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Colombia se salvó de pagar una indemnización superior a los $121.000 millones luego de que un fallo del Tribunal Administrativo del Magdalena rechazara una demanda de reparación directa interpuesta por los herederos de Gustavo Díaz Segovia.
El litigio se originó luego de que el Consejo de Estado, en un fallo emitido en 2016, declarara la nulidad de las resoluciones del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) que en su momento otorgaron la adjudicación del Morro Gaira a Díaz Segovia. La decisión del alto tribunal se basó en que el terreno, ubicado en la bahía de Santa Marta (Magdalena), no podía ser objeto de apropiación privada dado su carácter de uso público.
Ante la anulación, los herederos de Díaz Segovia alegaron que el Estado les había causado un perjuicio patrimonial y exigieron una compensación económica. En su demanda, argumentaron que la decisión del Consejo de Estado fue errónea y que la duración del proceso, que se extendió por más de 22 años, representaba una falla en la administración de justicia.
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La sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena ratificó que esta zona no puede ser privatizada y declaró que el Morro Gaira sigue siendo un bien de uso público, inalienable e imprescriptible. Además, determinó que no hubo equivocación judicial en el fallo emitido por el Consejo de Estado en 2016.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) intervino en el caso y argumentó que la decisión del Consejo de Estado se ajustaba a la normativa vigente y que el Morro Gaira nunca debió haber sido adjudicado a un particular. Además, la Agencia explicó que la prolongación del proceso no obedeció a irregularidades judiciales, sino a su complejidad y a la congestión del sistema judicial.
El director de la Agencia, César Palomino Cortés, destacó la importancia de la sentencia y su impacto en la protección del patrimonio estatal. “Esta sentencia reafirma la importancia de proteger el patrimonio público y garantiza que bienes de uso común, como el ‘Morro Gaira’, permanezcan bajo la titularidad del Estado. Nuestro compromiso es continuar defendiendo los intereses de la Nación con rigurosidad jurídica y técnica”, señaló.
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