La política al servicio de la nación

En realidad, fue el hastío de los colombianos frente a los vicios sórdidos de la política que empezaron a agudizarse en los gobiernos de Alfonso López Michelsen (1974-78) y de Julio César Turbay Ayala (1978-82) lo que le dio vuelo a la figura y luego a las candidaturas presidenciales de Galán. El representaba la política puesta al servicio de los intereses nacionales, en contraposición con el modelo siniestro, el de Alberto Santofimio Botero, que convirtió los cargos públicos en botín personal. El paralelo es diciente. Galán, nacido en 1943, fue ministro de Educación de Misael Pastrana a los 26 años. Santofimio, nacido en 1942, fue ministro de Justicia de López Michelsen a los 32 años. Santofimio, después de falsificar resoluciones como presidente de la Cámara de Representantes, donde nombró muertos y menores de edad, después de adulterar los microfilmes de sus cuentas bancarias en el Banco Cafetero, culminó su carrera delictiva como consigliere de Pablo Escobar. Un exministro, Galán, fue emblema de la legalidad. Otro exministro, Santofimio, se pasó al crimen organizado y terminó de coautor de un magnicidio.

El rechazo que se sintió en Colombia contra las actuaciones de Santofimio y contra la forma aviesa como se apoderó del partido liberal en el Tolima, multiplicado por todos los Santofimios de otros departamentos, le dio raigambre al liderazgo de Galán. Los antecesores de Santofimio como jefes liberales del Tolima, Felipe Salazar Santos y Rafael Caicedo Espinosa, nunca fueron acusados por falsificar documentos públicos.

El clamor nacional contra los parlamentarios que se enfermaban matemáticamente el primero de enero durante seis meses para que sus suplentes también devengaran sueldo, y después se mejoraban milagrosamente mientras los suplentes caían en cama para que siguieran en nómina, como lo hizo, para mencionar uno solo, Miguel Pinedo Vidal, representante del Magdalena, unido a innumerables desmanes con los auxilios parlamentarios, con el turismo parlamentario y con los peculados en la rama ejecutiva, ese clamor nacional encontró cauce en la personalidad cautivante y en la trayectoria limpia de Luis Carlos Galán.

La corrupción era menor y menos costosa. El procurador general de la Nación durante el gobierno de Turbay, Guillermo González Charry, utilizó un documento falso para incrementar en 1.000 pesos su pensión de jubilación. De esa falta se pasó al cartel de la toga. Hoy se sabe que en la Corte Suprema de Justicia los congresistas pagaban miles de millones de pesos para lograr el archivo de órdenes de captura. Cómo se agigantó la corrupción se prueba también con el periplo de Pinedo Vidal. Pasó de las trampas con certificados médicos en 1974 a una condena del 2012 por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, aliándose con el paramilitar y violador de niñas Hernán Giraldo.

La gente creía en Galán por la repugnancia que producían los contralores generales de la República, como Julio Enrique Escallón Ordóñez, que nombró la parentela en la nómina, como Aníbal Martínez Zuleta, condenado por los sobornos que le pagaba un banco por mantener allí las cuentas de la Contraloría, como el fallecido Rodolfo González García, que recibía en su cuenta bancaria dineros de origen ilícito.

Hoy la elección popular de alcaldes y gobernadores representa un pillaje que garantiza la rotación de delincuentes cada cuatro años. Ya no hay comisiones ni porcentajes en los contratos oficiales, pasó a la historia el CVY (cómo voy yo), pues las cuadrillas que se apoderan de una alcaldía o gobernación se adueñan de toda la contratación con sus mafias. Los ciudadanos pagan el mismo IVA que en Alemania, el 19%, para que todos los años haya recursos para seguir financiando el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que solamente sirve para enriquecer a unos sujetos que compran tamales en empresas de grúas y que luego son condenados a apenas tres años de cárcel. El PAE no funciona, está desacreditado, pero todos los gobiernos lo renuevan. Mayores impuestos no han significado más bienestar sino la privatización del presupuesto a favor de los Alejandro Lyons, los Musa Besaile, los Noño Elías y todos sus congéneres en los distintos departamentos.

En plata contante y sonante la corrupción nos cuesta hoy más que lo que valía cuando Luis Carlos Galán se convirtió en el abanderado de la esperanza y significa, no solamente un problema moral, ético o penal sino un freno al desarrollo económico.

¿Conclusión muy pesimista? El escritor Eduardo Caballero Calderón, que no fue revolucionario ni de izquierda sino un liberal a secas, sostenía que el defecto de los gobiernos latinoamericanos "Consiste en su total ausencia de ambición histórica, en su total falta de autocrítica, en su criminal descuido del porvenir".

En realidad, fue el hastío de los colombianos frente a los vicios sórdidos de la política que empezaron a agudizarse en los gobiernos de Alfonso López Michelsen (1974-78) y de Julio César Turbay Ayala (1978-82) lo que le dio vuelo a la figura y luego a las candidaturas presidenciales de Galán. El representaba la política puesta al servicio de los intereses nacionales, en contraposición con el modelo siniestro, el de Alberto Santofimio Botero, que convirtió los cargos públicos en botín personal. El paralelo es diciente. Galán, nacido en 1943, fue ministro de Educación de Misael Pastrana a los 26 años. Santofimio, nacido en 1942, fue ministro de Justicia de López Michelsen a los 32 años. Santofimio, después de falsificar resoluciones como presidente de la Cámara de Representantes, donde nombró muertos y menores de edad, después de adulterar los microfilmes de sus cuentas bancarias en el Banco Cafetero, culminó su carrera delictiva como consigliere de Pablo Escobar. Un exministro, Galán, fue emblema de la legalidad. Otro exministro, Santofimio, se pasó al crimen organizado y terminó de coautor de un magnicidio.

El rechazo que se sintió en Colombia contra las actuaciones de Santofimio y contra la forma aviesa como se apoderó del partido liberal en el Tolima, multiplicado por todos los Santofimios de otros departamentos, le dio raigambre al liderazgo de Galán. Los antecesores de Santofimio como jefes liberales del Tolima, Felipe Salazar Santos y Rafael Caicedo Espinosa, nunca fueron acusados por falsificar documentos públicos.

El clamor nacional contra los parlamentarios que se enfermaban matemáticamente el primero de enero durante seis meses para que sus suplentes también devengaran sueldo, y después se mejoraban milagrosamente mientras los suplentes caían en cama para que siguieran en nómina, como lo hizo, para mencionar uno solo, Miguel Pinedo Vidal, representante del Magdalena, unido a innumerables desmanes con los auxilios parlamentarios, con el turismo parlamentario y con los peculados en la rama ejecutiva, ese clamor nacional encontró cauce en la personalidad cautivante y en la trayectoria limpia de Luis Carlos Galán.

La corrupción era menor y menos costosa. El procurador general de la Nación durante el gobierno de Turbay, Guillermo González Charry, utilizó un documento falso para incrementar en 1.000 pesos su pensión de jubilación. De esa falta se pasó al cartel de la toga. Hoy se sabe que en la Corte Suprema de Justicia los congresistas pagaban miles de millones de pesos para lograr el archivo de órdenes de captura. Cómo se agigantó la corrupción se prueba también con el periplo de Pinedo Vidal. Pasó de las trampas con certificados médicos en 1974 a una condena del 2012 por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, aliándose con el paramilitar y violador de niñas Hernán Giraldo.

La gente creía en Galán por la repugnancia que producían los contralores generales de la República, como Julio Enrique Escallón Ordóñez, que nombró la parentela en la nómina, como Aníbal Martínez Zuleta, condenado por los sobornos que le pagaba un banco por mantener allí las cuentas de la Contraloría, como el fallecido Rodolfo González García, que recibía en su cuenta bancaria dineros de origen ilícito.

Hoy la elección popular de alcaldes y gobernadores representa un pillaje que garantiza la rotación de delincuentes cada cuatro años. Ya no hay comisiones ni porcentajes en los contratos oficiales, pasó a la historia el CVY (cómo voy yo), pues las cuadrillas que se apoderan de una alcaldía o gobernación se adueñan de toda la contratación con sus mafias. Los ciudadanos pagan el mismo IVA que en Alemania, el 19%, para que todos los años haya recursos para seguir financiando el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que solamente sirve para enriquecer a unos sujetos que compran tamales en empresas de grúas y que luego son condenados a apenas tres años de cárcel. El PAE no funciona, está desacreditado, pero todos los gobiernos lo renuevan. Mayores impuestos no han significado más bienestar sino la privatización del presupuesto a favor de los Alejandro Lyons, los Musa Besaile, los Noño Elías y todos sus congéneres en los distintos departamentos.

En plata contante y sonante la corrupción nos cuesta hoy más que lo que valía cuando Luis Carlos Galán se convirtió en el abanderado de la esperanza y significa, no solamente un problema moral, ético o penal sino un freno al desarrollo económico.

¿Conclusión muy pesimista? El escritor Eduardo Caballero Calderón, que no fue revolucionario ni de izquierda sino un liberal a secas, sostenía que el defecto de los gobiernos latinoamericanos "Consiste en su total ausencia de ambición histórica, en su total falta de autocrítica, en su criminal descuido del porvenir".