La periodista Claudia Julieta Duque demandó al Estado por la impunidad en su caso

La periodista e investigadora de derechos humanos Claudia Julieta Duque, quien fue objeto de intimidación, acoso, amenazas y vigilancia desde 2001, cuando investigaba el asesinato del periodista Jaime Garzón, presentó una demanda formal contra el Estado colombiano por las presuntas violaciones a los derechos humanos de las que ha sido víctima durante años.

La periodista señaló, además, que su hija María Alejandra Gómez también ha sido víctima de hostigamientos y por ello la acción judicial también va a su nombre. La demanda se presentó en las últimas horas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La solicitud ante la Comisión estuvo también acompañada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que ha acompañado el caso de Claudia Julieta Duque desde hace más de una década, incluso varios de sus miembros han servido como testigos en los procesos judiciales en Colombia.

(Lea:La más perseguida del DAS)

Según como fue relatado por este diario en 2013, el acoso en contra de Duque comenzó pocos días después del crimen del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, pues al investigar el asesinato Duque encontró pistas que, supuestamente, relacionaban a agentes del Estado con el homicidio. Esto le costó un secuestro, un hurto, continuas llamadas intimidantes y un sinnúmero de ataques que la pusieron en riesgo y la obligaron a exiliarse en el año 2001.

Regresó al país en 2002 y empezó a colaborar en un documental del programa Contravía emitido meses después, en el que se documentaba que la investigación del caso Jaime Garzón había sido desviada por el DAS. Y, en su momento aseguró que volvió a ser víctima de las persecuciones y amenazas en su contra.

(Lea:Impunidad en procesos por ataques a periodistas llega al 98.81%)

En la petición ante la CIDH Claudia Julieta Duque y su hija hacen un recuento de las violaciones a los derechos humanos infligidas por el DAS entre los años 2001 y 2008, y además mencionan la impunidad en la que permanecen nuevas amenazas y hostigamientos como consecuencia de la batalla de Duque para que la verdad de su caso salga a la luz.

Tanto Duque como Gómez tienen medidas cautelares de la CIDH desde el año 2009, razón por la cual solicitaron que su caso sea prioritario, lo anterior se solicitó en conformidad con el reglamento interno de la misma Comisión.

La justicia colombiana estableció en su momento que si hubo un ataque sistemático en contra de la periodista por lo menos entre 2001 y 2004. El grupo G-3, creado por la administración de Jorge Noguera en el DAS, recogió información de ella de manera ilegal, aportó fotografías de su residencia y de su hija, chuzó sus correos, espió a su círculo cercano en una operación denominada “Caso Filtración” y abrió una carpeta especial con su nombre denominada “Caso Julieta”. Lo más absurdo es que el 17 de noviembre de 2004 se creó un manual para amenazarla, que tenía instrucciones para evitar ser descubiertos y hasta las frases para intimidarla.

Los hechos de la petición que fue presentada en las últimas horas ante la CIDH fueron calificados por las cortes colombianas como tortura psíquica agravada y por la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad.

(Lea: Eurodiputados exigen a Colombia protección a la periodista Claudia Julieta Duque)

La periodista e investigadora de derechos humanos Claudia Julieta Duque, quien fue objeto de intimidación, acoso, amenazas y vigilancia desde 2001, cuando investigaba el asesinato del periodista Jaime Garzón, presentó una demanda formal contra el Estado colombiano por las presuntas violaciones a los derechos humanos de las que ha sido víctima durante años.

La periodista señaló, además, que su hija María Alejandra Gómez también ha sido víctima de hostigamientos y por ello la acción judicial también va a su nombre. La demanda se presentó en las últimas horas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La solicitud ante la Comisión estuvo también acompañada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que ha acompañado el caso de Claudia Julieta Duque desde hace más de una década, incluso varios de sus miembros han servido como testigos en los procesos judiciales en Colombia.

(Lea:La más perseguida del DAS)

Según como fue relatado por este diario en 2013, el acoso en contra de Duque comenzó pocos días después del crimen del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, pues al investigar el asesinato Duque encontró pistas que, supuestamente, relacionaban a agentes del Estado con el homicidio. Esto le costó un secuestro, un hurto, continuas llamadas intimidantes y un sinnúmero de ataques que la pusieron en riesgo y la obligaron a exiliarse en el año 2001.

Regresó al país en 2002 y empezó a colaborar en un documental del programa Contravía emitido meses después, en el que se documentaba que la investigación del caso Jaime Garzón había sido desviada por el DAS. Y, en su momento aseguró que volvió a ser víctima de las persecuciones y amenazas en su contra.

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En la petición ante la CIDH Claudia Julieta Duque y su hija hacen un recuento de las violaciones a los derechos humanos infligidas por el DAS entre los años 2001 y 2008, y además mencionan la impunidad en la que permanecen nuevas amenazas y hostigamientos como consecuencia de la batalla de Duque para que la verdad de su caso salga a la luz.

Tanto Duque como Gómez tienen medidas cautelares de la CIDH desde el año 2009, razón por la cual solicitaron que su caso sea prioritario, lo anterior se solicitó en conformidad con el reglamento interno de la misma Comisión.

La justicia colombiana estableció en su momento que si hubo un ataque sistemático en contra de la periodista por lo menos entre 2001 y 2004. El grupo G-3, creado por la administración de Jorge Noguera en el DAS, recogió información de ella de manera ilegal, aportó fotografías de su residencia y de su hija, chuzó sus correos, espió a su círculo cercano en una operación denominada “Caso Filtración” y abrió una carpeta especial con su nombre denominada “Caso Julieta”. Lo más absurdo es que el 17 de noviembre de 2004 se creó un manual para amenazarla, que tenía instrucciones para evitar ser descubiertos y hasta las frases para intimidarla.

Los hechos de la petición que fue presentada en las últimas horas ante la CIDH fueron calificados por las cortes colombianas como tortura psíquica agravada y por la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad.

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