Nadie en la Fiscalía de Medellín ni en la alcaldía de la ciudad entendió por qué se frenó un proceso de negociación que estaba dando resultados. La más confundida fue la fiscal Alexandra Vélez: “El 12 de febrero me llamó y me dijo que tenía que irme ya, que debía salir de La Alpujarra y trasladarme al Gaula. Le expliqué que no era fácil, que debía hacer un informe de gestión, calificar a mis compañeros y hacer un inventario de bienes. Él, sabiendo que no hacerlo constituía falta disciplinaria, me dijo que dejara así, que no hiciera nada, que me estaba dando una orden y debía cumplir. No le entregué la Unidad de Vida a nadie”.
El 25 de febrero de 2016, la fiscal Alexandra Vélez envió un derecho de petición a Germán Darío Giraldo Jiménez, director de la seccional, para conocer las razones oficiales de su traslado. Doce días después llegó la respuesta. En ella se argumentó que en la jefatura de la Unidad de Vida había falta de diligencia para sacar investigaciones adelante y que cuando se le requería información esta era restringida. Además, manifestó que la jefe de la Unidad, Alexandra Vélez, entregaba información a diferentes autoridades sobre procesos que eran de “resorte único y exclusivo de la Fiscalía”, saltándose los conductos regulares.
En el oficio se lee que, bajo la coordinación de la fiscal Vélez, la eficiencia de la Unidad era “supremamente baja”, el nivel de desarticulación de bandas criminales “cero”, y que el de órdenes de captura “bajo”, que no llegaba ni al 1%. El informe añadió que eran datos que no tenían porque llevaban tres años intentando obtener un registro estadístico de la operatividad de la Unidad sin lograrlo, ya que la fiscal Vélez ponía “todos los obstáculos posibles” (Ver Oficio traslado).
A pesar del oficio, las contradicciones del Director salieron a flote. Según él, la labor de la fiscal Alexandra Vélez era deficiente, pero la postuló (véalo aquí) para la condecoración “Enrique Low Murta” en noviembre de 2013, argumentando que se trataba de una “servidora que se ha dedicado, con alto sentido de la responsabilidad, profesionalismo y buen trato, a los servidores de la institución”. Igualmente, en el oficio recalcó que era poco diligente, pero el director seccional de Fiscalía Medellín asignó a la fiscal Vélez como directora encargada de la institución, es decir para reemplazarlo en su propio cargo, durante dos ocasiones en las que se ausentó de la ciudad (Ver resoluciones de encargo).
En cuanto a las estadísticas, tampoco resultaron ciertas. De esta situación dieron fe tanto el secretario de Seguridad de Medellín, como el coordinador de homicidios del CTI, quienes, a petición de la fiscal Vélez, emitieron oficios (véalos aquí) en los que dieron testimonio de su excelente desempeño y del oportuno envío de información estadística. El secretario Gustavo Villegas incluso aclaró que recibió información “necesaria y suficiente” e incluida en el “convenio de cooperación institucional” que existía entre Alcaldía de Medellín y la Fiscalía, radicado con el número 0429. También quedaron desmentidos los argumentos de que la fiscal Vélez entregaba información indebida a otras autoridades (Ver firma de convenio).
Federico Trujillo, fiscal coordinador del Grupo de Alertas Tempranas, unidad a la que según el director seccional de Fiscalía Medellín se le dificultaba el acceso a la información, bajo el oficio N° 000047-F-2 respondió con un “No” cuando la fiscal Alexandra Vélez, en derecho de petición le preguntó si alguna vez ella había obstaculizado alguna investigación. Frente al nivel “cero” en desarticulación de bandas criminales, el director seccional tenía razón, pero con ello sólo puso de manifiesto que él no conocía las funciones de la fiscal Vélez, porque la desarticulación de bacrim es una función del Gaula y no de la Unidad de Vida de la Fiscalía.
Hoy es evidente que algo más motivó el traslado de Alexandra Vélez y, al parecer, estuvo más relacionado con las negociaciones que ella adelantaba con exmiembros de la denominada “Oficina de Envigado”. En entrevista para esta investigación, la fiscal precisó que el cambio de actitud del Director ocurrió luego de una reunión de contexto con los exmiembros de la “Oficina de Envigado” en la que salió a relucir, recurrentemente, el alias de Pedro Pistolas.
Desde ese momento empezó a circular el rumor de que ella tenía vínculos con la “Oficina”. Como si fuera poco, personas de confianza de Alexandra Vélez, excompañeros de la Unidad de Vida, fueron abordados por el director seccional para hacerles preguntas acerca de la vida privada de la fiscal.
Fueron estas las razones que la llevaron, el 7 de marzo de 2016, a instaurar una queja disciplinaria (véala aquí) en la Procuraduría por acoso laboral contra Germán Darío Giraldo Jiménez. Una semana después le dieron la Calificación de Desempeño Laboral, asignada por el Director Seccional de Fiscalía Medellín: Alexandra Vélez, que desde 2012 hasta inicios de 2016 fue calificada con nivel “superior”, siendo su calificación más baja un 94 sobre el 100 por ciento en desempeño positivo, recibió un “aceptable” y un 70 por ciento como nota (Ver calificaciones).
La persecución contra la fiscal
Cuando Alexandra Vélez fue retirada de la Coordinación de la Unidad de Vida de la Fiscalía, la Alcaldía de Medellín, integrantes del CTI intentaron retomar los diálogos. Hasta los exjefes de la “Oficina de Envigado” enviaron una carta (véala aquí) al entonces vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, manifestando su desconfianza y solicitando el regreso de la fiscal Vélez, carta que publicó el periodista Juan Diego Restrepo en una columna en la que abordó el tema. Además, la fiscal Vélez también enteró a Luis González León, director nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana, sobre el avance de las negociaciones. Por esta razón, se organizó una reunión de nivel central de la Fiscalía para hablar del tema. El encuentro se dio el 16 de febrero de 2016 en la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín.
En el encuentro estuvieron el director González León; Danny Julián Quintana, director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI); Juan David Bazanni, asesor de la Dirección Nacional del Sistema Penal Oral Acusatorio; German Darío Giraldo, director de la seccional de Medellín; y la fiscal Alexandra Vélez. Ese día también fue nombrado Pedro Pistolas. De esa reunión quedó un acta en la que se lee que el director seccional de Fiscalía Medellín, Germán Darío Giraldo, solicitó la “suspensión de la negociación” porque “ha tenido conocimiento por parte de un fiscal de Bacrim que tenía rumores acerca de que los indiciados están aprovechando sus traslados desde otras cárceles a Medellín y buscar reorganizarse delincuencialmente” (Ver acta).
Las negociaciones eran tan importantes y estaban tan avanzadas, que Luis González León negó la suspensión al director seccional de Fiscalía Medellín; y ordenó que la fiscal Vélez no fuera trasladada al Gaula sino que esperara diez días hasta que se tomara un decisión. La respuesta nunca llegó, Alexandra Vélez salió de la Coordinación de la Unidad de Vida y en su remplazó llegó la fiscal Ángela María Bedoya Vargas, quien en 2009 archivó una investigación (SPOA 050016000206200947642) por fabricación, porte y tráfico de armas que involucraba a un sobrino suyo, razón por la cual se habló de prevaricato por omisión pero nunca fue investigada.
En la medida en que crecían las solicitudes por el regreso de la fiscal Alexandra Vélez, los rumores de sus supuestos vínculos con la “Oficina de Envigado” aumentaron. Para brindar su actuar, la fiscal Alexandra Vélez, que ya contaba con copia de la resolución N° 000490 en la que el director Germán Darío Giraldo estaba enterado del proceso de negociación y admitía que un exmiembro de la “Oficina de Envigado” venía “aportando valiosa información”, el 28 de marzo de 2016 le envió un derecho de petición para que le respondiera por qué había nombrado a Ángela Bedoya en su lugar. Además le pidió copia del acta de la reunión del nivel central de Fiscalía en la que él solicitó suspender la negociación (Ver derecho de petición).
A los pocos días, Jorge Fernando Perdomo, ya en calidad de fiscal general de la Nación encargado, emitió la circular 0002 en la que aclaró que los únicos facultados para negociar con organizaciones criminales eran unos directivos específicos. La circular alejó a la fiscal Alexandra Vélez del proceso.
Después de 55 días, 32 de ellos hábiles, como el director de Fiscalía de Medellín no respondió su derecho de petición, el 12 de mayo ella instauró una tutela en su contra (Ver tutela). El 19 de mayo recibió respuesta. A la pregunta por el nombramiento de Ángela María Bedoya como su remplazo, el director seccional de Fiscalía de Medellín respondió que “nunca se delegó a dicha funcionaria como Coordinadora de la Unidad de vida”.
O el director Germán Darío Giraldo mintió o la fiscal Bedoya usurpó funciones en la Fiscalía porque ella firmó oficios como Coordinadora de esta Unidad (Ver oficio firmado). Alexandra Vélez también pidió copia del acta de la reunión con el nivel central de Fiscalía, “con asistencia de los Directores Nacionales del CTI, de Seccionales de Fiscalía y del sistema penal Oral acusatorio (sic)”. Giraldo respondió: “Me permito solicitar se aclare a qué acta se refiere, porque el Director Nacional del CTI solo hay uno y no varios como usted alude en su petición y no recuerdo haberme reunido para esa fecha con otros Directores Seccionales. De igual manera Director del sistema penal oral solo existe uno y no varios. Entiendo entonces que la petición es confusa e ininteligible no puedo dar respuesta a la misma (sic). (Ver extracto respuesta a D. Pet.)
Al siguiente día, la fiscal Vélez solicitó al magistrado ponente, Leonardo Efraín Cerón, del Tribunal Superior de Medellín, que se le hiciera valer su derecho y que en un término no mayor a 48 horas, el director seccional de Fiscalía de Medellín respondiera lo solicitado. Así que se le ordenó responder, y hasta el 2 de junio de 2016, ante la petición del acta, el director seccional se sostuvo en que la fiscal dejaba ver confusión en la estructura orgánica de la Fiscalía. Además agregó que cuando se realizaban reuniones con superiores jerárquicos, eran ellos quienes levantaban las actas. Y una vez más no entregó el documento que revelaba su petición de suspender las negociaciones con la “Oficina de Envigado”.
El 8 de junio, Alexandra Vélez solicitó al magistrado ponente que iniciara un incidente de desacato contra de Germán Darío Giraldo por no cumplir la orden constitucional y, como sanción, pidió una multa de 20 salarios mínimos y el arresto hasta por seis meses del Director seccional. (Ver solicitud desacato) El magistrado ponente le encontró razón y cinco días después envió un requerimiento al director de Fiscalías de Medellín, con carácter “urgente”, en el que le dio 12 horas para explicar por qué desacataba la orden o, en su defecto, entregar los documentos solicitados. Todo esto para evitar la sanción de arresto y la multa por desacato (Ver requerimiento por desacato).
Dos semanas antes, la fiscal había sido contactada por alguien que solicitó verla con carácter urgente. Ella lo atendió y le ofrecieron 500 millones de pesos para que intercediera en una carpeta que no era de ella. La fiscal se negó y entendió que querían involucrarla en algún delito. Al día siguiente denunció a esta persona en la Fiscalía. Pero el 13 de junio llegó un anónimo al ente investigador denunciándola por supuestos vínculos con la “Oficina de Envigado”.
La copia del acta de la reunión en la que el director seccional solicitó suspender las negociaciones con los exmiembros de la “Oficina de Envigado” llegó el 15 de junio. La fiscal Vélez ahora tenía cómo probar que las negociaciones con los exintegrantes de la Oficina de Envigado no se hicieron a escondidas, y que estaban basadas en el principio de oportunidad. Seis días después fue amenazada. En la llamada le advirtieron que iban a matarla si no le quitaba “las denuncias a sus jefe”. Ella se dirigió a la Sijín, habló con dos investigadores judiciales conocidos, y en ese momento volvieron a llamarla. Los policías grabaron. De nuevo la advertencia era que retirara la amenaza contra su jefe, que era una “orden del patrón”. (Escuchar amenaza)
Los policías rastrearon el número y luego verificaron la zona de la que salió la llamada. Entre tanto, entró una tercera comunicación amenazante de diferente número. Ambos teléfonos eran públicos en Medellín y ubicados en el sector San Benito del centro de la ciudad, territorio controlado por Pedro Pistolas.
Teléfonos desde donde fue amenazada la fiscal Vélez. Fuente Policía.
La fiscal Vélez puso la denuncia y la policía le colocó un esquema de seguridad. Además recomendó que fuera retirada del Gaula del sector Guayabal, porque era un sector vulnerable y quedaba expuesta a un posible asesinato. Germán Darío Giraldo se negó a acatar la recomendación de la policía y, a través del fiscal 47 especializado del Gaula, jefe directo de Vélez, notificó a la fiscal que tenía que seguir yendo a las oficinas de Guayabal. Hoy continúa amenazada y nadie del órgano investigador la está protegiendo. En cuanto a queja disciplinaria por acoso en contra del director seccional, aún no ha sido llamada a conciliar.
El nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ya está enterado del asunto y justamente el jueves o el viernes estará en Medellín para discutirlo, entre otras cosas.