La propuesta de paz que militares y guerrilleros presos hicieron llegar a La Habana

Sacar de la cárcel, por razones humanitarias, a los guerrilleros de las Farc y a los militares o policías enfermos o con algún grado de invalidez; poner en libertad a los actores del conflicto que hayan alcanzado la tercera edad; liberar a uniformados o subversivos que ya hubieran cumplido ocho años de prisión; concentrar en pabellones especiales a todos los guerrilleros bajo un régimen penitenciario de mínima seguridad y oficializar el pedido de repatriación de insurgentes, miembros de las Fuerzas Armadas y otros actores de la guerra extraditados. Estas son, grosso modo, las principales propuestas que, desde la cárcel, elaboraron conjuntamente distintos jefes de las Farc y oficiales retirados con destino a la mesa de conversaciones en La Habana, Cuba.

El proyecto del Comité de Reconciliación –una iniciativa de paz de militares, policías y guerrilleros presos que comenzó a gestarse desde 2011– está consignado en un documento de cinco páginas conocido por El Espectador. Éste resulta revelador no sólo por los alcances de la propuesta, sino por lo avanzado de la misma: integrantes de ambas orillas del conflicto ya definieron sus voceros y se encuentran a la espera de que esta idea sea respaldada cuanto antes por los equipos negociadores. Su premisa es sencilla: tanto uniformados como insurgentes estarían dispuestos a contar todas sus verdades –las peores barbaridades cometidas en medio siglo de guerra– y a pedir perdón a sus víctimas.

Como representantes de las Farc fueron escogidos Wílmer Antonio Marín Cano, alias Hugo, exjefe del frente 22, cuyo prontuario en materia de secuestros y extorsiones en Cundinamarca fue extensamente documentado por las autoridades (se calcula que aportaba mensualmente US$1 millón a la organización); Bernardo Mosquera Machado, más conocido como el Negro Antonio, un hombre con más de 30 años en la guerrilla, exjefe del frente 37 y responsable de un centenar de plagios, entre ellos el del empresario japonés Chikao Muramatsu; José Marbel Zamora, alias Chucho, exjefe de la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan) y mano derecha del Mono Jojoy; Pedro Luis González, alias Genaro, segundo al mando de la Teófilo Forero (el grupo terrorista élite de la guerrilla, que le puso un bombazo a El Nogal); Víctor Hugo Silva, alias Erick, con más de 30 años en armas, y Gustavo Cardona Arbeláez, alias Santiago.

Este último, exjefe del frente Manuel Cepeda Vargas, fue uno de los responsables del plagio, en abril de 2002, de los 12 diputados del Valle. Como se ve, los delegados de las Farc que integran este Comité de Reconciliación no son unos aparecidos. En el momento de sus capturas todos tenían más de 25 años en la organización ilegal, la mayoría desplegó operaciones terroristas en Bogotá o Cundinamarca, tenían línea directa con el Secretariado y estuvieron detrás de hechos tan lamentables como el crimen del exgobernador del Huila Jaime Lozada; el atentado al Club El Nogal, que dejó 36 personas fallecidas; el plagio masivo al edificio Torres de Miraflores, en Neiva; o el secuestro y posterior asesinato de la exreina de Colombia Doris Gil Santamaría y su esposo Helmut Bickenbach, un exitoso empresario, ocurrido en 2003.

Tal como se esboza en el documento al que tuvo acceso este diario, estos delegados de las Farc, condenados casi todos a penas superiores a los 30 años de prisión, estarían dispuestos a desandar sus pasos en estos y otros violentos sucesos de la historia del conflicto colombiano. Por el lado de la Fuerza Pública también hay pesos pesados que cargan a cuestas condenas o señalamientos muy graves, que van desde ejecuciones extrajudiciales hasta magnicidios. Por ejemplo, entre los delegados del Comité figura el coronel Luis Fernando Borja Aristizábal, quien participó en más de 50 ejecuciones extrajudiciales en sus tiempos como jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta en Sucre, entre 2007 y 2008. También aparece el coronel Joaquín Aldana Ortiz, excomandante de Policía de Tolima, sentenciado por el crimen de su esposa Érika Yeneris, a quien descuartizó y cuyo cadáver repartió en bolsas negras en las afueras de Ibagué.

De la misma manera está el mayor Julio César Parga, excomandante del Gaula del Ejército en Córdoba. Su historia es particular: fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, pero resultó absuelto y regresó en 2010 a Colombia. Ya entonces, sin embargo, sobre él pesaban graves señalamientos por falsos positivos. Fue condenado por 43 de estos crímenes, auspiciados por él y sus hombres del Gaula, quienes además cobraron millonarias recompensas por asesinar civiles. Cierran la lista los mayores Jorge Mauricio Ramírez, Luis Manrique Montilla –condenados por falsos positivos y desaparición forzada– y César Maldonado Vidales, director del Comité de Reconciliación. Maldonado, quien se fugó en dos ocasiones de cárceles militares, fue sentenciado a 27 años de prisión por el atentado contra el excongresista Wilson Borja, perpetrado en diciembre del año 2000.

Capítulo aparte merece el nombre del coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, el último integrante del Comité. Su historia criminal parece infinita. Experto en inteligencia, Plazas fue clave en las vueltas ilegales que ejecutó la Brigada XX en Bogotá durante la época de gobierno de Ernesto Samper, quien ordenó clausurarla. Además, patrocinó la expansión del paramilitarismo en Urabá cuando el general Rito Alejo del Río –condenado a 26 años– despachaba a sus anchas desde la Brigada XVII, a finales de los 90. Como si fuera poco, fue vinculado al expediente por la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en julio de 1997, y al asesinato del humorista Jaime Garzón, perpetrado en agosto de 1999. Su nombre ha sido mencionado en el proceso por el crimen de los investigadores de Cinep Elsa Alvarado y Mario Calderón, acaecido en 1997. Ah, y además, tiene una condena de 40 años por el secuestro y posterior crimen del industrial israelí Benjamín Khoudari.

La propuesta

Según el documento del Comité de Reconciliación –que hoy es estudiado en Cuba–, las víctimas, más que penas ejemplarizantes lo que buscan es la verdad: “Creemos que llegó el momento de involucrar activamente al proceso a los actores del conflicto privados de la libertad”. Recordaron que en procesos de paz como el de Irlanda los detenidos “jugaron un papel determinante en la mesa de negociaciones”. La propuesta sostiene que “aquí los actores presos podrían iniciar reconocimientos de hechos delictivos que enlutaron a las víctimas” y, sobre ese escenario, comenzar a tejer la reconciliación. De acuerdo con el Comité, esta iniciativa busca la construcción de acuerdos reales, alcanzables y medibles “que sirvan de pivote en el restablecimiento del tejido social agrietado por la guerra”.

Y añade la propuesta: “Lógicamente que el presupuesto inicial para que se dé una verdadera reconciliación, además de la verdad, es la equidad. Este acuerdo tiene que incluir una solución integral que ofrezca garantías de seguridad jurídica para todos. Es inimaginable un espacio donde unos terminen con curules y otros tras las rejas. No estamos pidiendo que se pacten impunidades, ni se trata de una piñata de amnistías e indultos, pero esperamos que reine la sensatez en el momento de construir en el Legislativo la justicia transicional aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas. El desequilibrio jurídico es un enemigo silencioso que puede gangrenar el apoyo popular”.

A renglón seguido, el Comité advierte que debido a movimientos rutinarios del Inpec “se han dificultado las mesas de trabajo por el traslado de sus miembros”, quienes venían reuniéndose en la cárcel La Picota. Pero tan avanzado está su proyecto que solicitaron a la mesa en La Habana designar una locación en Bogotá, a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, para que los jefes guerrilleros y los oficiales presos afinen su propuesta.

En ese contexto, pidieron trasladar a ese lugar a los 14 integrantes designados, “los cuales podrían estar bajo la figura de libertad vigilada o seguridad perimétrica”, y que se les suministren la logística, los medios tecnológicos necesarios y el acceso a visitantes y asesores con puentes directos en Cuba. “No se trata solo de silenciar los fusiles, sino de erradicar las hostilidades de todo tipo. Entrar en un período de guerra fría puede producir un número de víctimas igual o superior al de la etapa de confrontación”, dice el documento.

Por último plantean siete gestos de buena voluntad que generarían confianza entre las partes. El primero sería sacar de la cárcel por razones humanitarias a los guerrilleros de las Farc y a los policías y militares enfermos o con algún grado de invalidez, previo concepto médico oficial. En segundo lugar, liberar a los actores del conflicto que hayan alcanzado la tercera edad. El tercer punto señala que deben salir los uniformados e insurgentes que a la fecha hubieran cumplido ocho años o más de prisión física, “teniendo como base que esa sea la máxima pena alternativa a imponer”. En cuarto lugar, proponen trasladar a todos los miembros de la Fuerza Pública recluidos en cárceles comunes para que estén en centros de reclusión especializados. En igual sentido, el punto cinco pide concentrar en cuatro centros carcelarios a todos los subversivos de las Farc, quienes quedarían en pabellones especiales bajo un régimen de mínima seguridad.

Una vez concentrados todos los actores del conflicto en sus respectivos sitios de reclusión, el punto seis propone iniciar programas de resocialización y preparación para el posconflicto, socializar estos temas con la Comisión de la Verdad ya aprobada en la mesa de Cuba y adelantar un trabajo jurídico con los jueces de ejecución y con las víctimas. Su séptimo planteamiento orbita alrededor de un tema tan difícil como polémico: pedir la repatriación de guerrilleros y miembros de las Fuerzas Armadas extraditados por delitos relacionados con el conflicto y conexos. (¿Podrían beneficiarse Simón Trinidad o el general (r) Mauricio Santoyo si cuaja esta iniciativa?). Según el documento, estos repatriados tendrían que someterse a la Comisión de la Verdad y su solicitud de retorno estaría condicionada a la firma de la paz.

Al final, la propuesta termina así: “Ustedes, señores plenipotenciarios, garantes, acompañantes y demás facilitadores del proceso, tienen una gran responsabilidad con la historia, con el país, con la región y con las futuras generaciones, pues acaban de iniciar los últimos cien metros planos de la carrera por la paz. Las Farc tienen que perder el miedo de levantarse mañana en un país en paz. Como en otras oportunidades, no pueden tirar la toalla a escasos metros de la meta. Nuestro llamado es para que al unísono soliciten al Gobierno Nacional la inclusión en el proceso de paz de los actores del conflicto presos, respaldando nuestra iniciativa de reconciliación y las propuestas consignadas en este documento”. El congresista Iván Cepeda conoce los pormenores de este proyecto y lo acompaña, según le contó a El Espectador. “Espero que pronto se pronuncien en Cuba sobre esta idea. Es un avance hacia la paz”.

Así se cocinó la propuesta

Este diario conoció los detalles de cómo se fue gestando esta iniciativa. Desde La Picota, el mayor (r) César Maldonado relató, por ejemplo, que el Comité de Reconciliación está integrado por 3.280 detenidos, entre militares y guerrilleros, que no descartan reunirse con los negociadores en Cuba si el proyecto toma vuelo, que los designados como voceros del Comité fueron elegidos por votación por su liderazgo y ascendencia en cada una de las filas del conflicto, que fueron los guerrilleros los que inicialmente se acercaron para confeccionar este plan y que el pasado 25 de junio hicieron llegar al Vaticano, a través de la nunciatura apostólica, una solicitud al papa Francisco con detalles de esta propuesta que todavía no ha sido contestada. Según dijo, se tienen planeados gestos de perdón y reconocimiento en un trabajo paralelo al cese bilateral definitivo.

“¿Y ustedes están dispuestos a contar toda la verdad y a reconocer sus delitos?”, le preguntó El Espectador al mayor (r) Maldonado. “Las víctimas y el país piden a gritos que se cuente la verdad, no se puede pretender pasar la página sin aclarar los hechos. No contar lo que sucedió es otra forma de mentir. Sin verdad y reparación, no podemos acceder a la justicia transicional. Tenga en cuenta que este es el primer conflicto en el mundo que se va a resolver bajo la lupa de la Corte Penal Internacional. Todos los integrantes en el Comité estamos dispuestos a contar lo que ocurrió y a reconocer delitos, obviamente. Está claro que hay señalamientos infundados, que ni nosotros ni nadie va a aceptar por unos beneficios. La verdad es para reconocer lo que pasó, no para aceptar falsedades. Mire lo que pasó con los falsos testigos”.

Este diario también conoció que el general (r) Jorge Enrique Mora, uno de los delegados del Gobierno en La Habana, está visitando cárceles militares con un mensaje claro: no habrá beneficios si no se cuenta toda la verdad; quien trate de esconderla será excluido de los beneficios de la justicia transicional. Un hecho que corrobora lo avanzados que están los diálogos en Cuba, pues queda claro que sin la voz de los actores del conflicto presos o condenados, la salida negociada no resultaría posible. A este Comité se unió recientemente el exconcejal de Barrancabermeja David Ravelo Crespo, condenado a 18 años de prisión por el crimen del político David Núñez Cala, ocurrido en 1991. Es el único civil en esta iniciativa. Maldonado agregó que el jueves de esta semana el senador Cepeda se reunió con él.

Un proyecto que durante cuatro años ha venido gestándose en su mayoría y de forma presencial en un pabellón de La Picota de Bogotá, y vía telefónica con algunos integrantes del Comité que han sido trasladados, como alias el Negro Antonio, quien está en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. “Con él tengo contacto permanente y decidimos lanzar esta petición para consolidar la propuesta”, insistió el mayor (r) Maldonado. Aún no hay respuesta oficial por parte de la mesa de negociación, pero este proyecto ya fue conocido por algunos plenipotenciarios. Para un sector de las Fuerzas Armadas, representado por Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore), propuestas de este calado constituyen una traición, pues obligan una construcción conjunta con la guerrilla. Para el Comité de Reconciliación, no hay forma distinta de pensar el posconflicto: hay que saldar las cuentas pendientes con la verdad. Por primera vez muchos actores de la guerra, agentes del Estado e insurgentes, se muestran dispuestos a confesar sus crímenes. El balón ya está en La Habana.

El hombre detrás del Comité de Reconciliación

El hombre que empezó a consolidar el proyecto del Comité de Reconciliación de guerrilleros, militares y policías detenidos es nada más y nada menos que el mayor (r) César Maldonado. Un oficial condenado a 27 años de prisión por el atentado contra el excongresista Wilson Borja y quien antes de encaminarse en el objetivo de contribuir al proceso de paz se fugó en dos oportunidades de cárceles militares. A pesar de los múltiples escándalos en los que ha estado implicado y tras su recaptura en 2011, Maldonado se ha convertido desde la cárcel en el gran promotor de que los uniformados condenados por hechos cometidos con ocasión del conflicto puedan tener acceso a una justicia transicional. En pocas palabras, su misión es incluir en las negociaciones de paz a los hombres que hicieron parte del conflicto que ha durado más de medio siglo y que hoy purgan condenas por decenas de años. Su propuesta ha sido apoyada por políticos como Piedad Córdoba, quien cree que esta iniciativa es para que los actores de la guerra y las víctimas no se sigan odiando unos a otros.

La subcomisión de justicia transicional

Desde mediados de julio, en la mesa de diálogos de paz en La Habana (Cuba) empezó a funcionar la subcomisión de justicia transicional, encargada de discutir y definir el principal meollo de las negociaciones: el modelo que se utilizará para juzgar a los actores del conflicto. Y es que la discusión es un lío de grandes proporciones, ya que mientras las Farc mantienen su posición de no pagar un día de cárcel, el Gobierno plantea que tiene que haber unos máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la guerrilla. Sin embargo, también se ha advertido que las penas que se podrían imponer no necesariamente se pagarían tras los “barrotes y con pijama de rayas”. Los plenipotenciarios de las Farc han dicho: “Compareceremos ante la justicia si lo hacen también los militares, los políticos, los empresarios y todos los sectores que han participado de la guerra en el país”.

Sacar de la cárcel, por razones humanitarias, a los guerrilleros de las Farc y a los militares o policías enfermos o con algún grado de invalidez; poner en libertad a los actores del conflicto que hayan alcanzado la tercera edad; liberar a uniformados o subversivos que ya hubieran cumplido ocho años de prisión; concentrar en pabellones especiales a todos los guerrilleros bajo un régimen penitenciario de mínima seguridad y oficializar el pedido de repatriación de insurgentes, miembros de las Fuerzas Armadas y otros actores de la guerra extraditados. Estas son, grosso modo, las principales propuestas que, desde la cárcel, elaboraron conjuntamente distintos jefes de las Farc y oficiales retirados con destino a la mesa de conversaciones en La Habana, Cuba.

El proyecto del Comité de Reconciliación –una iniciativa de paz de militares, policías y guerrilleros presos que comenzó a gestarse desde 2011– está consignado en un documento de cinco páginas conocido por El Espectador. Éste resulta revelador no sólo por los alcances de la propuesta, sino por lo avanzado de la misma: integrantes de ambas orillas del conflicto ya definieron sus voceros y se encuentran a la espera de que esta idea sea respaldada cuanto antes por los equipos negociadores. Su premisa es sencilla: tanto uniformados como insurgentes estarían dispuestos a contar todas sus verdades –las peores barbaridades cometidas en medio siglo de guerra– y a pedir perdón a sus víctimas.

Como representantes de las Farc fueron escogidos Wílmer Antonio Marín Cano, alias Hugo, exjefe del frente 22, cuyo prontuario en materia de secuestros y extorsiones en Cundinamarca fue extensamente documentado por las autoridades (se calcula que aportaba mensualmente US$1 millón a la organización); Bernardo Mosquera Machado, más conocido como el Negro Antonio, un hombre con más de 30 años en la guerrilla, exjefe del frente 37 y responsable de un centenar de plagios, entre ellos el del empresario japonés Chikao Muramatsu; José Marbel Zamora, alias Chucho, exjefe de la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan) y mano derecha del Mono Jojoy; Pedro Luis González, alias Genaro, segundo al mando de la Teófilo Forero (el grupo terrorista élite de la guerrilla, que le puso un bombazo a El Nogal); Víctor Hugo Silva, alias Erick, con más de 30 años en armas, y Gustavo Cardona Arbeláez, alias Santiago.

Este último, exjefe del frente Manuel Cepeda Vargas, fue uno de los responsables del plagio, en abril de 2002, de los 12 diputados del Valle. Como se ve, los delegados de las Farc que integran este Comité de Reconciliación no son unos aparecidos. En el momento de sus capturas todos tenían más de 25 años en la organización ilegal, la mayoría desplegó operaciones terroristas en Bogotá o Cundinamarca, tenían línea directa con el Secretariado y estuvieron detrás de hechos tan lamentables como el crimen del exgobernador del Huila Jaime Lozada; el atentado al Club El Nogal, que dejó 36 personas fallecidas; el plagio masivo al edificio Torres de Miraflores, en Neiva; o el secuestro y posterior asesinato de la exreina de Colombia Doris Gil Santamaría y su esposo Helmut Bickenbach, un exitoso empresario, ocurrido en 2003.

Tal como se esboza en el documento al que tuvo acceso este diario, estos delegados de las Farc, condenados casi todos a penas superiores a los 30 años de prisión, estarían dispuestos a desandar sus pasos en estos y otros violentos sucesos de la historia del conflicto colombiano. Por el lado de la Fuerza Pública también hay pesos pesados que cargan a cuestas condenas o señalamientos muy graves, que van desde ejecuciones extrajudiciales hasta magnicidios. Por ejemplo, entre los delegados del Comité figura el coronel Luis Fernando Borja Aristizábal, quien participó en más de 50 ejecuciones extrajudiciales en sus tiempos como jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta en Sucre, entre 2007 y 2008. También aparece el coronel Joaquín Aldana Ortiz, excomandante de Policía de Tolima, sentenciado por el crimen de su esposa Érika Yeneris, a quien descuartizó y cuyo cadáver repartió en bolsas negras en las afueras de Ibagué.

De la misma manera está el mayor Julio César Parga, excomandante del Gaula del Ejército en Córdoba. Su historia es particular: fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, pero resultó absuelto y regresó en 2010 a Colombia. Ya entonces, sin embargo, sobre él pesaban graves señalamientos por falsos positivos. Fue condenado por 43 de estos crímenes, auspiciados por él y sus hombres del Gaula, quienes además cobraron millonarias recompensas por asesinar civiles. Cierran la lista los mayores Jorge Mauricio Ramírez, Luis Manrique Montilla –condenados por falsos positivos y desaparición forzada– y César Maldonado Vidales, director del Comité de Reconciliación. Maldonado, quien se fugó en dos ocasiones de cárceles militares, fue sentenciado a 27 años de prisión por el atentado contra el excongresista Wilson Borja, perpetrado en diciembre del año 2000.

Capítulo aparte merece el nombre del coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, el último integrante del Comité. Su historia criminal parece infinita. Experto en inteligencia, Plazas fue clave en las vueltas ilegales que ejecutó la Brigada XX en Bogotá durante la época de gobierno de Ernesto Samper, quien ordenó clausurarla. Además, patrocinó la expansión del paramilitarismo en Urabá cuando el general Rito Alejo del Río –condenado a 26 años– despachaba a sus anchas desde la Brigada XVII, a finales de los 90. Como si fuera poco, fue vinculado al expediente por la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en julio de 1997, y al asesinato del humorista Jaime Garzón, perpetrado en agosto de 1999. Su nombre ha sido mencionado en el proceso por el crimen de los investigadores de Cinep Elsa Alvarado y Mario Calderón, acaecido en 1997. Ah, y además, tiene una condena de 40 años por el secuestro y posterior crimen del industrial israelí Benjamín Khoudari.

La propuesta

Según el documento del Comité de Reconciliación –que hoy es estudiado en Cuba–, las víctimas, más que penas ejemplarizantes lo que buscan es la verdad: “Creemos que llegó el momento de involucrar activamente al proceso a los actores del conflicto privados de la libertad”. Recordaron que en procesos de paz como el de Irlanda los detenidos “jugaron un papel determinante en la mesa de negociaciones”. La propuesta sostiene que “aquí los actores presos podrían iniciar reconocimientos de hechos delictivos que enlutaron a las víctimas” y, sobre ese escenario, comenzar a tejer la reconciliación. De acuerdo con el Comité, esta iniciativa busca la construcción de acuerdos reales, alcanzables y medibles “que sirvan de pivote en el restablecimiento del tejido social agrietado por la guerra”.

Y añade la propuesta: “Lógicamente que el presupuesto inicial para que se dé una verdadera reconciliación, además de la verdad, es la equidad. Este acuerdo tiene que incluir una solución integral que ofrezca garantías de seguridad jurídica para todos. Es inimaginable un espacio donde unos terminen con curules y otros tras las rejas. No estamos pidiendo que se pacten impunidades, ni se trata de una piñata de amnistías e indultos, pero esperamos que reine la sensatez en el momento de construir en el Legislativo la justicia transicional aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas. El desequilibrio jurídico es un enemigo silencioso que puede gangrenar el apoyo popular”.

A renglón seguido, el Comité advierte que debido a movimientos rutinarios del Inpec “se han dificultado las mesas de trabajo por el traslado de sus miembros”, quienes venían reuniéndose en la cárcel La Picota. Pero tan avanzado está su proyecto que solicitaron a la mesa en La Habana designar una locación en Bogotá, a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, para que los jefes guerrilleros y los oficiales presos afinen su propuesta.

En ese contexto, pidieron trasladar a ese lugar a los 14 integrantes designados, “los cuales podrían estar bajo la figura de libertad vigilada o seguridad perimétrica”, y que se les suministren la logística, los medios tecnológicos necesarios y el acceso a visitantes y asesores con puentes directos en Cuba. “No se trata solo de silenciar los fusiles, sino de erradicar las hostilidades de todo tipo. Entrar en un período de guerra fría puede producir un número de víctimas igual o superior al de la etapa de confrontación”, dice el documento.

Por último plantean siete gestos de buena voluntad que generarían confianza entre las partes. El primero sería sacar de la cárcel por razones humanitarias a los guerrilleros de las Farc y a los policías y militares enfermos o con algún grado de invalidez, previo concepto médico oficial. En segundo lugar, liberar a los actores del conflicto que hayan alcanzado la tercera edad. El tercer punto señala que deben salir los uniformados e insurgentes que a la fecha hubieran cumplido ocho años o más de prisión física, “teniendo como base que esa sea la máxima pena alternativa a imponer”. En cuarto lugar, proponen trasladar a todos los miembros de la Fuerza Pública recluidos en cárceles comunes para que estén en centros de reclusión especializados. En igual sentido, el punto cinco pide concentrar en cuatro centros carcelarios a todos los subversivos de las Farc, quienes quedarían en pabellones especiales bajo un régimen de mínima seguridad.

Una vez concentrados todos los actores del conflicto en sus respectivos sitios de reclusión, el punto seis propone iniciar programas de resocialización y preparación para el posconflicto, socializar estos temas con la Comisión de la Verdad ya aprobada en la mesa de Cuba y adelantar un trabajo jurídico con los jueces de ejecución y con las víctimas. Su séptimo planteamiento orbita alrededor de un tema tan difícil como polémico: pedir la repatriación de guerrilleros y miembros de las Fuerzas Armadas extraditados por delitos relacionados con el conflicto y conexos. (¿Podrían beneficiarse Simón Trinidad o el general (r) Mauricio Santoyo si cuaja esta iniciativa?). Según el documento, estos repatriados tendrían que someterse a la Comisión de la Verdad y su solicitud de retorno estaría condicionada a la firma de la paz.

Al final, la propuesta termina así: “Ustedes, señores plenipotenciarios, garantes, acompañantes y demás facilitadores del proceso, tienen una gran responsabilidad con la historia, con el país, con la región y con las futuras generaciones, pues acaban de iniciar los últimos cien metros planos de la carrera por la paz. Las Farc tienen que perder el miedo de levantarse mañana en un país en paz. Como en otras oportunidades, no pueden tirar la toalla a escasos metros de la meta. Nuestro llamado es para que al unísono soliciten al Gobierno Nacional la inclusión en el proceso de paz de los actores del conflicto presos, respaldando nuestra iniciativa de reconciliación y las propuestas consignadas en este documento”. El congresista Iván Cepeda conoce los pormenores de este proyecto y lo acompaña, según le contó a El Espectador. “Espero que pronto se pronuncien en Cuba sobre esta idea. Es un avance hacia la paz”.

Así se cocinó la propuesta

Este diario conoció los detalles de cómo se fue gestando esta iniciativa. Desde La Picota, el mayor (r) César Maldonado relató, por ejemplo, que el Comité de Reconciliación está integrado por 3.280 detenidos, entre militares y guerrilleros, que no descartan reunirse con los negociadores en Cuba si el proyecto toma vuelo, que los designados como voceros del Comité fueron elegidos por votación por su liderazgo y ascendencia en cada una de las filas del conflicto, que fueron los guerrilleros los que inicialmente se acercaron para confeccionar este plan y que el pasado 25 de junio hicieron llegar al Vaticano, a través de la nunciatura apostólica, una solicitud al papa Francisco con detalles de esta propuesta que todavía no ha sido contestada. Según dijo, se tienen planeados gestos de perdón y reconocimiento en un trabajo paralelo al cese bilateral definitivo.

“¿Y ustedes están dispuestos a contar toda la verdad y a reconocer sus delitos?”, le preguntó El Espectador al mayor (r) Maldonado. “Las víctimas y el país piden a gritos que se cuente la verdad, no se puede pretender pasar la página sin aclarar los hechos. No contar lo que sucedió es otra forma de mentir. Sin verdad y reparación, no podemos acceder a la justicia transicional. Tenga en cuenta que este es el primer conflicto en el mundo que se va a resolver bajo la lupa de la Corte Penal Internacional. Todos los integrantes en el Comité estamos dispuestos a contar lo que ocurrió y a reconocer delitos, obviamente. Está claro que hay señalamientos infundados, que ni nosotros ni nadie va a aceptar por unos beneficios. La verdad es para reconocer lo que pasó, no para aceptar falsedades. Mire lo que pasó con los falsos testigos”.

Este diario también conoció que el general (r) Jorge Enrique Mora, uno de los delegados del Gobierno en La Habana, está visitando cárceles militares con un mensaje claro: no habrá beneficios si no se cuenta toda la verdad; quien trate de esconderla será excluido de los beneficios de la justicia transicional. Un hecho que corrobora lo avanzados que están los diálogos en Cuba, pues queda claro que sin la voz de los actores del conflicto presos o condenados, la salida negociada no resultaría posible. A este Comité se unió recientemente el exconcejal de Barrancabermeja David Ravelo Crespo, condenado a 18 años de prisión por el crimen del político David Núñez Cala, ocurrido en 1991. Es el único civil en esta iniciativa. Maldonado agregó que el jueves de esta semana el senador Cepeda se reunió con él.

Un proyecto que durante cuatro años ha venido gestándose en su mayoría y de forma presencial en un pabellón de La Picota de Bogotá, y vía telefónica con algunos integrantes del Comité que han sido trasladados, como alias el Negro Antonio, quien está en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. “Con él tengo contacto permanente y decidimos lanzar esta petición para consolidar la propuesta”, insistió el mayor (r) Maldonado. Aún no hay respuesta oficial por parte de la mesa de negociación, pero este proyecto ya fue conocido por algunos plenipotenciarios. Para un sector de las Fuerzas Armadas, representado por Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore), propuestas de este calado constituyen una traición, pues obligan una construcción conjunta con la guerrilla. Para el Comité de Reconciliación, no hay forma distinta de pensar el posconflicto: hay que saldar las cuentas pendientes con la verdad. Por primera vez muchos actores de la guerra, agentes del Estado e insurgentes, se muestran dispuestos a confesar sus crímenes. El balón ya está en La Habana.

El hombre detrás del Comité de Reconciliación

El hombre que empezó a consolidar el proyecto del Comité de Reconciliación de guerrilleros, militares y policías detenidos es nada más y nada menos que el mayor (r) César Maldonado. Un oficial condenado a 27 años de prisión por el atentado contra el excongresista Wilson Borja y quien antes de encaminarse en el objetivo de contribuir al proceso de paz se fugó en dos oportunidades de cárceles militares. A pesar de los múltiples escándalos en los que ha estado implicado y tras su recaptura en 2011, Maldonado se ha convertido desde la cárcel en el gran promotor de que los uniformados condenados por hechos cometidos con ocasión del conflicto puedan tener acceso a una justicia transicional. En pocas palabras, su misión es incluir en las negociaciones de paz a los hombres que hicieron parte del conflicto que ha durado más de medio siglo y que hoy purgan condenas por decenas de años. Su propuesta ha sido apoyada por políticos como Piedad Córdoba, quien cree que esta iniciativa es para que los actores de la guerra y las víctimas no se sigan odiando unos a otros.

La subcomisión de justicia transicional

Desde mediados de julio, en la mesa de diálogos de paz en La Habana (Cuba) empezó a funcionar la subcomisión de justicia transicional, encargada de discutir y definir el principal meollo de las negociaciones: el modelo que se utilizará para juzgar a los actores del conflicto. Y es que la discusión es un lío de grandes proporciones, ya que mientras las Farc mantienen su posición de no pagar un día de cárcel, el Gobierno plantea que tiene que haber unos máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la guerrilla. Sin embargo, también se ha advertido que las penas que se podrían imponer no necesariamente se pagarían tras los “barrotes y con pijama de rayas”. Los plenipotenciarios de las Farc han dicho: “Compareceremos ante la justicia si lo hacen también los militares, los políticos, los empresarios y todos los sectores que han participado de la guerra en el país”.