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La participación del Ejército Nacional en la masacre de El Aro

Seis paramilitares del Bloque Mineros de las AUC fueron condenados por su responsabilidad en la acción registrada entre el 22 y 31 de octubre de 1997.

Redacción Judicial
03 de mayo de 2016 - 12:48 p. m.
La participación del Ejército Nacional en la masacre de El Aro

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín condenó a siete años de pena alternativa de la libertad a seis cabecillas del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por su participación en la incursión al municipio de Ituango (Antioquia) en hechos registrados entre el 22 y 31 de octubre de 1997.

En el fallo se establece que los postulados reconocieron su responsabilidad en esta acción, conocida como la Masacre de El Aro, en la que fueron asesinadas 16 personas acusadas de ser colaboradores de la guerrilla de las Farc. En la acción más de 1.400 campesinos se vieron obligadas a desplazarse con el temor de represalias.

En la incursión igualmente hurtaron todo el ganado de la zona y fueron secuestrados 17 campesinos “a quienes obligaron a arriar el ganado por la zona montañosa”. En la sentencia de 1.733 páginas se deja constancia de las declaraciones de los paramilitares frente a su participación en la incursión, considerada uno de los episodios más violentos en la historia del país.

Los ‘paras’ señalaron que para llegar al municipio contaron con la colaboración de la Fuerza Pública que tenían conocimiento claro y preciso sobre la movilización de más de 200 paramiltiares al municipio de Ituango. Igual apoyo tuvieron por parte del Ejército para el traslado de las reses hurtadas a los campesinos.

“Inclusive las víctimas informan que el veintitrés (23) de octubre de 1997, el Ejército que estaba acantonado en la zona dio toque de queda informando que nadie podía salir más tarde de las 6:00 p.m., el motivo era claro, todo estaba articulado para que bajaran los paramilitares con las reses hurtadas y así llegar al corregimiento de Puerto Valdivia donde las montaron a camiones”, precisa el fallo.

Según los relatos, alias ‘Junior’ contó con la participación del teniente del Ejército Nacional, Everardo Bolaños Galindo para trasladar el ganado hurtado a Puerto Valdivia. Igualmente contaron con su colaboración en el enfrentamiento que sostuvieron con los frentes de la guerrilla de las Farc que delinquía en la región.

Según Salvatore Mancuso los paramilitares obtuvieron “de manos del entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con sede en la ciudad de Medellín, Brigadier General Alfonso Monosalva Flórez, coordenadas de la región de Ituango, Antioquia, información sobre campamentos guerrilleros, nombres y ubicación de milicianos y auxiliadores de la subversión”.

Así como “nombres de secuestrados y ubicación de los mismos, cartografía e información detallada sobre la localización de la tropas del Ejército Nacional, no sólo a efectos de retirarlas de la zona cuando se hiciera necesario para facilitar el ingreso de los paramilitares a la misma, sino para bloquear la llegada de frentes de la guerrilla que pudiesen atacarlos”.

La planeación

En su declaración Salvatore Mancuso Gómez aseguró que la incursión paramilitar al municipio de Ituango fue planeada desde 1996 por el comandante Carlos Castaño Gil en la finca “La 57”. Para lo cual le ordenó al jefe paramilitar Ramiro Vanoy alias ‘Cuco Vanoy’ para que citara a 60 de sus hombres con el fin de incursionar a la mencionda población.

En el encuentro “Carlos y Vicente Castaño Gil, Salvatore Mancuso y Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Rodrigo Doble Cero’, en la cual se dispuso irrumpir, de manera conjunta, en el corregimiento ‘El Aro’, para lo cual se solicitó a Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, el aporte de 50 hombres, los cuales participaron en el acto bajo el mando de Luis Alfonso Díaz Pinto, alias ‘Yoli’, y fueron recogidos cerca del corregimiento La Caucana del municipio de Tarazá (Antioquia)”.

En la sentencia se indica que “retomando los aspectos operacionales propios de la incursión, los 150 paramilitares comandados por alias ‘Cobra’, más los que se integraron en el corregimiento La Caucana del municipio de Tarazá, se desplazaron en varios camiones por la carretera troncal, con la aquiescencia de los miembros de la Fuerza Pública, hasta llegar al corregimiento ‘Puerto Valdivia’, municipio de Valdivia (Antioquia), lugar desde el cual iniciaron el desplazamiento hacia el corregimiento ‘El Aro’, municipio de Ituango.

La acción, se precisa, contó con cinco ejes de avance, ingresando por la vera del río Cauca; entretanto, un segundo grupo partió desde el casco urbano de esa localidad al mando de Isaías Montes Hernández, alias ‘Junior’, quien tomó la rivera del río Ituango hasta ascender a dicho corregimiento, dejando ambos grupos a lo largo de su recorrido, tanto desde su ingreso hasta su retirada, entre los días 22 al 31 de octubre de 1997, en una estela de muerte y destrucción”, precisa uno de los apartes del extenso fallo. 

Los postulados aseguraron que “el objetivo de la expansión hacia los aludidos territorios, municipios de Ituango y Peque, dominados preponderantemente por el Boque José María Córdoba de las Farc, no era otro que el de obtener control sobre el Nudo del Paramillo, principal corredor del noroccidente del país para las actividades del narcotráfico, no sólo por su condición geográfica que favorecía el cultivo de plantas de coca, sino por la facilidad para instalar laboratorios de procesamiento y establecer rutas seguras para extraer los estupefacientes hacia el exterior”.

Por su participaciòn en estos hechos fueron sentenciados José Higinio Arroyo Ojeda, alias ‘8-5’, ‘Caballo’ o ‘Julián’; Roberto Arturo Porras Pérez, alias ‘La Zorra’ o ‘Calabozo’; Rolando de Jesús Lopera Muñoz, alias ‘Mono’ o ‘Milton’; Luis Alberto Chavarría Mendoza, alias ‘Lucho Mico’; Luis Carlos García Quiñones, alias ‘Cedro’; y Eucario Macías Mazo, alias ‘Mazo’, ‘N.N.’ o ‘Jerry’.

La Sala los encontró responsables de los delitos de concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes e insignias, desaparición forzada, homicidio en persona protegida y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores.

Por Redacción Judicial

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