“La paz no se hace a gritos”: defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz

Con las elecciones a la vuelta de la esquina el día a día transcurre en confrontación política, ¿cómo ve la Defensoría el panorama democrático en estas condiciones?

El panorama está lleno de retos. Nosotros tenemos dos iniciativas para el monitoreo de las elecciones. Una es la alerta temprana electoral que sacamos en octubre del año pasado, hicimos una nota de seguimiento en febrero y acabamos de hacer una actualización de los municipios en riesgo. Lo que hicimos fue clasificar todos los municipios del país en cinco niveles de riesgo. Los tres primeros son preocupantes o implican realmente una atención especial. En octubre teníamos en el primer nivel de riesgo 62 municipios, en febrero eran 69 y ahora en mayo son 80. O sea, la situación ha empeorado de octubre para acá. En cuanto al segundo nivel, que es un llamado a la acción urgente, teníamos 162 municipios, 168 en febrero y 180 ahorita en mayo. En este momento, en las dos primeras categorías, tenemos 260 municipios del país.

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Ahora, esto no quiere decir que en esos municipios no va a poder haber elecciones o que en esos municipios las elecciones van a tener un resultado manipulado por los actores armados, porque las alertas tempranas están hechas para prevenir los riesgos y también sabemos que los grupos armados muy seguramente no van a impedir el ejercicio de las elecciones. La mayoría han dicho que lo respetarán. Es más un tema de las condiciones de desarrollo de la campaña y sobre todo un llamado a las instituciones, especialmente al Ministerio del Interior que coordina la respuesta, a poder tomar todas las medidas para garantizar que todas las personas puedan votar libremente, que todas las campañas puedan hacer proselitismo y que no haya mayores hechos de violencia.

Por otra parte tenemos el “Compromiso por unas elecciones libres y en paz”. Es un compromiso en el que hemos llamado a los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República, no todos los que están en contienda lo han firmado, pero hay nueve compromisos que son como la Declaración Universal de Derechos Humanos, digo yo, en elecciones, relacionados con el respeto a la vida, el respeto a las instituciones, el respeto de la juventud, no difundir información falsa, usar un lenguaje constructivo y que no sea no haya lenguaje de odio discriminatorio. Ya hemos sacado dos informes del cumplimiento de este compromiso y lo que vemos es un deterioro del ambiente electoral y aquí lo importante es que esa situación depende de las campañas y de los candidatos y candidatas. Y ese ha sido el llamado, que esa violencia y agresividad en el lenguaje, en el tono de la campaña, también puede alimentar directamente la violencia de quienes sí tienen armas. Entonces, ahí sí tenemos una preocupación importante.

Uno de los hallazgos de ese informe fue precisamente que sigue el lenguaje agresivo, que no hay debates entre ideas sino ataques entre unos y otros. ¿Qué llamado puede hacer la Defensoría sobre estas conductas estando solo a una semana de las elecciones?

Que nos dejen país, para que quien tome el gobierno, pueda gobernarlo. El debate ha sido tan destructivo que nos va a dejar más divididos de lo que estábamos. Y yo creo que ese es un error muy grave para cualquier campaña electoral, porque un país necesita gobernabilidad para la persona que llegue a ejercer la Presidencia de la República. Y el presidente o la presidenta que llegue a ocupar el primer puesto de la Nación debe gobernar para todos y todas y garantizar los derechos a todas las personas. No va a gobernar para quienes votaron por él o por ella. Entonces el llamado es que en esta campaña realmente tomen conciencia y responsabilidad sobre el daño que le pueden causar a la democracia.

Aquí está la pregunta de cuánto vale ganar unas elecciones si se deja el país dividido, lleno de mentiras, creyendo que no podemos salir adelante conjuntamente, porque un presidente o una presidenta lo que tiene que hacer es llevar este barco y tratar de sacarlo adelante con la ayuda de de todos y todas. Ese es un primer mensaje. También quiero matizar, porque no es igual la responsabilidad de todos los candidatos y candidatas. No quiero entrar a decir “que este sí y este no”, porque no quedaría bien en mi lugar, pero no todas las candidaturas tienen los mismos códigos de conducta.

Hay unas candidaturas que son mucho más agresivas, que difunden información falsa y no les preocupa que estigmatizan deliberadamente a su adversario acusándolo de tener vínculos con grupos armados. Creo que esas conductas no están dando un buen ejemplo y va a ser negativo. El llamado también es a la ciudadanía, porque también somos los ciudadanos y las ciudadanas quienes participamos en ese debate en las redes sociales, quienes salimos a votar. La invitación es a verificar toda la información, no todo lo que se dice en redes y que sale en las propias campañas es verdad y uno tiene derecho a informarse y saber.

Es decir, si a mí me dicen, “si usted vota por fulanito, resulta que se va a inundar todo el país”, pues díganme si eso es verdad y yo voto o no voto por fulanito, pero yo tengo que saber que esa información es cierta. Es un derecho que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos. Entonces, también es la responsabilidad de verificar la información, de contrastarla, de votar a conciencia y de votar con esperanza y pensando en que lo que pase sea por un país mejor y no solo por el odio a otro sector.

Dentro de esa agresividad en campaña se han visto ataques contra las mujeres: Paloma Valencia, Aida Quilcué, Claudia López, entre otras. ¿Cómo analiza usted ese panorama específicamente?

Efectivamente estamos haciendo el monitoreo de este tipo de violencia, especialmente en medios digitales y en redes sociales y estamos viendo una fuerte violencia de género contra Claudia López, Paloma Valencia y Aida Quilcué, principalmente. También violencia de género contra Juan Daniel Oviedo e inclusive acusaciones, que lo que pretenden es ser como una ofensa, que es calificar al candidato Abelardo de la Espriella de ser homosexual. Todo esto dentro de una campaña llena de prejuicios, estigmatización y violencia de género contra las mujeres.

Las imágenes que se ven en las redes realmente son muy denigrantes, tristes y preocupantes. Ahí nosotros hemos llamado a las campañas, no solo a que no difundan ese tipo de información e imágenes, sino para que también las rechacen porque de alguna manera las beneficia. El tema de violencia de género es uno de los más fuertes. El otro fuerte es la estigmatización en el lenguaje ofensivo.

En esta campaña no hubo debates entre los punteros y funcionarios públicos como el presidente habrían participado en política haciendo alusiones a continuar su proyecto de gobierno. ¿Usted cree que las entidades como la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones se quedaron cortas en atajar esas demostraciones políticas?

Yo creo que se necesitan los mecanismos más rápidos. No creo necesariamente que haya sido falta de voluntad o tardanza en la respuesta, sino que los mecanismos a veces no son lo suficientemente rápidos para permitir esa respuesta. La Procuraduría ha dicho además que en esta nueva etapa de su campaña “Paz electoral” la está centrando en el tema de control de conducta de funcionarios y funcionarias públicas que estarían participando en política. Creo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) también tiene un rol importante allí y nosotros hemos documentado estos casos y los hemos dado a conocer también a las autoridades competentes e inclusive a los propios funcionarios de gobierno para que tomen medidas porque tenemos derecho a que las autoridades públicas sean imparciales en este debate electoral.

La Defensoría pidió, dentro de los puntos impostergables para el próximo gobierno, un plan urgente de acción para garantizar medicamentos y citas, además de la reforma al sistema de salud. ¿Cuál es su mensaje para los pacientes angustiados por la crisis?

Yo lo miraría por el lado positivo y es que todas las campañas tienen alguna propuesta que incluye un plan de urgencia para resolver el tema de la salud. Es decir, está claro que es una de las crisis, pues al lado de la violencia del conflicto armado y la criminalidad organizada, tal vez es de las crisis más graves que afecta directamente a la mayoría de la población. Lo hemos dicho, la mayor cantidad de quejas que recibe la Defensoría desde 2010 es por el tema de salud, pero en los últimos dos años y medio se ha elevado y son empinadas esas cifras. Las situaciones son dramáticas. A mí me escriben a veces para pedirme que por favor ayudemos con una autorización. A veces desde el portero del edificio hasta el primer cargo de las ramas del poder y todas pidiendo apoyo a la Defensoría del Pueblo. Es alarmante.

Yo sí creo que ese va a ser un tema que va a ocupar la primera prioridad. Nosotros hemos invitado no solo a que haya un plan de contingencia, sino también a que atiendan una serie de situaciones, por ejemplo, todo el tema de los cambios permanentes en las interventorías de las EPS han hecho un daño enorme. A la Nueva EPS nadie la defiende, yo voy a decir solo que en enero tuvimos una reunión donde nos presentaron un plan que estaba interesante, pero dijimos que hasta que no dé resultados, es un plan más y habíamos empezado a constatar una leve disminución de las quejas en la Nueva EPS y vinieron otra vez los cambios de todos los interventores, incluyendo la Nueva EPS. Eso tiene que suspenderse y tener un plan claro, estratégico, serio y continuado. La gente tiene que pedirle eso a los candidatos y a las candidatas.

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En cuanto a la urgencia en todo el tema de medicamentos, hay formas de responder con emergencia sin necesidad de dejárselo a los dispensadores de los medicamentos ni a las EPS. Entonces hay una serie de propuestas que tenemos en las decisiones impostergables, que queremos que el nuevo gobierno, sea el que sea, lo pueda adoptar. De otra parte, sí hay problemas estructurales en la salud. Es decir, esta crisis tiene muchas causas, unas de las cuales son estructurales y tampoco podemos distraernos de que sí es necesaria una reforma, ojalá en consenso de las diferentes fuerzas políticas. Ojalá cuando esta campaña se acabe, gane quien gane, se sienten todos, se pongan de acuerdo y saquen adelante una reforma a la salud pensando en la gente y en la crisis de la salud.

¿Cómo van a van a hacerle este seguimiento a que estos puntos impostergables efectivamente los empiece a cumplir el nuevo gobierno?

Nosotros ya presentamos esas peticiones a todas las campañas y hemos tenido respuesta positiva de revisión para inclusión en el eventual programa de gobierno. Luego, cuando ya se sepa quién va a ser la nueva persona que sea presidente de la República, en ese momento seguramente incidiremos en su equipo de empalme para que lo empiecen a incorporar y esperamos que también se refleje en las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros no planteamos formas específicas de hacer las cosas, sino prioridades y orientaciones porque eso sí dependerá de cada gobierno, del énfasis que le quiera dar, pero que consideramos son impostergables.

Hablemos ahora del gobierno que sale. El presidente Petro mantuvo constantes choques con la rama judicial. Hace una semana cuestionó decisiones del Consejo de Estado y señaló a un magistrado de tener intereses detrás. ¿Le preocupa que esos choques persistan a contados días de las elecciones?

Me preocupa que pueda ser visto por la ciudadanía como parte de un proceso simplemente electoral donde se trata de apoyar al uno o al otro en esta polarización en la que está metida el país. Eso no es sano para las instituciones. Yo siempre digo: la Constitución Política habla de la separación de poderes, y su independencia, pero también habla de la colaboración armónica entre las ramas del poder público. Es nuestro deber entre todas las instituciones ponernos cada uno con su función, pero confluir para la garantía de los derechos y de las funciones constitucionales que nos fueron asignadas. Por eso es preocupante el tono del debate.

A mí no me parece especialmente grave que el presidente, este o el que sea, plantee sus observaciones sobre una decisión judicial o diga “no estoy de acuerdo”, o que interponga recursos. Me parece que la rama judicial también está sujeta a escrutinio, eso es normal en una democracia. El problema es el tono. El problema no son las observaciones o las decisiones, sino el tono en el que se desconoce el lugar de la rama judicial en un Estado de Derecho como las autoridades encargadas, de manera autónoma e independiente, de resolver estos conflictos. Ahora, también creo que la rama judicial tiene una responsabilidad de rendición de cuentas y creo que también eso tiene que estar sobre la mesa.

El presidente también cuestionó a la Fiscalía por no levantar las órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo. Desde la Defensoría dijeron que les preocupaba que el gobierno pudiera caer en arbitrariedades. ¿Qué opina de la respuesta de Petro de que el poder para definir esas medidas lo tiene él y que la Fiscalía solo debería obedecer?

Yo creo que, de nuevo, es un tema de tono. De una parte, la Constitución y la ley sí le da esa competencia al presidente para el manejo del orden público y para tomar decisiones sobre suspensión de órdenes de captura en procesos de conversaciones, pero en ningún caso la fiscal general de la nación es inferior jerárquica del presidente de la República. Es decir, una cosa es la competencia que cada cual tiene y otra cosa es que una autoridad como la Fiscalía, que es judicial, esté subordinada a las órdenes del presidente. Eso es lo que en el mensaje y en el tono es muy desafiante, porque, entre otras cosas, si bien el presidente tiene unas facultades de conservación del orden público y adelantar procesos de paz y eso le da estas facultad de suspensiones de órdenes de captura, también es una facultad reglada y no la puede ejercer arbitrariamente.

Entonces, tienen un deber de realmente decir por qué se mantienen las órdenes de captura o por qué, por ejemplo, en el caso de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), sí estamos en las condiciones legales que se presentan, y pues también es razonable que una autoridad como la Fiscalía General de la Nación pues revise el cumplimiento de estas condiciones. Me parece que hace falta diálogo interinstitucional, por lo menos en el tono con que el presidente se está refiriendo a las competencias de la Fiscalía.

Hablando de paz y contradicciones, el Eln anunció un cese al fuego para las elecciones, pero una semana atrás le hicieron un “juicio revolucionario” a los cuatro funcionarios del CTI de la Fiscalía y la Dijín de la Policía que tienen secuestrados en Arauca. ¿Cómo lee la Defensoría estas decisiones tan contradictorias en cuestión de días?

Esto realmente es algo muy doloroso y creo que, por ejemplo, en el Catatumbo puede tener unas consecuencias terribles. Yo decía hace poco en un trino que “a no queremos más oír hablar de paz, sino que necesitamos hechos de paz. Creo que eso se logra es con coherencia y, tanto el Eln como todos los grupos armados, tienen sus discursos, trinos y su posición en las mesas de conversaciones, pero lo que nosotros monitoreamos en las regiones es diferente. Nuestro escepticismo es uno fundado en estar del lado de la gente, de las víctimas y estar viendo cómo estas personas se sienten absolutamente vulneradas por una cantidad de hechos que ya son sistemáticos.

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Nuestro llamado es: si quieren no vuelvan a decir nada y les creeremos el día que dejen de secuestrar, que liberen incondicionalmente a estas cuatro personas y a todo el resto que tienen secuestradas. Cuando dejen de usar drones, de producir desplazamientos, confinamientos, disputándose el territorio, la minería ilegal, asesinando líderes sociales, creo que en ese momento será creíble.

La Defensoría presentó esta semana cifras actualizadas al último año sobre masacres, asesinato de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. Todo esto se dio bajo un gobierno que tuvo como bandera la “paz total”, ¿qué balance hace de esta política?

Yo creo que el balance es un poco más complejo. Sin duda la situación de derechos humanos y humanitaria del país es muy preocupante. Los grupos han venido en un proceso de expansión, este año particularmente las masacres y los homicidios contra líderes defensores de derechos humanos han crecido. El año pasado fue uno de los años más críticos en materia de desplazamiento y confinamiento y el más grave desde el año 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz. Es evidente que la situación no está bien. Dicho esto, yo no sería tan simplista en decir que es por la política de paz total, y lo voy a decir porque el problema viene de atrás. La expansión de los grupos armados viene por lo menos desde 2018 y hubo un ritmo importante también de expansión de los grupos durante el gobierno anterior.

Segundo, hay grupos que se expandieron sin que hubiera acuerdos de paz. El que más se ha expandido es el Clan del Golfo, que tiene la mayor presencia territorial en Colombia. Y con ellos el proceso de conversaciones empezó el año pasado. Hay grupos armados con los que se acabaron las conversaciones como el Eln o las disidencias de “Mordisco” y aún así siguen creciendo y están haciendo todo lo que están haciendo en el suroccidente, por poner un ejemplo. Si bien ha habido simultaneidad y estas políticas no han sido idóneas para controlar este tema, yo no hablaría tan claramente de causalidad.

En medio de la campaña política tan agresiva ocurrió el asesinato del periodista Mateo Pérez, ¿considera que desde diferentes orillas políticas se usó esa tragedia para intensificar sus mensajes al cierre de las campañas?

Sí, tristemente sí. Digamos que mientras que estábamos adelantando la operación humanitaria hubo mucha presión por diferentes discursos en torno a lo que estaba sucediendo. De una parte, una presión muy grande por atribuir esto, inclusive hubo quienes dijeron “a Mateo lo mató Petro por la paz total, porque fueron las disidencias de ‘Calarcá’, y ellos tienen las órdenes de capturas suspendidas”. Y del lado más institucional, como una defensa de “nosotros estamos ayudando, estamos generando las condiciones humanitarias”. Por otra parte, otros apoyando la versión negacionista de las disidencias de ‘Calarcá’ sobre los crímenes. De nuevo veíamos una polarización, la verdad, muy triste porque pareciera que, en determinado momento, ciertos sectores pierden la perspectiva de lo que significa estar del lado de las víctimas.

Estar del lado de las víctimas implica a veces renunciar a posiciones políticas y sencillamente decir, “venga, yo en esto me voy a quedar callado, en esto no voy a usar a este muchacho para mandar un mensaje político”, sino sencillamente voy a respetar que era un joven periodista de 22 años que se fue además a investigar. Los políticos de alguna manera usan la historia para la disputa. No se ve un país unido en torno a un dolor tan grande para la familia, para el periodismo, para los jóvenes, si no se ve un país dividido y que disputa estos hechos para ver quién tiene la razón. Es muy difícil.

No podemos dejar pasar el caso de Yulixa Toloza, un hecho que ocurrió a plena luz a plena luz del día, en la capital del país. Además, el Estado la buscó durante seis días sin éxito y su muerte no puede ser más dolorosa: en total abandono. ¿En qué está fallando el Estado para que no haya una protección efectiva de los ciudadanos como Yulixa, e incluso, como Mateo Pérez?

Yo tengo una perspectiva distinta de los dos casos en ese aspecto. Uno de los temas que nos movió mucho en la Defensoría, en el caso de Mateo, era evitar una desaparición forzada. Es decir, que nunca volviéramos a saber dónde estaba su cuerpo. Eso a través de gestiones humanitarias también del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se logró evitar. En el caso de de Yulixa, también. Teniendo en cuenta que en Colombia hay más de 200.000 personas desaparecidas, suena cruel decirlo, me cuesta decirlo, pero aquí aparecieron a pocos días. No es lo normal en Colombia. Lo normal es que permanecen desaparecidos y las familias no vuelven a tener noticias. En ese sentido, siendo casos aterradores y tristes, en medio de todo la búsqueda funcionó.

Ahora, en el caso de esta mujer, estamos también hablando de violencia de género y estética. Es como la continuación de estos tipos de violencia, porque aunque es un tema estético, son las presiones de las mujeres sobre su cuerpo y sobre su imagen que se convierte en una situación en la que queda expuesta en un centro de salud que no tiene las condiciones, que después además la desaparece y trata de ocultar el cuerpo. Para eso está la alerta rosa, por ejemplo, que es un mecanismo que justamente hace pocos días se lanzó, junto con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia.

La idea es que, cuando una mujer desaparece, tiene que haber una búsqueda inmediata. Todavía no se ha puesto en funcionamiento la alerta Amber que sirve para alertar a todo un barrio de la desaparición de una mujer de manera que todo el mundo de alguna manera ayude a buscarla. Sí nos falta mucho todavía. Primero, erradicar la violencia de género, que es como el problema estructural de fondo; y, segundo, estos mecanismos que permiten fortalecer la respuesta inmediata para evitar que se conviertan en desapariciones.

¿En qué está fallando el Estado para que persistan estos problemas?

Es que este es un un país donde la vida no vale. Matan a las mujeres o mueren y las desaparecen por una cirugía estética. Mueren en sus hogares o por el conflicto armado o la criminalidad organizada. Creo que son primordiales las medidas integrales de prevención, protección y judicialización. La prevención implica unas medidas mucho más amplias que van desde lo cultural hasta los sistemas de protección. Y luego, claro, la investigación y judicialización para que estos hechos no queden en la impunidad, que infortunadamente es altísima en casos de violencia de género. Mientras que no haya una respuesta integral en todos los ámbitos, seguramente vamos a tener que seguir viendo este tipo de casos.

Con todo los problemas de los que hemos hablado, ¿cree que sí va a quedar un país al cual gobernar?

Sí creo. Yo he tratado, desde que soy defensora del Pueblo, de viajar por lo menos una vez cada 15 días a las regiones y en todas vemos una cantidad de procesos positivos. Por ejemplo, el mismo día que pasó lo de Mateo, estábamos en Tumaco (Nariño) con las estrategias del Buen Futuro de las Juventudes que tenemos allá, donde jóvenes artistas y deportistas trabajan alrededor de salir adelante. Entonces, ¿me quedo con el dolor, la frustración y el no futuro de la muerte de Mateo? ¿O me quedo con estos jóvenes de Tumaco alegres que bailan, que cantan, que tienen emprendimientos, que se han ganado premios que quieren comerse el mundo y salir adelante?

Yo creo que el país está lleno de esas iniciativas y de comunidades que, en medio de la soledad, la dificultad y la desesperanza, decide seguir creyendo. Por eso creo que sí hay país, el de la gente que todos los días sobrevive, se construye y se reconstruye en medio de la dificultad. El que llora a sus muertos y sigue adelante. Ese es el país que tenemos que mirar.

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