La ONU destaca que los crímenes de Garzón y Umaña sean de lesa humanidad

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “valora positivamente” que la Fiscalía General declarara el pasado 28 de septiembre como crímenes de lesa humanidad los homicidios del periodista Jaime Garzón y el abogado José Eduardo Umaña. Para la oficina de la ONU, esta declaratoria es la llave que permite que los casos se sigan investigando sin que prescriban y se pueda esclarecer “sin mayores dilaciones” quienes fueron los autores de sus muertes.

Jaime Garzón iba de camino a Radionet, la emisora en la que trabajaba entonces, cuando fue asesinado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. Un año antes, el 18 de abril de 1998, mientras se encontraba en su oficina José Eduardo Umaña fue ejecutado por tres sicarios. Ambos homicidios, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, tienen varias características en común. Una de ellas es que los dos crímenes “se dieron en un contexto generalizado de agresiones a defensores de derechos humanos”, como lo eran Garzón y Umaña. (Lea: El modus operandi contra Jaime Garzón y otras personas "incómodas")

Otra particularidad que comparten estos casos es que, según el ente investigador, “existen suficientes elementos probatorios para inferir que estuvieron precedidos de un plan o política” en los que pudieron participar “miembros de la Fuerza Pública, en particular de inteligencia militar, y de grupos paramilitares”.

Además, en la resolución en la que la Fiscalía expuso sus motivos para declarar que estos dos crímenes no van a prescribir, explicó que las circunstancias que rodearon la muerte de Garzón, “se produjeron en medio de un ataque generalizado y sistemático, propiciado y/o auspiciado desde la institucionalidad estatal”. Algo que se dio también contra otras personas “con características políticas comunes”, como el abogado Jesús María Valle y los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado. Todos murieron, según la Fiscalía, en un contexto de violencia extrema, con la participación de paramilitares en compañía de  agentes del Estado.

En esa línea, desde 1997, la Oficina de Naciones Unidas en el país dice haber constatado “un cuadro de ataques reiterados y sostenidos a lo largo del tiempo, en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, que incluyen prácticas como homicidios, amenazas, actividades de vigilancia ilegal y estigmatización por su trabajo”. Sólo durante el primer semestre de este año, 28 personas fueron asesinadas desempeñando estas labores de defensa de derechos humanos.

La oficina saluda que la Fiscalía, después de casi 20 años, haya declarado como crímenes de lesa humanidad las muertes de Jaime Garzón y Eduardo Umaña. No obstante, su representante, Todd Howland, insta al ente investigador a que siga impulsando “de forma estratégica todas las investigaciones que tienen que ver con los ataques y las agresiones en contra de defensoras y defensores” y hace un llamado al resto de autoridades “para fortalecer las políticas de prevención y salvaguarda de las acciones encaminadas a respaldar la actividad de estos defensores (que son un) pilar fundamental de la democracia”. 

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “valora positivamente” que la Fiscalía General declarara el pasado 28 de septiembre como crímenes de lesa humanidad los homicidios del periodista Jaime Garzón y el abogado José Eduardo Umaña. Para la oficina de la ONU, esta declaratoria es la llave que permite que los casos se sigan investigando sin que prescriban y se pueda esclarecer “sin mayores dilaciones” quienes fueron los autores de sus muertes.

Jaime Garzón iba de camino a Radionet, la emisora en la que trabajaba entonces, cuando fue asesinado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. Un año antes, el 18 de abril de 1998, mientras se encontraba en su oficina José Eduardo Umaña fue ejecutado por tres sicarios. Ambos homicidios, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, tienen varias características en común. Una de ellas es que los dos crímenes “se dieron en un contexto generalizado de agresiones a defensores de derechos humanos”, como lo eran Garzón y Umaña. (Lea: El modus operandi contra Jaime Garzón y otras personas "incómodas")

Otra particularidad que comparten estos casos es que, según el ente investigador, “existen suficientes elementos probatorios para inferir que estuvieron precedidos de un plan o política” en los que pudieron participar “miembros de la Fuerza Pública, en particular de inteligencia militar, y de grupos paramilitares”.

Además, en la resolución en la que la Fiscalía expuso sus motivos para declarar que estos dos crímenes no van a prescribir, explicó que las circunstancias que rodearon la muerte de Garzón, “se produjeron en medio de un ataque generalizado y sistemático, propiciado y/o auspiciado desde la institucionalidad estatal”. Algo que se dio también contra otras personas “con características políticas comunes”, como el abogado Jesús María Valle y los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado. Todos murieron, según la Fiscalía, en un contexto de violencia extrema, con la participación de paramilitares en compañía de  agentes del Estado.

En esa línea, desde 1997, la Oficina de Naciones Unidas en el país dice haber constatado “un cuadro de ataques reiterados y sostenidos a lo largo del tiempo, en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, que incluyen prácticas como homicidios, amenazas, actividades de vigilancia ilegal y estigmatización por su trabajo”. Sólo durante el primer semestre de este año, 28 personas fueron asesinadas desempeñando estas labores de defensa de derechos humanos.

La oficina saluda que la Fiscalía, después de casi 20 años, haya declarado como crímenes de lesa humanidad las muertes de Jaime Garzón y Eduardo Umaña. No obstante, su representante, Todd Howland, insta al ente investigador a que siga impulsando “de forma estratégica todas las investigaciones que tienen que ver con los ataques y las agresiones en contra de defensoras y defensores” y hace un llamado al resto de autoridades “para fortalecer las políticas de prevención y salvaguarda de las acciones encaminadas a respaldar la actividad de estos defensores (que son un) pilar fundamental de la democracia”.