La millonaria pensión de Silvia Gette

Entre noviembre de 2003 y abril de 2014 la Universidad Autónoma del Caribe (UAC) le pagó a la hoy detenida exrectora Silvia Gette la ‘bicoca’ de $10.575 millones por concepto de pensión de sobreviviente tras la muerte de su esposo Mario Ceballos. Su última mesada pensional fue de $99 millones. Un despropósito en un país como Colombia, donde el 75% de los jubilados recibe menos de dos salarios mínimos —casi $1’300.000— y apenas unos 1.200 perciben más de $15 millones. No hay duda de que Gette, enjuiciada por soborno y acusada de nexos con el paramilitarismo, es la pensionada que más plata recibe en Colombia.

Aún así dice ella desde la cárcel que no le alcanza el dinero, que desde agosto de 2013 —cuando la sacaron de la universidad por sus enredos judiciales— ese es su único ingreso y que a sus 62 años y como madre cabeza de familia de cuatro hijos no podía aceptar que se reliquidara su pensión a $15 millones como lo estipuló la Corte Constitucional. La Universidad Autónoma del Caribe no sólo consideró absurdos los reclamos de Silvia Gette para que su pensión quedara intacta (casi $99 millones), sino que la denunció por hurto agravado.

Desde que fue detenida en febrero de 2013, el consejo directivo de la universidad empezó a revisar las cuentas que por más de una década controló a su antojo Silvia Gette. Pronto se percató de que, aprovechando su cargo como rectora, autorizó aumentos injustificados en su sueldo y en su mesada pensional, conceptos por los que el alma máter terminó pagándole una multimillonaria pensión y, además, una cifra similar como empleada. La denuncia en poder de El Espectador sostiene que desde la muerte de su esposo Mario Ceballos Araújo, en octubre de 2003, Gette obtuvo la pensión de sobreviviente de su marido y desde entonces utilizó su poder en la universidad para incrementar su pensión de una manera descarada.

Para no ir muy lejos, en diciembre de 2003 su pensión era de $48’300.000. Al año siguiente ya facturaba $55 millones; en 2008 iba por los $67 millones, hacia 2011 rondaba los $93 millones y en 2013 la suma alcanzó a rozar los $100 millones. Los abogados de la UAC aseguraron que Gette, “de manera abusiva y unilateral”, modificó los incrementos de su pensión, se saltó la bendición del consejo directivo y, en resumen, terminó recibiendo la plata que le dio la gana. La denuncia está acompañada por un cuadro de excel en el que peritos contratados determinaron todas estas presuntas irregularidades sobre la jubilación millonaria de una exrectora tras las rejas.

Cuando la institución educativa se percató de cómo la Gette, al parecer, le había metido la mano al bolsillo de la universidad, lo primero que hizo fue bajar su pensión de casi $100 millones a $15 millones y luego la denunció penalmente por estos hechos. Según advirtieron los defensores de la universidad, como rectora ella nunca tuvo facultades para manejar los dineros correspondientes al pago de su pensión. En palabras castizas, no podía reajustarse la pensión a su antojo, sino que debía contar con el aval del consejo directivo. De allí que varios de los abogados consultados por El Espectador calificaran las maniobras de Gette como “escandalosas” y reprocharan el poder omnímodo con el que “ferió los dineros de la educación”.

En medio de esta controversia, en febrero pasado Silvia Gette instauró una tutela contra la universidad, asegurando que su despido vulneró sus derechos a la seguridad social y afectó su mínimo vital, ya que además de la multimillonaria pensión heredada por su marido Mario Ceballos, ella ya tenía los requisitos para obtener su pensión de vejez, porque había cotizado 1.589 semanas. La universidad le contestó que la tutela no procedía, porque hasta diciembre de 2013 recibía una pensión mensual de $99 millones y no cumplía la condición para reclamar su pensión porque nunca notificó su deseo de jubilarse, “pasando siete años desde que cumplió 55”.

El 27 de febrero de 2014 el juez Álvaro Pájaro desestimó las pretensiones de la exrectora y resaltó: “Llama poderosamente la atención que la demandante reciba periódicamente por concepto de pensión de sobreviviente una suma cercana a los $99 millones, la cual le permite vivir en condiciones dignas, tanto a ella como a los que tenga a su cargo, si se compara con el monto promedio de lo que se les cancela mensualmente a la mayoría de los pensionados en Colombia”. No contenta con esto, Gette instauró otra tutela contra la universidad para reclamar el pago de las mesadas pensionales de noviembre y diciembre de 2013 que, según ella, no se le cancelaron, lo que ponía en riesgo su estabilidad económica y la de sus hijos.

Nuevamente resultó derrotada en su aspiración, ya que el juez de Barranquilla Maxlinder Pichón consideró que la exrectora no acreditó las pruebas necesarias para alegar que la supervivencia de su familia estaba en peligro. El juez no pasó por alto que un promedio histórico tan millonario en la pensión de Gette supone un contexto muy distinto al que ella misma alegaba en su acción judicial. En conclusión, para los abogados de la UAC no sólo resulta ridículo que por más de diez años Silvia Gette hubiera recibido más de $10.500 millones en pensiones —ella o cualquiera en Colombia—, sino que ahora la entidad educativa le había salido a deber a su exrectora.

Se trata ni más ni menos de la última controversia que protagoniza Silvia Gette, una mujer que hace 30 años llegó a Barranquilla como bailarina, sin plata, haciendo shows independientes para sobrevivir, hasta que conoció al entonces rector Mario Ceballos, quien la volvió una especie de vedette criolla, al punto de heredarle su pensión y su prestigio. Tras su muerte en 2003, con el paso de los años Gette manejó a sus anchas los negocios y finanzas de la Universidad Autónoma del Caribe y ahora enfrenta procesos penales y distintas acusaciones por sobornos, supuestos nexos con el bloque Norte de las autodefensas y abuso de poder en la mencionada institución.

Además, María Paulina Ceballos, la hija mayor del difunto Mario Ceballos, ha acusado en repetidas ocasiones a Gette como autora intelectual del crimen de su esposo, el ganadero Fernando Cepeda, asesinado en agosto de 2003. Un señalamiento que la exrectora ha desmentido con vehemencia, como todos los demás desde que llegó a la cárcel en febrero de 2013. Ella asegura que es inocente y que lo probará. La justicia deberá determinar su responsabilidad o no en todos los episodios denunciados. Al margen de lo que pueda probarse, ya quedó establecido que ella cuenta, de lejos, con la mejor pensión de Colombia.

jlaverde@elespectador.com

@jdlaverde9

Entre noviembre de 2003 y abril de 2014 la Universidad Autónoma del Caribe (UAC) le pagó a la hoy detenida exrectora Silvia Gette la ‘bicoca’ de $10.575 millones por concepto de pensión de sobreviviente tras la muerte de su esposo Mario Ceballos. Su última mesada pensional fue de $99 millones. Un despropósito en un país como Colombia, donde el 75% de los jubilados recibe menos de dos salarios mínimos —casi $1’300.000— y apenas unos 1.200 perciben más de $15 millones. No hay duda de que Gette, enjuiciada por soborno y acusada de nexos con el paramilitarismo, es la pensionada que más plata recibe en Colombia.

Aún así dice ella desde la cárcel que no le alcanza el dinero, que desde agosto de 2013 —cuando la sacaron de la universidad por sus enredos judiciales— ese es su único ingreso y que a sus 62 años y como madre cabeza de familia de cuatro hijos no podía aceptar que se reliquidara su pensión a $15 millones como lo estipuló la Corte Constitucional. La Universidad Autónoma del Caribe no sólo consideró absurdos los reclamos de Silvia Gette para que su pensión quedara intacta (casi $99 millones), sino que la denunció por hurto agravado.

Desde que fue detenida en febrero de 2013, el consejo directivo de la universidad empezó a revisar las cuentas que por más de una década controló a su antojo Silvia Gette. Pronto se percató de que, aprovechando su cargo como rectora, autorizó aumentos injustificados en su sueldo y en su mesada pensional, conceptos por los que el alma máter terminó pagándole una multimillonaria pensión y, además, una cifra similar como empleada. La denuncia en poder de El Espectador sostiene que desde la muerte de su esposo Mario Ceballos Araújo, en octubre de 2003, Gette obtuvo la pensión de sobreviviente de su marido y desde entonces utilizó su poder en la universidad para incrementar su pensión de una manera descarada.

Para no ir muy lejos, en diciembre de 2003 su pensión era de $48’300.000. Al año siguiente ya facturaba $55 millones; en 2008 iba por los $67 millones, hacia 2011 rondaba los $93 millones y en 2013 la suma alcanzó a rozar los $100 millones. Los abogados de la UAC aseguraron que Gette, “de manera abusiva y unilateral”, modificó los incrementos de su pensión, se saltó la bendición del consejo directivo y, en resumen, terminó recibiendo la plata que le dio la gana. La denuncia está acompañada por un cuadro de excel en el que peritos contratados determinaron todas estas presuntas irregularidades sobre la jubilación millonaria de una exrectora tras las rejas.

Cuando la institución educativa se percató de cómo la Gette, al parecer, le había metido la mano al bolsillo de la universidad, lo primero que hizo fue bajar su pensión de casi $100 millones a $15 millones y luego la denunció penalmente por estos hechos. Según advirtieron los defensores de la universidad, como rectora ella nunca tuvo facultades para manejar los dineros correspondientes al pago de su pensión. En palabras castizas, no podía reajustarse la pensión a su antojo, sino que debía contar con el aval del consejo directivo. De allí que varios de los abogados consultados por El Espectador calificaran las maniobras de Gette como “escandalosas” y reprocharan el poder omnímodo con el que “ferió los dineros de la educación”.

En medio de esta controversia, en febrero pasado Silvia Gette instauró una tutela contra la universidad, asegurando que su despido vulneró sus derechos a la seguridad social y afectó su mínimo vital, ya que además de la multimillonaria pensión heredada por su marido Mario Ceballos, ella ya tenía los requisitos para obtener su pensión de vejez, porque había cotizado 1.589 semanas. La universidad le contestó que la tutela no procedía, porque hasta diciembre de 2013 recibía una pensión mensual de $99 millones y no cumplía la condición para reclamar su pensión porque nunca notificó su deseo de jubilarse, “pasando siete años desde que cumplió 55”.

El 27 de febrero de 2014 el juez Álvaro Pájaro desestimó las pretensiones de la exrectora y resaltó: “Llama poderosamente la atención que la demandante reciba periódicamente por concepto de pensión de sobreviviente una suma cercana a los $99 millones, la cual le permite vivir en condiciones dignas, tanto a ella como a los que tenga a su cargo, si se compara con el monto promedio de lo que se les cancela mensualmente a la mayoría de los pensionados en Colombia”. No contenta con esto, Gette instauró otra tutela contra la universidad para reclamar el pago de las mesadas pensionales de noviembre y diciembre de 2013 que, según ella, no se le cancelaron, lo que ponía en riesgo su estabilidad económica y la de sus hijos.

Nuevamente resultó derrotada en su aspiración, ya que el juez de Barranquilla Maxlinder Pichón consideró que la exrectora no acreditó las pruebas necesarias para alegar que la supervivencia de su familia estaba en peligro. El juez no pasó por alto que un promedio histórico tan millonario en la pensión de Gette supone un contexto muy distinto al que ella misma alegaba en su acción judicial. En conclusión, para los abogados de la UAC no sólo resulta ridículo que por más de diez años Silvia Gette hubiera recibido más de $10.500 millones en pensiones —ella o cualquiera en Colombia—, sino que ahora la entidad educativa le había salido a deber a su exrectora.

Se trata ni más ni menos de la última controversia que protagoniza Silvia Gette, una mujer que hace 30 años llegó a Barranquilla como bailarina, sin plata, haciendo shows independientes para sobrevivir, hasta que conoció al entonces rector Mario Ceballos, quien la volvió una especie de vedette criolla, al punto de heredarle su pensión y su prestigio. Tras su muerte en 2003, con el paso de los años Gette manejó a sus anchas los negocios y finanzas de la Universidad Autónoma del Caribe y ahora enfrenta procesos penales y distintas acusaciones por sobornos, supuestos nexos con el bloque Norte de las autodefensas y abuso de poder en la mencionada institución.

Además, María Paulina Ceballos, la hija mayor del difunto Mario Ceballos, ha acusado en repetidas ocasiones a Gette como autora intelectual del crimen de su esposo, el ganadero Fernando Cepeda, asesinado en agosto de 2003. Un señalamiento que la exrectora ha desmentido con vehemencia, como todos los demás desde que llegó a la cárcel en febrero de 2013. Ella asegura que es inocente y que lo probará. La justicia deberá determinar su responsabilidad o no en todos los episodios denunciados. Al margen de lo que pueda probarse, ya quedó establecido que ella cuenta, de lejos, con la mejor pensión de Colombia.

jlaverde@elespectador.com

@jdlaverde9