La otra vuelta del 'carrusel'

Hasta Caldas, Cundinamarca y Boyacá llegaron los tentáculos del carrusel de la contrataciónen Bogotá. Por lo menos así se desprende de la investigación que abrió la justicia contra el empresario Emilio Tapia por el incumplimiento de unos contratos en Chiquinquirá, Saboyá y Chitaraque (Boyacá); La Calera, Guasca y Gachetá (Cundinamarca), y La Dorada (Caldas), que le habrían generado al país un detrimento patrimonial de $7 mil millones.

“En el proceso de ejecución de los contratos se presentaron reiterados incumplimientos, lo que dio lugar a que en varios municipios emitieran actos administrativos sancionando con multas a la empresa contratista y que en algunos municipios se liquidara unilateralmente el contrato”, resaltó el CTI de la Fiscalía en un oficio conocido ayer.

En él, el ente investigador menciona una empresa de la que se ha hablado desde el inicio del escándalo: Administración Cooperativa del Territorio Colombiano (Cootecol). A través de ella, Emilio Tapia, quien se encuentra detenido, habría obtenido los cuestionados contratos, según testigos, para sacar de ellos unos recursos con los cuales apoyar la candidatura de Samuel Moreno Rojas a la Alcaldía de Bogotá.

La historia se remonta a 2007. Ese año Tapia habría llegado a Cootecol presentándose como referido del excongresista Bernardo Miguel Elías Vidal y con unos contratos que, según él, había conseguido como favores políticos y quería que Cootecol los ejecutara y lo único que pidió fue que se pusiera al frente de las obras a unas cuotas suyas. Así lo refirió la gerente de Cootecol, María Eugenia Vanegas.

En esto concuerda con el informe de la Fiscalía que refiere que en los cuestionados contratos se observa que los ingenieros y residentes coordinadores de las obras eran en su mayoría de Sahagún (Córdoba), de donde proviene Tapia. Entre ellos están Ómar Alfonso Pérez Tejada, David Gutiérrez, Ulfran López, José Ricardo Ruiz y Francisco Marcelino Jiménez.

Pero Tapia empezó a incumplir con sus contratos y Cootecol a ser sancionada. Entre otras, las alcaldías de Chiquinquirá y Chitaraque profirieron edictos en su contra. La empresa llamó a Tapia para que respondiera al respecto y, según testigos, siempre contestó de la misma manera: que parte de los dineros de los contratos los había usado para apoyar a los Moreno Rojas, pero que no se preocuparan que su vínculo con la Alcaldía de Bogotá le ayudaría a pagarles la deuda.

De acuerdo con el abogado de Cootecol, Víctor Hernández, “Tapia dijo que $1.000 millones, provenientes de los recursos recibidos para ejecutar los aludidos contratos, los había invertido en la campaña adelantada por Samuel Moreno Rojas para la Alcaldía de Bogotá, a cambio de adjudicarle una unidad de la Secretaría de Obras y en el IDU”.

Y agregó que “le pidió no preocuparse, pues le cancelaría el dinero, ya que estaba vinculado a la contratación del Distrito por virtud del apoyo económico otorgado a la campaña del alcalde mayor de Bogotá, y debido a sus relaciones con el IDU, especialmente en la malla vial”. Todo esto motivó a Cootecol a demandar a Tapia. Asimismo, generó investigaciones en varios entes de control. No obstante, es la primera vez que los incumplimientos son investigados por la Fiscalía.

De esta forma se abre otro expediente judicial para el contratista Emilio Tapia, ficha clave del llamado carrusel de la contratación y quien, al parecer, se encuentra negociando con la Fiscalía para recibir beneficios jurídicos a cambio de colaborar con las autoridades. Esta investigación surge en momentos en los que, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, se vienen nuevas imputaciones por este caso que, como las autoridades lo han comprobado, trascendió las fronteras de Bogotá.

Hasta Caldas, Cundinamarca y Boyacá llegaron los tentáculos del carrusel de la contrataciónen Bogotá. Por lo menos así se desprende de la investigación que abrió la justicia contra el empresario Emilio Tapia por el incumplimiento de unos contratos en Chiquinquirá, Saboyá y Chitaraque (Boyacá); La Calera, Guasca y Gachetá (Cundinamarca), y La Dorada (Caldas), que le habrían generado al país un detrimento patrimonial de $7 mil millones.

“En el proceso de ejecución de los contratos se presentaron reiterados incumplimientos, lo que dio lugar a que en varios municipios emitieran actos administrativos sancionando con multas a la empresa contratista y que en algunos municipios se liquidara unilateralmente el contrato”, resaltó el CTI de la Fiscalía en un oficio conocido ayer.

En él, el ente investigador menciona una empresa de la que se ha hablado desde el inicio del escándalo: Administración Cooperativa del Territorio Colombiano (Cootecol). A través de ella, Emilio Tapia, quien se encuentra detenido, habría obtenido los cuestionados contratos, según testigos, para sacar de ellos unos recursos con los cuales apoyar la candidatura de Samuel Moreno Rojas a la Alcaldía de Bogotá.

La historia se remonta a 2007. Ese año Tapia habría llegado a Cootecol presentándose como referido del excongresista Bernardo Miguel Elías Vidal y con unos contratos que, según él, había conseguido como favores políticos y quería que Cootecol los ejecutara y lo único que pidió fue que se pusiera al frente de las obras a unas cuotas suyas. Así lo refirió la gerente de Cootecol, María Eugenia Vanegas.

En esto concuerda con el informe de la Fiscalía que refiere que en los cuestionados contratos se observa que los ingenieros y residentes coordinadores de las obras eran en su mayoría de Sahagún (Córdoba), de donde proviene Tapia. Entre ellos están Ómar Alfonso Pérez Tejada, David Gutiérrez, Ulfran López, José Ricardo Ruiz y Francisco Marcelino Jiménez.

Pero Tapia empezó a incumplir con sus contratos y Cootecol a ser sancionada. Entre otras, las alcaldías de Chiquinquirá y Chitaraque profirieron edictos en su contra. La empresa llamó a Tapia para que respondiera al respecto y, según testigos, siempre contestó de la misma manera: que parte de los dineros de los contratos los había usado para apoyar a los Moreno Rojas, pero que no se preocuparan que su vínculo con la Alcaldía de Bogotá le ayudaría a pagarles la deuda.

De acuerdo con el abogado de Cootecol, Víctor Hernández, “Tapia dijo que $1.000 millones, provenientes de los recursos recibidos para ejecutar los aludidos contratos, los había invertido en la campaña adelantada por Samuel Moreno Rojas para la Alcaldía de Bogotá, a cambio de adjudicarle una unidad de la Secretaría de Obras y en el IDU”.

Y agregó que “le pidió no preocuparse, pues le cancelaría el dinero, ya que estaba vinculado a la contratación del Distrito por virtud del apoyo económico otorgado a la campaña del alcalde mayor de Bogotá, y debido a sus relaciones con el IDU, especialmente en la malla vial”. Todo esto motivó a Cootecol a demandar a Tapia. Asimismo, generó investigaciones en varios entes de control. No obstante, es la primera vez que los incumplimientos son investigados por la Fiscalía.

De esta forma se abre otro expediente judicial para el contratista Emilio Tapia, ficha clave del llamado carrusel de la contratación y quien, al parecer, se encuentra negociando con la Fiscalía para recibir beneficios jurídicos a cambio de colaborar con las autoridades. Esta investigación surge en momentos en los que, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, se vienen nuevas imputaciones por este caso que, como las autoridades lo han comprobado, trascendió las fronteras de Bogotá.