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El más reciente informe de la organización defensora de derechos humanos Dejusticia, sobre el cuidado en Colombia, busca poner en primer plano ese derecho y proponer una salida a la desprotección estatal que lo atraviesa. El análisis expone que el país cuenta con avances legislativos recientes, pero que el sistema jurídico colombiano aún no reconoce explícitamente el cuidado, ni los mecanismos para garantizarlo. Esa es una de las principales conclusiones de la investigación que fue presentada este 17 de julio, con el apoyo de ONU Mujeres y redactada por las expertas Lucía Ramírez, Margarita Martínez. Nathalia González y Anyer Mosquera.
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A modo de contexto, el informe explica que las autoridades nacionales han dado algunos pasos importantes en la garantía del cuidado para y entre colombianos, pues desde los años noventa ha expedido leyes que tocan tangencialmente ese derecho. Incluso, que hoy los colombianos cuentan con un Sistema Nacional de Cuidado, a cargo del Ministerio de la Igualdad, y un documento Conpes sobre su política nacional. Además, en los últimos dos años, la Corte Constitucional ha reconocido el cuidado como un derecho fundamental en cerca de veinte sentencias. Aun así, todavía no existe una ley que defina claramente cómo debe entenderse y protegerse en el país, vinculando a instituciones a ello, con sus respectivas responsabilidades.
De acuerdo con las investigadoras, la carga de cuidar ha recaído históricamente sobre las mujeres, en especial sobre aquellas que enfrentan múltiples formas de discriminación: mujeres empobrecidas, racializadas, migrantes y rurales. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia las mujeres dedican en promedio casi ocho horas diarias al trabajo de cuidado, que no es remunerado, mientras que los hombres solo dedican tres. Además, quienes se dedican al cuidado remunerado, como las trabajadoras domésticas, suelen enfrentar largas jornadas, bajos salarios y tratos indignos.
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Para Dejusticia, reconocer el cuidado como un derecho implica dejar de verlo como una responsabilidad femenina o una tarea privada del hogar. Se trata, entonces, de aceptar que todas las personas, sin excepción, necesitan cuidar, ser cuidadas y practicar el autocuidado a lo largo de sus vidas, como base fundamental de las actividades en sociedad. Eso exige condiciones dignas tanto para quienes cuidan como para quienes reciben cuidados, y también para quienes desean cuidar de sí mismas.
“De acuerdo con datos del DANE, el 45,4% de los hogares en el país tienen jefatura femenina y, de estos, el 37,7% están afectados por la pobreza monetaria. Asimismo, el 15,2% de las niñas y mujeres entre seis y 21 años reportan no estudiar por tener que encargarse del cuidado de otros niños y niñas, adultos mayores o personas con discapacidad. Estos datos evidencian que, en Colombia, además de ser las principales responsables del trabajo de cuidado no remunerado, las mujeres lo realizan en condiciones precarizadas”, se lee en el texto.
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La propuesta principal del informe es expedir una ley estatutaria, por parte del Congreso, que reconozca expresamente el derecho al cuidado. Esta normativa debería promover una nueva organización social de los cuidados, establecer obligaciones para el Estado, definir los alcances del derecho —cómo cuidar, recibir cuidados y autocuidarse— y garantizar su cumplimiento. Además, la ley debería inspirarse en modelos internacionales, como el de “las 5R”: reconocer, redistribuir, reducir, recompensar y representar.
Entre los cambios legislativos propuestos están la creación de licencias parentales que incluyan a las familias diversas. Asimismo, medidas para garantizar un mínimo vital a personas cuidadoras no remuneradas, especialmente mujeres. Y reformas para asegurar condiciones laborales dignas a quienes cuidan de manera remunerada. También se plantea la necesidad de revisar normas como la Ley 100 (sistema de Seguridad Social) para incluir los derechos de las parteras dentro del sistema de salud.
La experiencia de otros países de América Latina, según el informe, puede servir de guía. En México, Ecuador y Panamá, el derecho al cuidado ha sido reconocido en sus leyes o constituciones. Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México establece que toda persona tiene derecho al cuidado a lo largo de su vida y que el Estado debe garantizarlo mediante servicios públicos. Ecuador, por su parte, lo reconoce como un derecho humano fundamental, universal e intransferible.
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Dejusticia sostiene que una ley de este tipo en Colombia debe tener como principios rectores la dignidad humana, la igualdad de género, la corresponsabilidad y la interculturalidad. También debe priorizar a poblaciones históricamente marginadas como personas mayores, con discapacidad, con enfermedades crónicas, niños y niñas, y mujeres cuidadoras. Además, la ley debería establecer mecanismos claros de coordinación institucional y financiación adecuada a nivel nacional, departamental y municipal.
Reconocer el cuidado como un derecho fundamental, según Dejusticia, no es solo una deuda histórica con millones de personas, en su mayoría mujeres, que han sostenido la vida en condiciones precarias y sin reconocimiento. Será, también, una apuesta por una sociedad más equitativa, donde cuidar y ser cuidado no sea una carga individual, sino una responsabilidad compartida por el Estado, las familias y la sociedad en su conjunto. Las investigadoras concluyen que avanzar hacia una ley estatutaria del cuidado no es un simple ajuste normativo, sino un paso crucial para poner la dignidad humana en el centro de las decisiones públicas.
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