La reaparición de Natalia Springer

Por medio de un escueto mensaje en la mañana de este viernes en la red social Twitter la analista política Natalia Springer reapareció tras meses de silencio. Apartada de los medios de comunicación, eventos públicos y foros académicos la columnista anunció que asistiría a una entrevista.

Springer había manifestado que evitaría dar declaraciones por un pacto de confidencialidad que tenía. Su nombre fue objeto durante meses de fuertes cuestionamientos, e incluso investigaciones, por la firma de una serie de millonarios contratos con la Fiscalía de Eduardo Montealegre Lynett y su empresa.

Los objetos de dichos contratos era la presentación de informes sobre las actividades criminales adelantadas por la guerrilla de las Farc, el ELN y las bandas criminales durante el conflicto armado interno. Para muchos el costo beneficio de dichos convenios era exagerado e injustificado.

La Contraloría y la Procuraduría General abrieron respectivas investigaciones por presuntas irregularidades. Los contratos se habrían firmado de manera directa sin hacer el proceso de licitación. Incluso funcionarios de la misma Fiscalía cuestionaron el hecho que se pagará por una labor que adelantaba la Dinac.

Tras la polémica, Springer dio algunas declaraciones para justificar la necesidad de los informes que serían la base de una macroimputación en contra de los máximos responsables de las acciones delictivas e ilegales adelantadas por estos grupos guerrilleros y bandas emergentes.

Después de eso guardó silencio, evitó los medios de comunicación y aseguró a su círculo cercano de amigos y colaboradores que solamente presentaría los informes a la Fiscalía General para que el ente investigador los analizara y utilizara en los procesos formales contra los comandantes de las estructuras guerrilleras.

Después de 10 meses, Springer concedió una nueva entrevista con RCN Radio. En la misma aseguró que tras revisar millones de documentos, analizar cifras oficiales, testimonios de víctimas, datos de ONG, y documentos hallados en los computadores de las Farc, existe evidencia para inferir la responsabilidad y participación de los máximos comandantes de las Farc en delitos de lesa humanidad por la ejecución de prácticas generalizadas como el reclutamiento de menores, secuestro, crímenes sexuales. 

Las bases de datos

Springer explicó el método de investigación y recolección de datos frente a las actividades adelantadas por las Farc durante 50 años en el marco del conflicto armado interno. Entre 1990 y 2014, según las cifras recolectadas, las farc reclutaron cerca de 9.166 menores de 18 años. De esta cifra 1.044 eran menores de 15 años.

Pese al dicho de las Farc frente al reclutamiento, las pruebas evidencias que no eran casos aislados como manifestaron. Además se verificaron 100.583 secuestros entre 1985 y 2015. “No era un sistema de financiación sino que fue una máquina de compra-venta de personas en las que las Farc exigieron derechos de propiedad sobre las víctimas”.

Esta fue una práctica masiva y sistemática en 732 municipios, la mayoría de los casos se presentaron en zona rural. “Exigieron en promedio 789 millones de pesos por víctima y recogieron 5.1 billones”. Estas retenciones generaron miedo en la población que se vio obligada a desplazarse de sus viviendas, generando así otra crisis. 

En uno de los informes presentados ante la Fiscalía General se indica que existían cuartillas de cómo secuestrar. Algunos de los testimonios de las personas que estuvieron retenidos de manera ilegal aseguraron que en la comida que les daban durante el cautiverio encontraron carne descompuesta, heces, orines, uñas, “un trato indignante”.

“La cúpula es responsable de crímenes de guerra y es saber si eso entra en la amnistía. Eso es firmar un cheque en blanco y no se sabe que se está formando, por ejemplo, inmunidad a delitos conexos a los políticos, entre ellos los de financiación como el secuestro. Eso no fue una simple exigencia de dinero si no se encontraron cosas atroces en la forma en que se dirigieron a las familias para que pagaran”, precisó la analista en la entrevista radial.

Masacres

En los computadores incautados por la Fuerza Pública en diversos operativos en campamentos de las Farc se pudo establecer que existían tablas de datos con los nombres de niñas y mujeres que fueron reclutadas por diferentes frentes a lo largo del territorio nacional. “Hay datos de cédulas y tarjetas de identidad”.

Además del computador de ‘Raúl Reyes’ -abatido en Ecuador en mayo de 2008- existen otros datos en los portátiles incautados al ‘Mono Jojoy’ y otros comandantes del Bloque Oriental y Sur, principalmente, sobre las prácticas ejecutadas en contra de las mujeres. Se verificaron casos de abortos, quitar hijos, sodomisados, quemar órganos genitales,  mutilaciones, toma de medicamentos, entre otros.

Igualmente se reportaron 803 masacres Este punto fue bastante complejo, explicó, debido a la falta de información. “En un solo caso pueden haber muchas víctimas. En los 803 casos las víctimas están identificados y el tiempo modo lugar y responsable. Se cruzaron con bases de datos. Esos casos ocurrieron entre el 86 y 2013 pero la mayoría ocurrieron desde el 96 y en 21 departamentos”.

“De esos 803 casos se verificaron 169 víctimas civiles entre las que hay 41 violación de niños indígenas en el marco del asesinato y masacres de sus padres. En las que el motivo del ataque fue por despojo de tierras”. Agregó que hay un caso fundamental para entender que la violencia sexual se utilizó como arma de guerra. “Las familias fueron amenazados y desplazadas”.

Proceso de paz

Frente al proceso de paz que se adelanta actualmente con la guerrilla de las Farc y el Gobierno, la analista política aseguró que los colombianos deben analizar los hechos mencionados anteriormente y estudiar  los alcances de los acuerdos firmados en La Habana (Cuba).

“El país más que hablar de si quiere la paz o no quiere la paz, debería hablar qué significa la paz y cuál es el costo. Si está dispuesta a amnistiar conductas de este nivel haciendo política, qué significará tener en el futuro personas que están vinculadas a este tipo de crímenes haciendo política”, precisó.

“Esas preguntas no están resueltas, no es tan fácil como decir ‘sí se puede o no se puede’, el país tiene que pensar desde lo más profundo de su alma, y despojado de odio, si se puede dar o no esa transición, y yo creo que la Fiscalía tiene mucho que aportar en este proceso”, concluyó. 

Por medio de un escueto mensaje en la mañana de este viernes en la red social Twitter la analista política Natalia Springer reapareció tras meses de silencio. Apartada de los medios de comunicación, eventos públicos y foros académicos la columnista anunció que asistiría a una entrevista.

Springer había manifestado que evitaría dar declaraciones por un pacto de confidencialidad que tenía. Su nombre fue objeto durante meses de fuertes cuestionamientos, e incluso investigaciones, por la firma de una serie de millonarios contratos con la Fiscalía de Eduardo Montealegre Lynett y su empresa.

Los objetos de dichos contratos era la presentación de informes sobre las actividades criminales adelantadas por la guerrilla de las Farc, el ELN y las bandas criminales durante el conflicto armado interno. Para muchos el costo beneficio de dichos convenios era exagerado e injustificado.

La Contraloría y la Procuraduría General abrieron respectivas investigaciones por presuntas irregularidades. Los contratos se habrían firmado de manera directa sin hacer el proceso de licitación. Incluso funcionarios de la misma Fiscalía cuestionaron el hecho que se pagará por una labor que adelantaba la Dinac.

Tras la polémica, Springer dio algunas declaraciones para justificar la necesidad de los informes que serían la base de una macroimputación en contra de los máximos responsables de las acciones delictivas e ilegales adelantadas por estos grupos guerrilleros y bandas emergentes.

Después de eso guardó silencio, evitó los medios de comunicación y aseguró a su círculo cercano de amigos y colaboradores que solamente presentaría los informes a la Fiscalía General para que el ente investigador los analizara y utilizara en los procesos formales contra los comandantes de las estructuras guerrilleras.

Después de 10 meses, Springer concedió una nueva entrevista con RCN Radio. En la misma aseguró que tras revisar millones de documentos, analizar cifras oficiales, testimonios de víctimas, datos de ONG, y documentos hallados en los computadores de las Farc, existe evidencia para inferir la responsabilidad y participación de los máximos comandantes de las Farc en delitos de lesa humanidad por la ejecución de prácticas generalizadas como el reclutamiento de menores, secuestro, crímenes sexuales. 

Las bases de datos

Springer explicó el método de investigación y recolección de datos frente a las actividades adelantadas por las Farc durante 50 años en el marco del conflicto armado interno. Entre 1990 y 2014, según las cifras recolectadas, las farc reclutaron cerca de 9.166 menores de 18 años. De esta cifra 1.044 eran menores de 15 años.

Pese al dicho de las Farc frente al reclutamiento, las pruebas evidencias que no eran casos aislados como manifestaron. Además se verificaron 100.583 secuestros entre 1985 y 2015. “No era un sistema de financiación sino que fue una máquina de compra-venta de personas en las que las Farc exigieron derechos de propiedad sobre las víctimas”.

Esta fue una práctica masiva y sistemática en 732 municipios, la mayoría de los casos se presentaron en zona rural. “Exigieron en promedio 789 millones de pesos por víctima y recogieron 5.1 billones”. Estas retenciones generaron miedo en la población que se vio obligada a desplazarse de sus viviendas, generando así otra crisis. 

En uno de los informes presentados ante la Fiscalía General se indica que existían cuartillas de cómo secuestrar. Algunos de los testimonios de las personas que estuvieron retenidos de manera ilegal aseguraron que en la comida que les daban durante el cautiverio encontraron carne descompuesta, heces, orines, uñas, “un trato indignante”.

“La cúpula es responsable de crímenes de guerra y es saber si eso entra en la amnistía. Eso es firmar un cheque en blanco y no se sabe que se está formando, por ejemplo, inmunidad a delitos conexos a los políticos, entre ellos los de financiación como el secuestro. Eso no fue una simple exigencia de dinero si no se encontraron cosas atroces en la forma en que se dirigieron a las familias para que pagaran”, precisó la analista en la entrevista radial.

Masacres

En los computadores incautados por la Fuerza Pública en diversos operativos en campamentos de las Farc se pudo establecer que existían tablas de datos con los nombres de niñas y mujeres que fueron reclutadas por diferentes frentes a lo largo del territorio nacional. “Hay datos de cédulas y tarjetas de identidad”.

Además del computador de ‘Raúl Reyes’ -abatido en Ecuador en mayo de 2008- existen otros datos en los portátiles incautados al ‘Mono Jojoy’ y otros comandantes del Bloque Oriental y Sur, principalmente, sobre las prácticas ejecutadas en contra de las mujeres. Se verificaron casos de abortos, quitar hijos, sodomisados, quemar órganos genitales,  mutilaciones, toma de medicamentos, entre otros.

Igualmente se reportaron 803 masacres Este punto fue bastante complejo, explicó, debido a la falta de información. “En un solo caso pueden haber muchas víctimas. En los 803 casos las víctimas están identificados y el tiempo modo lugar y responsable. Se cruzaron con bases de datos. Esos casos ocurrieron entre el 86 y 2013 pero la mayoría ocurrieron desde el 96 y en 21 departamentos”.

“De esos 803 casos se verificaron 169 víctimas civiles entre las que hay 41 violación de niños indígenas en el marco del asesinato y masacres de sus padres. En las que el motivo del ataque fue por despojo de tierras”. Agregó que hay un caso fundamental para entender que la violencia sexual se utilizó como arma de guerra. “Las familias fueron amenazados y desplazadas”.

Proceso de paz

Frente al proceso de paz que se adelanta actualmente con la guerrilla de las Farc y el Gobierno, la analista política aseguró que los colombianos deben analizar los hechos mencionados anteriormente y estudiar  los alcances de los acuerdos firmados en La Habana (Cuba).

“El país más que hablar de si quiere la paz o no quiere la paz, debería hablar qué significa la paz y cuál es el costo. Si está dispuesta a amnistiar conductas de este nivel haciendo política, qué significará tener en el futuro personas que están vinculadas a este tipo de crímenes haciendo política”, precisó.

“Esas preguntas no están resueltas, no es tan fácil como decir ‘sí se puede o no se puede’, el país tiene que pensar desde lo más profundo de su alma, y despojado de odio, si se puede dar o no esa transición, y yo creo que la Fiscalía tiene mucho que aportar en este proceso”, concluyó.