo y en el resto del país existirían dos bandas, los Paisas y los Pastusos, que están moviendo maquinaria y hombres por todo el territorio. En días recientes, el viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto, señaló que solo “en 2016 se han neutralizado a 2.917 personas dedicadas a la minería criminal o al narcotráfico. Se han realizado también 677 operaciones contra la extracción ilícita de yacimientos mineros”.

A pesar de los resultados operacionales, que son mucho mayores que en años anteriores, la judicialización de los capturados es una dificultad, pues las condenas por los delitos asociados a la minería ilegal son tan bajas, que pueden ser excarcelables. Al caso puntual de Putumayo se suma el hecho de que las minas ilegales son tan pequeñas, que es difícil solicitar presupuesto para adelantar operativos por parte de la fuerza pública.

Para enfrentar esta amenaza, Corpoamazonia y la Alcaldía de Orito plantean una serie de peticiones, entre las cuales se destacan la asignación de un fiscal especializado en delitos ambientales y Policía judicial en Putumayo (actualmente los fiscales que atienden los casos en el departamento trabajan desde Cali) y más dinero para recompensas. Por su parte, la brigada contra minería del Ejército cree que es fundamental no solo atacar a los mineros, sino a sus proveedores de maquinaria y combustible. Además, señalan fuentes de esa institución, sería fundamental que los organismos de control ambiental tomen cartas en el asunto.

Hace cinco años, el gobierno declaró a Putumayo como distrito especial minero. En todo el occidente del departamento, al lado de las explotaciones mineras y petroleras que ya existían en Orito, Puerto Asís y Villa Garzón, nuevos buscadores de oro y otros metales empezaron a revolcar tierras y ríos. Algunos lo hacían amparados por las licencias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Otros, en cambio, optaron por hacerlo de forma ilegal. Y en cinco años de boom minero en Putumayo, quienes están extrayendo oro de forma ilegal han sabido refinar sus estrategias para evitar ser llevados ante la ley.

El jueves 1º de diciembre se llevó a cabo la primera Mesa de Control Ambiental Territorial Regional en Mocoa, a la que asistieron las entidades territoriales encargadas del control ambiental, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la ANLA, la Fuerza Pública y Parques Naturales.

Aunque la minería ilegal es una hormiga al lado de otros problemas como la deforestación causada por la siembra de pasto para ganado, son tantos los pequeños incidentes que cada día enfrentan las autoridades, que en unos años este podría convertirse en un desastre para las fuentes hídricas del departamento.

En lo que va corrido del año, el Ejército ha adelantado once intervenciones en todo el departamento, que han dejado 16 capturados. Por su parte, la Policía señala que ha hecho 24 capturas por minería ilegal y siete por contaminación de recursos naturales por explotación irregular de minerales. Las incautaciones han sido de pequeñas motobombas que, de acuerdo con la Fuerza Pública y la Fiscalía, son generalmente de elaboración manual. No ha habido incautación de “maquinaria amarilla”, como se llama a las retroexcavadoras que en otras regiones del país pueblan los desiertos mineros.

“En Putumayo hemos evidenciado la utilización de barcazas con sistema de succión del agua que hace un daño al lecho del río. Si bien estas motobombas son artesanales, enlodan el lecho y acaban con las especies del río, además afectan el curso del mismo. A eso se añade que a veces usan químicos para limpiar el oro como el mercurio y el cianuro, los cuales representan un problema para la salud humana”, señaló en la reunión el director general de Fiscalías, Orlando Espitia.

Por su parte, la Brigada 27 de Selva del Ejército, cuya jurisdicción es Putumayo, señala que los sobrevuelos a las zonas afectadas les han permitido establecer que los huecos en el lecho del río sí los hacen con retroexcavadoras. Pero la nueva estrategia criminal consiste en entrar las máquinas a la zona y sacarlas lo más pronto posible. Al tratarse de intervenciones pequeñas en las fuentes hídricas, señalaron funcionarios de la Fuerza Pública, “hacer todo un operativo contra minería ilegal no se justifica, pues el valor de una operación de este tipo no es menor a los $900 millones”.

“Así como en todo el país están apostando por el microtráfico, pareciera que los criminales están optando por una microminería ilegal”, explicaron fuentes de la brigada contra la minería del Ejército. Y aunque la Fiscalía ha adelantado 42 investigaciones este año contra redes de minería ilegal en Putumayo, todavía no es claro si detrás de estas microextracciones ilegales está un mismo grupo o no. La única certeza es que los líderes de las redes son de otras partes del país, pero quienes día a día operan las máquinas son habitantes de la región, cuyo tratamiento, dijo Espitia, “es distinto al de los líderes, pues no puede excluirse el problema social del obrero minero de la zona”.

Otro indicio sobre quiénes podrían estar detrás de estas “minas hormiga” es que en todo el país las zonas con mayor incidencia de cultivos ilícitos coinciden con los lugares en donde se han identificado mayor número de casos de minería ilegal. Putumayo, una de las regiones con más cultivos ilícitos en el país, no es la excepción. Y ante el panorama incierto que enfrentan los cultivadores de coca con la inminente desmovilización de las Farc, la minería ilegal se ha convertido en una opción viable de vida. “Mientras el Estado siga trayendo solamente el ‘garrote’, pero no opciones para la gente, es muy difícil que no se vayan a la ilegalidad”, señalaron fuentes de la zona que prefieren guardar su nombre.

Por su parte, la Brigada contra minería ilegal señala que en Putumayo y en el resto del país existirían dos bandas, los Paisas y los Pastusos, que están moviendo maquinaria y hombres por todo el territorio. En días recientes, el viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto, señaló que solo “en 2016 se han neutralizado a 2.917 personas dedicadas a la minería criminal o al narcotráfico. Se han realizado también 677 operaciones contra la extracción ilícita de yacimientos mineros”.

A pesar de los resultados operacionales, que son mucho mayores que en años anteriores, la judicialización de los capturados es una dificultad, pues las condenas por los delitos asociados a la minería ilegal son tan bajas, que pueden ser excarcelables. Al caso puntual de Putumayo se suma el hecho de que las minas ilegales son tan pequeñas, que es difícil solicitar presupuesto para adelantar operativos por parte de la fuerza pública.

Para enfrentar esta amenaza, Corpoamazonia y la Alcaldía de Orito plantean una serie de peticiones, entre las cuales se destacan la asignación de un fiscal especializado en delitos ambientales y Policía judicial en Putumayo (actualmente los fiscales que atienden los casos en el departamento trabajan desde Cali) y más dinero para recompensas. Por su parte, la brigada contra minería del Ejército cree que es fundamental no solo atacar a los mineros, sino a sus proveedores de maquinaria y combustible. Además, señalan fuentes de esa institución, sería fundamental que los organismos de control ambiental tomen cartas en el asunto.