Desde Cali, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, anunció una medida que venía siendo solicitada por la Minga indígena de la región: la entrega de predios que estuvieron bajo el dominio del Cartel del Norte del Valle, organización que se dedicó, principalmente, al tráfico de droga.
La ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) revisaron los documentos de varios predios que en el pasado estuvieron bajo el mando de grupos armados en el Valle del Cauca. Su objetivo fue evaluar la viabilidad jurídica y administrativa de su compra o transferencia entre entidades.
Esto, con el propósito de destinarlos a comunidades campesinas e indígenas que hacen parte de la Minga, como parte de los compromisos adquiridos para garantizar su acceso a la tierra. “Anhelamos sembrar en territorios de paz y que esas tierras sean nuestras legalmente”, aseguró Bernarda Pabón, lideresa de la Minga Indígena, durante la firma de acuerdos.
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Asimismo, Felipe Harman manifestó que, como director, pretendió transmitir seguridad y asegurar que “los predios que el Estado le quitó a las mafias para reparar a las víctimas del conflicto no seguirán siendo ocupados irregularmente por particulares en el Valle del Cauca”.
Entre los acuerdos entre la ANT, la SAE y la Minga de Cali, se acordó realizar una caracterización y un reconocimiento agroambiental de los predios que serán entregados a las comunidades. Este hecho se llevó a cabo el pasado 2 de agosto, donde Felipe Harman, otros funcionarios y representantes de las comunidades recorrieron los terrenos.
El funcionario de la ANT concluyó esta visita a las comunidades de la Minga, asegurando que: “Nos pusimos una fecha concreta: el 19 de agosto para entrar a la tierra. Eso significa hacer realidad, de manera efectiva, el derecho a la tierra por parte de ustedes como comunidad organizada”.
Además, Felipe Harman se reunió con comunidades indígenas y campesinas del occidente del Valle del Cauca, quienes han enfrentado dificultades por el uso o acceso a las tierras. Debido a eso, se trazó la creación de un espacio de diálogo para avanzar con soluciones “respetando la permanencia de estas comunidades en el territorio y garantizando su derecho a la tierra”.
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