'La Procuraduría persigue a la comunidad LGBTI'

“Gracias al procurador, un acto de amor se ha vuelto una pesadilla legal”, sostiene el director de la ONG Colombia Diversa, Mauricio Albarracín, en referencia a la enconada oposición que el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, ha hecho al matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo al punto de ordenarle a sus delegados que interpongan recursos para que se anulen las uniones que los jueces ya han aprobado.

Desde julio de 2013, además, la procuradora para asuntos civiles, Virginia Guevara, les viene solicitando a los procuradores regionales minuciosos informes sobre las solicitudes de matrimonio civil presentadas por las parejas del mismo sexo en sus respectivas regiones.

“Están usando la institución y los recursos públicos para recoger los datos personales y sensibles de una población históricamente discriminada”, denuncia Albarracín,    quien asegura que “la Procuraduría está persiguiendo sistemáticamente a la comunidad LGBTI”. Por ello, hace unos meses dos mujeres interpusieron una tutela para que la justicia le ponga freno al procurador. Ésta acaba de ser aceptada para su estudio por la Corte Constitucional. Esa comunidad espera que el alto tribunal acabe con esta campaña, la que no ha dudado en calificar como “una caza de brujas”.

En la tutela, conocida por El Espectador, las demandantes sostienen que la solicitud hecha por la Procuraduría a través de la circular 001 de 2013 “es una intromisión arbitraria en la intimidad de las parejas que no tiene ningún tipo de sustento en las funciones de vigilancia y control que ejerce esa entidad”. De la misma forma advierte que el fin del Ministerio Público no parece ser otro que “atacar a las familias conformadas por parejas del mismo sexo en lugar de protegerlas, como fue la exhortación hecha por la Corte Constitucional”.

Asimismo, se denuncia que “la recolección de un dato sensible que caracteriza a un grupo históricamente discriminado es propia de regímenes autoritarios, redunda en un ejercicio desproporcionado de las competencias de la Procuraduría y además resulta muy peligroso por el riesgo de acciones discriminatorias que pueden ser ejercidas en contra de estas personas tal y como la historia lo ha demostrado”.

En el documento de 12 páginas se advierte que “los datos solicitados permiten hacer un mapeo del grupo poblacional, pues se tiene acceso a nombres completos, identificaciones, allegados y direcciones de residencia. Esta información puede ser tratada de manera indiscriminada (...). El tratamiento y difusión de nuestros datos es una situación que nos genera temor, ya que, como hemos señalado, puede hacerse pública y pueden generarse situaciones de discriminación en nuestra contra”. Añadió que el año pasado Colombia Diversa denunció que, pese a la acción de las autoridades, entre 2006 y 2011 fueron asesinados 542 miembros de esta comunidad. “La Procuraduría ha sido más activa a la hora de perseguir a estas parejas que a la hora de esclarecer estos homicidios (...). La Procuraduría, sencillamente, no está cumpliendo con sus funciones”, denuncia Albarracín.

El procurador Ordóñez, entre tanto, ha insistido en que “una cosa es el matrimonio, que siempre debe entenderse entre uno y una, y otra es la solemnidad que pide la Corte Constitucional (en la sentencia C-577 de 2011) respecto a la unión homosexual: ‘lo que dice la Corte es que hay un déficit de derechos y para ello pide una solemnización del contrato, que no es matrimonio’”.

En Colombia, el camino hacia la igualdad entre las parejas del mismo sexo y las parejas heterosexuales sigue lleno de escollos, mientras en países como el Reino Unido, donde esta semana se celebraron los primeros matrimonios igualitarios avalados por ley, la igualdad parece ser cada vez más una realidad. “Sólo queremos que las parejas se puedan casar tranquilas”, concluye Albarracín. ¿Cuándo será que en Colombia se le dará vía libre a algo tan sencillo como que dos personas que se aman puedan casarse?

“Gracias al procurador, un acto de amor se ha vuelto una pesadilla legal”, sostiene el director de la ONG Colombia Diversa, Mauricio Albarracín, en referencia a la enconada oposición que el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, ha hecho al matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo al punto de ordenarle a sus delegados que interpongan recursos para que se anulen las uniones que los jueces ya han aprobado.

Desde julio de 2013, además, la procuradora para asuntos civiles, Virginia Guevara, les viene solicitando a los procuradores regionales minuciosos informes sobre las solicitudes de matrimonio civil presentadas por las parejas del mismo sexo en sus respectivas regiones.

“Están usando la institución y los recursos públicos para recoger los datos personales y sensibles de una población históricamente discriminada”, denuncia Albarracín,    quien asegura que “la Procuraduría está persiguiendo sistemáticamente a la comunidad LGBTI”. Por ello, hace unos meses dos mujeres interpusieron una tutela para que la justicia le ponga freno al procurador. Ésta acaba de ser aceptada para su estudio por la Corte Constitucional. Esa comunidad espera que el alto tribunal acabe con esta campaña, la que no ha dudado en calificar como “una caza de brujas”.

En la tutela, conocida por El Espectador, las demandantes sostienen que la solicitud hecha por la Procuraduría a través de la circular 001 de 2013 “es una intromisión arbitraria en la intimidad de las parejas que no tiene ningún tipo de sustento en las funciones de vigilancia y control que ejerce esa entidad”. De la misma forma advierte que el fin del Ministerio Público no parece ser otro que “atacar a las familias conformadas por parejas del mismo sexo en lugar de protegerlas, como fue la exhortación hecha por la Corte Constitucional”.

Asimismo, se denuncia que “la recolección de un dato sensible que caracteriza a un grupo históricamente discriminado es propia de regímenes autoritarios, redunda en un ejercicio desproporcionado de las competencias de la Procuraduría y además resulta muy peligroso por el riesgo de acciones discriminatorias que pueden ser ejercidas en contra de estas personas tal y como la historia lo ha demostrado”.

En el documento de 12 páginas se advierte que “los datos solicitados permiten hacer un mapeo del grupo poblacional, pues se tiene acceso a nombres completos, identificaciones, allegados y direcciones de residencia. Esta información puede ser tratada de manera indiscriminada (...). El tratamiento y difusión de nuestros datos es una situación que nos genera temor, ya que, como hemos señalado, puede hacerse pública y pueden generarse situaciones de discriminación en nuestra contra”. Añadió que el año pasado Colombia Diversa denunció que, pese a la acción de las autoridades, entre 2006 y 2011 fueron asesinados 542 miembros de esta comunidad. “La Procuraduría ha sido más activa a la hora de perseguir a estas parejas que a la hora de esclarecer estos homicidios (...). La Procuraduría, sencillamente, no está cumpliendo con sus funciones”, denuncia Albarracín.

El procurador Ordóñez, entre tanto, ha insistido en que “una cosa es el matrimonio, que siempre debe entenderse entre uno y una, y otra es la solemnidad que pide la Corte Constitucional (en la sentencia C-577 de 2011) respecto a la unión homosexual: ‘lo que dice la Corte es que hay un déficit de derechos y para ello pide una solemnización del contrato, que no es matrimonio’”.

En Colombia, el camino hacia la igualdad entre las parejas del mismo sexo y las parejas heterosexuales sigue lleno de escollos, mientras en países como el Reino Unido, donde esta semana se celebraron los primeros matrimonios igualitarios avalados por ley, la igualdad parece ser cada vez más una realidad. “Sólo queremos que las parejas se puedan casar tranquilas”, concluye Albarracín. ¿Cuándo será que en Colombia se le dará vía libre a algo tan sencillo como que dos personas que se aman puedan casarse?