La propuesta para el desminado humanitario en el posconflicto

Según los cálculos que se han hecho hasta el momento por parte de entidades del mismo Estado, para desminar el país se necesitaría dedicar 31 pelotones del Ejército Nacional durante 20 años, una cifra que dista bastante de la práctica pues en la actualidad únicamente se disponen 10 pelotones para dicho objetivo.

A partir de esa realidad surge la propuesta de Felipe Molinares, presidente de Fedeseguridad, gremio que agrupa a 11 compañías líderes en Colombia en el sector de la vigilancia y seguridad privada, en el sentido de que se les brinde a dichas empresas la posibilidad de participar en el desminado humanitario, en un posible escenario de posconflicto.

Con un ingrediente adicional: el compromiso de contratar a los eventuales reinsertados de los grupos armados ilegales y capacitarlos para que hagan el trabajo de campo “no técnico, requerido para identificar y desactivar minas antipersonal”. De esta manera, según Molinares, no solo se les brinda una opción laboral a los que alguna vez estuvieron fuera de la ley, sino que se les permite realizar una labor de reparación hacia la sociedad.

El planteamiento fue hecho en el marco del foro ‘Posconflicto y el sector de la vigilancia y seguridad privada: ¿cómo aportar a la paz?’, organizado por la revista Semana y la misma Fedeseguridad. Donde además el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, expresó de manera categórica que los desmovilizados no pueden incorporarse a la Fuerza Pública, como en algún momento se ha planteado en algunos escenarios políticos, pues “el nivel técnico y académico que se requiere para ingresar es muy alto”.

Por su parte, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Fernando Lozano, calificó la propuesta de Molinares como “viable”, siempre y cuando el Gobierno Nacional realice ajustes al decreto 356, vigente desde 1994, por medio del cual se niega la participación en actividades de desminado humanitario para las empresas privadas.

Por eso, el general José Javier Pérez, viceministro de Defensa, hizo énfasis en la urgencia de permitirle a dichas empresas la oportunidad de participar en el desminado humanitario del país: entre los meses de enero y marzo de 2014 se registraron 58 víctimas por minas antipersonal y municiones sin explotar, de los cuales 14 fueron civiles y 44 militares, según datos del Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (PAICMA).

“La propuesta del sector sería viable siempre y cuando la reincorporación de los desmovilizados a la sociedad se realice de una manera cuidadosa, ya que según sea el caso, la persona podría integrarse a un entorno laborar después de seis meses de recuperación”, comentó a su vez el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Alejandro Éder.

Lo que queda claro es que se trata de una propuesta que podría ser mirada con cierto recelo por parte de una ciudadanía que aún asume con desconfianza todo lo que tiene que ver con el involucramiento de personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales. Es por eso que Francisco Lloreda, alto consejero presidencial para la Seguridad y Convivencia, es de los que cree que “hay que cortar el cordón umbilical de la violencia a los desmovilizados con trabajos dignos”.

Al final del foro se pactó que la propuesta comenzará a ser socializada en el mismo gobierno y en las mismas empresas de seguridad privada, tratando de darle definir un marco de legalidad, pues implica cambiar la normatividad presente. Y, sobre todo, para hacerle entender a la gente del común y corriente que es con este tipo de programas que se podrá consolidar una verdadera paz.

Según los cálculos que se han hecho hasta el momento por parte de entidades del mismo Estado, para desminar el país se necesitaría dedicar 31 pelotones del Ejército Nacional durante 20 años, una cifra que dista bastante de la práctica pues en la actualidad únicamente se disponen 10 pelotones para dicho objetivo.

A partir de esa realidad surge la propuesta de Felipe Molinares, presidente de Fedeseguridad, gremio que agrupa a 11 compañías líderes en Colombia en el sector de la vigilancia y seguridad privada, en el sentido de que se les brinde a dichas empresas la posibilidad de participar en el desminado humanitario, en un posible escenario de posconflicto.

Con un ingrediente adicional: el compromiso de contratar a los eventuales reinsertados de los grupos armados ilegales y capacitarlos para que hagan el trabajo de campo “no técnico, requerido para identificar y desactivar minas antipersonal”. De esta manera, según Molinares, no solo se les brinda una opción laboral a los que alguna vez estuvieron fuera de la ley, sino que se les permite realizar una labor de reparación hacia la sociedad.

El planteamiento fue hecho en el marco del foro ‘Posconflicto y el sector de la vigilancia y seguridad privada: ¿cómo aportar a la paz?’, organizado por la revista Semana y la misma Fedeseguridad. Donde además el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, expresó de manera categórica que los desmovilizados no pueden incorporarse a la Fuerza Pública, como en algún momento se ha planteado en algunos escenarios políticos, pues “el nivel técnico y académico que se requiere para ingresar es muy alto”.

Por su parte, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Fernando Lozano, calificó la propuesta de Molinares como “viable”, siempre y cuando el Gobierno Nacional realice ajustes al decreto 356, vigente desde 1994, por medio del cual se niega la participación en actividades de desminado humanitario para las empresas privadas.

Por eso, el general José Javier Pérez, viceministro de Defensa, hizo énfasis en la urgencia de permitirle a dichas empresas la oportunidad de participar en el desminado humanitario del país: entre los meses de enero y marzo de 2014 se registraron 58 víctimas por minas antipersonal y municiones sin explotar, de los cuales 14 fueron civiles y 44 militares, según datos del Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (PAICMA).

“La propuesta del sector sería viable siempre y cuando la reincorporación de los desmovilizados a la sociedad se realice de una manera cuidadosa, ya que según sea el caso, la persona podría integrarse a un entorno laborar después de seis meses de recuperación”, comentó a su vez el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Alejandro Éder.

Lo que queda claro es que se trata de una propuesta que podría ser mirada con cierto recelo por parte de una ciudadanía que aún asume con desconfianza todo lo que tiene que ver con el involucramiento de personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales. Es por eso que Francisco Lloreda, alto consejero presidencial para la Seguridad y Convivencia, es de los que cree que “hay que cortar el cordón umbilical de la violencia a los desmovilizados con trabajos dignos”.

Al final del foro se pactó que la propuesta comenzará a ser socializada en el mismo gobierno y en las mismas empresas de seguridad privada, tratando de darle definir un marco de legalidad, pues implica cambiar la normatividad presente. Y, sobre todo, para hacerle entender a la gente del común y corriente que es con este tipo de programas que se podrá consolidar una verdadera paz.