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No tomó mucho tiempo para que la decisión generara indignación. Pocas horas después de conocerse el fallo de la jueza María Cristina Trejos, en la cual eximió al general (r) Iván Ramírez de responsabilidad en el caso de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia, quienes se consideran víctimas de este hombre rechazaron que fuera declarado inocente cuando, en su juicio, a todas luces él fue el responsable de las desapariciones sistemáticas de guerrilleros y simpatizantes de izquierda que se cometieron entre las décadas de los 70 y los 90.
En este sentido, la voz de protesta más fuerte es la de José Cuesta, hoy profesor de la Universidad Javeriana: “Estoy verdaderamente indignado de la absolución del señor Iván Ramírez. Desde antes que la Fiscalía lo involucrara en el proceso del Palacio, yo le había advertido públicamente que él era el cerebro detrás de los desaparecidos. Él fue quien estructuró no la comisión de un delito, sino la creación de esa maquinaria de terror que se enquistó en el corazón del Ejército por más de 20 años”.
La historia entre José Cuesta y el general Iván Ramírez, quien encabezaba el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici), va más de dos décadas atrás. Cuesta era guerrillero del M-19, hacía labores de pedagogía política y era el comandante de las milicias en el suroriente de Bogotá, cuando del Coici se infiltró un sargento experto en inteligencia del M-19: Bernardo Garzón Garzón, conocido con el alias de ‘Lucas’ en el grupo guerrillero. Se desapareció una vez los subversivos se dieron cuenta de que era militar, pero el 18 de junio de 1988, ‘Lucas’ salió de un Renault 4, le apuntó un arma en su rostro y se lo llevó.
Durante veinte días, Cuesta permaneció en poder de Garzón Garzón y otros hombres que querían saber dónde estaba secuestrado Álvaro Gómez Hurtado. El testimonio de Cuesta, sin embargo, realmente adquirió credibilidad cuando Garzón, quien denunció insistentemente que su vida estaba en peligro, se acercó a la Procuraduría y relató detalladamente la participación de inteligencia militar en las desapariciones de guerrilleros del Epl y el M-19. La orden de desaparecer a Cuesta, ratificó Garzón Garzón, estaba firmada por el entonces coronel Iván Ramírez.
“Es irónico. A Ramírez lo absuelven no porque no sea responsable sino porque no existen pruebas contundentes, pero resulta que la prueba contundente soy yo. No se trata de cuántos años debían darle, sino de que, aunque suene fuerte, él es la caja negra de la máquina de terror del Ejército. Desde que la Fiscalía me llamó a declarar contra Ramírez en 2007 he recibido toda clase de amenazas, tanto así que me designaron un esquema de seguridad del Estado por estar en nivel de riesgo extraordinario. Este caso va a generar una gran conmoción en el campo internacional de los derechos humanos”, señala Cuesta.
¿Qué dijo la justicia en el caso Ramírez?
La jueza 51 penal especializada, María Cristina Trejos, señaló en su fallo absolutorio que tanto el general (r) Iván Ramírez como el mayor (r) Fernando Blanco y el sargento Gustavo Arévalo, todos miembros del Coici cuando se presentaron los hechos del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, no podían ser declarados culpables por la desaparición de 11 personas porque las pruebas no permitían tener un grado de certeza suficiente. La jueza indicó que algunos testimonios, como el de José Yesid Cardona y el de Édgar Villamizar, presentaban inconsistencias. Asimismo, que las grabaciones donde se inculpaban a miembros de inteligencia militar de ser causantes de múltiples desapariciones, no habían sido corroboradas y, además, habían desaparecido.
En su fallo, sin embargo, la jueza dejó en evidencia varios indicios. Señaló, principalmente, que el testimonio de Garzón Garzón seguía teniendo completa validez, pues los datos aportados por él habían sido verificados. La jueza sostuvo también que los procesados negaron sistemáticamente su participación en las actividades militares de recuperación del Palacio de Justicia, pero que se comprobó que el Blanco y Arévalo, por orden de Ramírez, habían hecho labores de inteligencia, tomado fotografías e identificado a sobrevivientes de la toma. Para la jueza quedó claro también que inteligencia militar fue responsable, posteriormente, de muchos de los sobrevivientes. No obstante, la jueza afirmó que no había pruebas para decir que Ramírez y sus hombres tuvieron que ver en la desaparición de diez civiles y de la guerrillera del M-19 Irma Franco.
El fiscal Álvaro Osorio, quien reemplazó a la fiscal Ángela Buitrago, y los abogados de las víctimas del Palacio, le confirmaron a este diario que apelarán la sentencia. Para la Fiscalía, está plenamente comprobado que Ramírez estuvo involucrado en la desaparición de la insurgente Franco.
Por Redacción Judicial
