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El ambiente en la primera Mesa Nacional de Garantías de este año estuvo incómodo desde temprano. El evento, que se supone, iniciaba a las ocho de la mañana y terminaba a mediodía, estuvo cerca de cancelarse a pesar de tener un salón lleno de líderes sociales, fuerza pública, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado. Todo eso pendió de un hilo por la tardanza del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien terminó llegando al Hotel DoubleTree de Salitre pasadas las nueve y media de la mañana.
Quien dio la cara desde el primer momento y afrontó los mejores y peores momentos del encuentro fue la defensora del Pueblo Iris Marín, quien lideró la Mesa en la que los ánimos en distintos momentos del día se caldearon, sobre todo, por las acciones de los miembros del gobierno Petro. Demoras, palabras, cifras y discursos que provinieron del Ejecutivo fueron como un balde de agua fría para los líderes y víctimas viajaron desde todas las partes del país para compartir con la sociedad civil, las autoridades, los entes de control y el gobierno sus preocupaciones, angustias y problemas que viven día a día por la violencia.
Dentro de la mesa de asistentes por parte del gobierno estuvieron el ministro Cristo, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez Ballesteros y el comisionado para la Paz Otty Patiño. Este último era con quien más esperaban poder hablar los líderes y las organizaciones, pero fue quien más rápido abandonó la mesa, dejando a los asistentes con la palabra en la boca, como dijeron varios de ellos cuando el funcionario abandonó el salón. No sin antes, tener un rifirrafe con quienes le reclamaron por sus manifestaciones sobre las cifras de violencia en el país.
Otty Patiño empezó su intervención en la mesa y la dedicó a resaltar los logros del gobierno Petro en la iniciativa de paz total. Enmarcó los avances que se han tenido en materia de diálogo con los grupos al margen de la ley y resaltó que gracias a esos acercamientos a los que ha llegado la actual administración es que la violencia ha dejado la crudeza característica en algunas partes de Colombia como Chocó, Nariño y Antioquia. Eso, según él. Las víctimas del conflicto, líderes sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos, que habitan los territorios sobre los cuales el comisionado se refirió en cifras narraron otra cosa.
Mientras que el comisionado hablaba, los asistentes de organizaciones de derechos humanos y las víctimas del conflicto se miraban extrañadas, como si Patiño hablara de una Colombia que ellos no habitan. Unos minutos antes de que el funcionario del gobierno hablara, la Defensoría del Pueblo había presentado la cifra de que en los últimos cuatro años (2016-2024) hubo al menos 1.477 homicidios de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. También, el ente de control expuso que el peor año fue 2022, con 215 asesinatos: 198 hombres y un total de 17 mujeres.
Cuando estaba por finalizar lo que parecía una confusa intervención para los asistentes, algunos de los líderes sociales rompieron el silencio e increparon directamente al Comisionado. No entendía cómo sacaba pecho con la reducción de cifras de violencia si, según ellos, que viven de primera mano la violencia en los territorios, no han presenciado la disminución a la que se refirió el funcionario del gobierno. Incluso, Patiño les pidió dejar de lado el pesimismo y que podía haber falta de canales de comunicación para que las personas en los territorios conocieran las cifras que maneja el gobierno. Eso desató la molestia de la mayoría de asistentes.
“¡Somos entonces unos mentirosos!”, “les salimos a deber”, “¿cómo va a decir que en el Chocó hay seguridad?”, fueron algunas de las frases que con los ánimos caldeados le decían a Otty Patiño, quien dijo que tenía otros compromisos que debía atender y que se retiraba. Sin embargo, los líderes sociales y defensores de derechos ya alistaba la réplica para el comisionado particularmente sobre lo que dijo de Nariño, Antioquia y Chocó.
“No estoy diciendo mentiroso a nadie. Estoy diciendo que tenemos distintas percepciones de lo que está ocurriendo y de todas maneras que yo percibo también a través de la gente en los territorios avances importantes que han ocurrido en algunos de ellos sobre todo digamos allí donde hay procesos adelantados de conversaciones”, dijo Patiño antes de irse del lugar. Mientras dejaba el Salón, algunos líderes le dijeron que la razón de haber viajado hasta Bogotá era hablar con él y que si se iba en ese momento el viaje no habría valido del todo la pena. “Me tengo que ir, mi segundo (su asesor Álvaro Jiménez) fue amenazado”, dijo el comisionado. “Acá todos estamos amenazados”, le contestaron los líderes, pero igual abandonó la sala.
El resto de la jornada, en la que el ánimo no mejoró totalmente por la ausencia del alto comisionado, tuvo otros momentos tensos. Principalmente, por temas de seguridad. Varios líderes que asistieron al encuentro le dijeron al gobierno que desde hace meses están bajo amenaza de grupos armados y que han pedido la protección de la UNP para poder salvar sus vidas, pero que hasta la fecha no se han atendido sus solicitudes. El ministro del Interior aseguró que actualmente hay 15.000 personas con medidas de protección de la UNP y que de esas, más de 10.000 son líderes sociales. Pero que “no se puede seguir pensando que con la UNP se soluciona el problema de los defensores de derechos humanos en Colombia”.
A pesar de los intentos de que se tuvieran conclusiones y se hicieran acuerdos para llevar adelante planes que favorecieran la seguridad de los líderes, lo tenso del ambiente no permitió que se concluyera de la mejor manera la primera Mesa del año. Así las cosas, los líderes sociales y víctimas del conflicto tendrán que esperar por los menos otros tres meses para volver a reunirse con el gobierno y los entes de control a ver si en esa nueva ocasión sí son escuchados como quieren y no con el tiempo que deciden darles desde el Ejecutivo.
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