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“Quedé embarazada por cuarta vez de él (un guerrillero) y el procedimiento lo hice yo con pastas Cytotec (píldora abortiva). Eso fue como al mes del aborto anterior, fue en el monte, en Chocó, no recuerdo exactamente dónde. Me tomaba las pastas y era el cólico terrible y luego ya salía, este también era por ahí de mes y medio de gestación”. Ese es el relato que alias Leidy, exintegrante del antiguo Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), le entregó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín durante el proceso de desmovilización y reconocimiento de responsabilidad de la extinta guerrilla.
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Alias Leidy describió el episodio que vivió cuando tenía 18 años, en 2003, en medio de la selva de Bagadó (Chocó). El crudo suceso, como se ha documentado, era una práctica tan habitual en la organización, que se trataba del cuarto aborto forzado sufrido por la misma militante. Por hechos de esa naturaleza, plasmados en un auto de 2.480 páginas por el Tribunal Superior de Medellín en 2015, Olimpo de Jesús Sánchez Caro, conocido como alias El Cucho, fue condenado a una pena de ocho años en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Ahora, la Fiscalía anunció que le sigue de nuevo la pista por presuntamente haber ocultado más información.
“La Fiscalía impuso medida de aseguramiento y ordenó la captura de Olimpo de Jesús Sánchez Caro, alias Cristóbal o El Cucho, exjefe de esta desmovilizada estructura armada. Los hechos investigados ocurrieron entre 1997 y 2007, en Risaralda, Caldas, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca. El procesado, en su condición de cabecilla, habría auspiciado hechos atroces y de la lesa humanidad contra niñas, adolescentes y mujeres porque hacían parte de los parámetros establecidos por el entonces Ejército Revolucionario Guevarista”, explicó el ente investigador.
De acuerdo con un fiscal de la dirección especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Sánchez Caro sería el coautor de diferentes crímenes: reclutamiento ilícito de al menos 40 menores de edad, el aborto forzado en persona protegida de un total de 34 mujeres, homicidio en persona protegida -una mujer que no sobrevivió a una interrupción- y, además, tortura, secuestro, tentativa de homicidio y acceso carnal violento en persona protegida. Incluso, la Fiscalía tiene la hipótesis de que el exjefe del ERG no reconoció todos los delitos que cometió desde 1997 hasta 2007.
El Ejército Revolucionario Guevarista fue un movimiento guerrillero que nació en 1993 como una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln), precisamente del Frente Ernesto Che Guevara, cuya operación se concentró en los departamentos de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Tolima. Se tiene registro de que la guerrilla emboscó una patrulla del Ejército, cuyo resultado fue la muerte de 16 soldados y 12 civiles en 1994. Además, en 2005, serían los responsables por la muerte de 10 policías en Bagadó, Chocó.
De Olimpo de Jesús Sánchez se sabe que fue el fundador del Ejército Revolucionario Guevarista. Nació el 7 de abril de 1964, en el Carmen de Atrato (Chocó), tiene un total de 12 hermanos y estudió hasta 5° de primaria en la escuela Bajo Guaduas del mismo municipio. Como líder principal del ERG, designó a sus hermanos Lisandro y Efraín Sánchez Caro para que negociaran la desmovilización del grupo en 2008, acuerdo que fue suscrito junto al Alto Comisionado para la Paz y que fue llevado a cabo en el municipio El Carmen (Chocó). En su momento, 36 militantes dejaron las armas.
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Las versiones libres recogidas por el Tribunal Superior de Medellín, que tramitó el sometimiento de los Sánchez Caro y sus reclutas a la Ley de Justicia y Paz, son, definitivamente, desgarradoras: “Cuando ingrese al ERG le explicaban sobre la prohibición de tener hijos y si quedaba en embarazo tenía que abortar, era una política sino a uno lo mataban. Yo tenía una relación centralizada con Jefferson (un guerrillero), creo que tenía como casi tres meses, él bebe ya estaba grande, le comenté a Jefferson y él al comandante Juan Pablo. Mi pareja no podía decir nada, entonces a mí me dan las pastillas, yo misma me las metí porque ya sabía, me dio duro porque tenía ya como tres meses. Fue mi tercer embarazo”, se explica en una de las crónicas.
Así describió la dinámica otra de las excombatientes: “Y él (un médico improvisado) empieza a preguntarme qué hace cuánto no me llegaba el periodo y todo eso, y toma la tensión y eso, y luego me pasa a la camilla, y yo me coloco una bata y entonces creo que él lo que me hace es colocarme una inyección y no me acuerdo que más fue. Y luego él se baña las manos con un líquido y se coloca guantes y también me mete la mano y saca él bebé, y lo hecha en una caneca, él me dice mírelo como estaba (…) y se veía ya formadito como de grande como una mano extendida. Y a mí me formula como unas pastas, me dice que no es muy grave porque no tenía mucho tiempo.
De acuerdo con los registros del Tribunal Superior de Medellín, que entrevistó a siete víctimas de aborto forzado de la organización criminal, la mayoría de procedimientos se realizaron en campamentos y comunidades indígenas. Solo tres de las 21 interrupciones documentadas se realizaron en un centro de salud. Asimismo, se tiene constancia de que a una víctima se le realizó un aborto en el séptimo mes de gestación. Por otro lado, estadísticas reunidas en el proceso dan cuenta de que la totalidad de las mujeres eran jóvenes y, además, que una de ellas tenía 15 años al momento de realizarle la interrupción no voluntaria del embarazo.
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“Dicho por las mismas desmovilizadas postuladas en sus entrevistas que sus compañeras que tuvieron que abortar, después del procedimiento artesanal y no ortodoxo se ponían mal, lloraban, renegaban de haberse metido en la guerrilla, y exteriorizaban estar muy tristes. Siempre se les escuchaba decir que si exteriorizaban la impresión y emoción de que estaban aburridas o arrepentidas, las hacían matar, más sin embargo en su fuero interno o yermo personal siempre se ponían mal, tristes, y lloraban”, concluyó el Tribunal Superior de Medellín, que condenó a Olimpo de Jesús Sánchez Caro a ocho años de prisión, por ser el confeso autor de 479 delitos.
Registros de la Rama Judicial, por otro lado, demuestran que desde 2016 el antiguo líder del ERG se encuentra libre, pues le fue suspendida una pena impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Antioquia en 2011, la cual lo tuvo tras las rejas de la cárcel La Paz de Itagüí. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, confirmó el 11 de abril de 2018, tras un recurso de apelación interpuesto por las víctimas, la pena alternativa de ocho años de cárcel impuesta en 2015 por el Tribunal Superior de Medellín, medida que no se estaría cumpliendo según el último boletín de la Fiscalía. Este diario intentó comunicarse con el ente investigador sobre la situación exacta Sánchez Caro, pero no obtuvo respuesta.
