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15 Aug 2021 - 2:00 a. m.

La ponencia que tiene con los nervios de punta al gobierno Duque

El Espectador revela el documento que pide declarar el estado de cosas inconstitucional en materia de garantías de seguridad para los excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc. Crudo diagnóstico sobre los incumplimientos del Estado en contravía del Acuerdo de Paz.
Juan David Laverde Palma

Juan David Laverde Palma

Periodista Noticias Caracol
Marcha de excombatientes FARC
Marcha de excombatientes FARC
Foto: José Vargas

Con el sol a sus espaldas ya, en el último año de su cuatrienio, el presidente Iván Duque y su gobierno están ad portas de recibir uno de los peores regaños de su accidentado mandato. La Corte Constitucional estudia una ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que pide declarar el estado de cosas inconstitucional en desarrollo de la implementación del proceso de la paz con la antigua guerrilla de las Farc. Un proyecto de fallo que se sustenta en los múltiples incumplimientos por parte del Estado para garantizar la reincorporación a la vida civil de más de 13 mil excombatientes que depusieron sus armas y el incesante conteo de muertos de firmantes del Acuerdo que el Partido Comunes calcula en 270 víctimas desde diciembre de 2016. Una radiografía de omisiones y excusas gubernamentales que para la jurista resultan inadmisibles.

El Espectador tiene en su poder el documento de 253 páginas que tiene con los nervios de punta a la Casa de Nariño. La génesis del caso fueron varias tutelas que interpusieron ocho exguerrilleros y dirigentes locales del Partido Comunes ante distintos tribunales del país y que fueron acumuladas en un solo expediente en la Corte. Todos los accionantes denunciaron el recrudecimiento del conflicto en sus regiones, la multiplicación de amenazas y riesgos para ellos y sus familias, y los muy precarios avances en las garantías de seguridad, integridad personal y condiciones dignas para vivir en paz, tal como se pactó con el Estado. Esto, en buena medida, debido al accionar de grupos ilegales como el Eln, el Clan del Golfo y las mismas disidencias del proceso, pero sobre todo a la escasa presencia de la Fuerza Pública y de la institucionalidad articulada en esos territorios.

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