La primera derrota de Argos en los Montes de María

Desde 2012, Argos, la principal cementera del país, venía defendiendo reiteradamente la compra, a finales de 2000, de 6.600 hectáreas de tierras en los Montes de María, a intermediarios que se aprovecharon de campesinos afectados por la violencia y que huyeron despavoridos de sus parcelas, asegurando que actuó de buena fe y sin saber que estos fueron forzados a vender.

Sin embargo, su defensa se ha empezado a derrumbar. El Tribunal de Restitución de Tierras de Cúcuta estableció, en una sentencia del pasado 16 de febrero y que ha pasado de agache, que la cementera no compró de buena fe exenta de culpa una parcela a un campesino en El Carmen de Bolívar (Bolívar), en donde hoy siembra teca.

Además, que Argos utilizó “diferentes figuras jurídicas” para acumular tierras de campesinos desplazados y le negó la compensación que exigía. Como si esto no fuera poco, ordenó a la Fiscalía investigar a la cementera y a los que participaron en el negocio. La empresa siempre ha dicho que ni esta ni alguna de sus filiales participaron en la negociación de compra entre los campesinos y el intermediario, Otto Bula.

Pero la justicia dice otra cosa. Este fallo sienta varios precedentes en la restitución de tierras en las que están involucradas empresas. Uno de ellos, es que la responsabilidad de los terceros en el conflicto armado no se limita a la financiación de los grupos armados ilegales, sino que incluye cómo se aprovecharon del impacto de la violencia para hacer sus negocios.

Argos insistió en negar ante el Tribunal que sacara ventaja de los campesinos y que su razón para comprar en los Montes de María fue para desarrollar proyectos de captura de carbono en una zona afectada por el conflicto y no para especular o revender la tierra. Por ello, la cementera organizó una fundación, construyó una carretera entre el Salado y El Carmen de Bolívar e invirtió en programas sociales.

La cementera aseguró en el proceso que “no supo, ni tuvo que suponer que en 2010 había personas enajenando sus propiedades motivadas por el temor o la violencia”. Además justificó este tipo de inversiones en los Montes de María porque el Estado volvía a hacerse presente en una zona en postconflicto. También sostuvo ante la justicia que verificó que el intermediario que le vendió la propiedad del campesino “contó con la autorización del Comité de Atención a la Población Desplazada, así como por parte del campesino”.

El fallo del Tribunal deja al descubierto que todo esto no fue así. Más allá de las irregularidades cometidas por los intermediarios y de las que se excusa la cementera, la sentencia llama la atención de que a Argos no le importaron estas anomalías, ni tampoco que hiciera muchas preguntas. Con una simple indagación, dictamina la justicia, Argos pudo haber descubierto que en la Gobernación de Bolívar había denuncias de que intermediarios se estaban aprovechando de este labriego.

La fundación Crecer en Paz, creada por el Grupo Argos para trabajar con campesinos de la región, notificó que el predio del reclamante de este proceso ya fue devuelto y que se entregó “en un acto pacífico y voluntario”, en presencia del propio reclamante y de representantes de entidades estatales como la Unidad de Restitución de Tierras y la Procuraduría. “Nuestro firme propósito continúa siendo que en los Montes de María la paz crezca”, agregó la fundación, que de paso invitó al reclamante a participar en sus proyectos.

Esta sentencia, no obstante, muestra que las empresas no podrán esgrimir argumentos frágiles como que no sabían lo que ocurría, para justificar la legitimidad de sus negocios, en especial en la compra de tierras que alguna vez fueron de campesinos que se vieron forzados a vender.

Además es escandaloso que la multilatina paisa señalara que el valor pagado fue el que aparece en los documentos de venta y en la escritura pública y que además fue “superior al que tenían los inmuebles de la zona en el momento de compra”, cuando se vino a conocer en el proceso que su intermediario solo le pagó al campesino $7 millones de los $27 millones por los que pactó la compra de la finca.

Desde 2012, Argos, la principal cementera del país, venía defendiendo reiteradamente la compra, a finales de 2000, de 6.600 hectáreas de tierras en los Montes de María, a intermediarios que se aprovecharon de campesinos afectados por la violencia y que huyeron despavoridos de sus parcelas, asegurando que actuó de buena fe y sin saber que estos fueron forzados a vender.

Sin embargo, su defensa se ha empezado a derrumbar. El Tribunal de Restitución de Tierras de Cúcuta estableció, en una sentencia del pasado 16 de febrero y que ha pasado de agache, que la cementera no compró de buena fe exenta de culpa una parcela a un campesino en El Carmen de Bolívar (Bolívar), en donde hoy siembra teca.

Además, que Argos utilizó “diferentes figuras jurídicas” para acumular tierras de campesinos desplazados y le negó la compensación que exigía. Como si esto no fuera poco, ordenó a la Fiscalía investigar a la cementera y a los que participaron en el negocio. La empresa siempre ha dicho que ni esta ni alguna de sus filiales participaron en la negociación de compra entre los campesinos y el intermediario, Otto Bula.

Pero la justicia dice otra cosa. Este fallo sienta varios precedentes en la restitución de tierras en las que están involucradas empresas. Uno de ellos, es que la responsabilidad de los terceros en el conflicto armado no se limita a la financiación de los grupos armados ilegales, sino que incluye cómo se aprovecharon del impacto de la violencia para hacer sus negocios.

Argos insistió en negar ante el Tribunal que sacara ventaja de los campesinos y que su razón para comprar en los Montes de María fue para desarrollar proyectos de captura de carbono en una zona afectada por el conflicto y no para especular o revender la tierra. Por ello, la cementera organizó una fundación, construyó una carretera entre el Salado y El Carmen de Bolívar e invirtió en programas sociales.

La cementera aseguró en el proceso que “no supo, ni tuvo que suponer que en 2010 había personas enajenando sus propiedades motivadas por el temor o la violencia”. Además justificó este tipo de inversiones en los Montes de María porque el Estado volvía a hacerse presente en una zona en postconflicto. También sostuvo ante la justicia que verificó que el intermediario que le vendió la propiedad del campesino “contó con la autorización del Comité de Atención a la Población Desplazada, así como por parte del campesino”.

El fallo del Tribunal deja al descubierto que todo esto no fue así. Más allá de las irregularidades cometidas por los intermediarios y de las que se excusa la cementera, la sentencia llama la atención de que a Argos no le importaron estas anomalías, ni tampoco que hiciera muchas preguntas. Con una simple indagación, dictamina la justicia, Argos pudo haber descubierto que en la Gobernación de Bolívar había denuncias de que intermediarios se estaban aprovechando de este labriego.

La fundación Crecer en Paz, creada por el Grupo Argos para trabajar con campesinos de la región, notificó que el predio del reclamante de este proceso ya fue devuelto y que se entregó “en un acto pacífico y voluntario”, en presencia del propio reclamante y de representantes de entidades estatales como la Unidad de Restitución de Tierras y la Procuraduría. “Nuestro firme propósito continúa siendo que en los Montes de María la paz crezca”, agregó la fundación, que de paso invitó al reclamante a participar en sus proyectos.

Esta sentencia, no obstante, muestra que las empresas no podrán esgrimir argumentos frágiles como que no sabían lo que ocurría, para justificar la legitimidad de sus negocios, en especial en la compra de tierras que alguna vez fueron de campesinos que se vieron forzados a vender.

Además es escandaloso que la multilatina paisa señalara que el valor pagado fue el que aparece en los documentos de venta y en la escritura pública y que además fue “superior al que tenían los inmuebles de la zona en el momento de compra”, cuando se vino a conocer en el proceso que su intermediario solo le pagó al campesino $7 millones de los $27 millones por los que pactó la compra de la finca.