Desde su llegada a Córdoba, el narcotraficante y miembro del Cartel de Medellín, Fidel Castaño Gil, alias Rambo, estableció relaciones con élites económicas, políticas y mafiosos con los que se asoció o combatió para acrecentar su fortuna y poder. A los que se negaron, les declaró la guerra, sin importar que hubieran sido sus aliados y con el objetivo de ejercer a sangre y fuego el control social, militar y económico en las regiones en las que incursionaban y se expandían sus hombres precedió sus propias “reformas agrarias”, las cuales fueron abordadas en el más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, con el apoyo del Centro de Justicia Transicional (ICJT) y la Embajada Noruega.
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Transcurría la década de los 90 cuando en los territorios que habían sido abandonados por el EPL, retomados por las Farc y anhelados por los Comandos Populares – conformados por desmovilizados del EPL que se cambiaron de bando y engrosaron las tropas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) – se disputaba una cruenta guerra en la que, según el informe, se perpetraron en el eje bananero cinco masacres, entre los años 93 y 96, que dejaron un saldo de 135 víctimas. Y en medio de este contexto, Fidel Castaño Gil implementó la gigantesca operación para lavar su fortuna originada, entre otras fuentes, en el tráfico de drogas desde Perú y Bolivia con el hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros y Pablo Escobar, reseña Indepaz.
Con ese propósito, Fidel Castaño se dedicó a adquirir a la fuerza y/o de forma fraudulenta varios terrenos en Córdoba para iniciar lo que, según él, era una nueva reforma agraria. En esa dirección, en noviembre de 1990 creó, en compañía de sus colaboradores (empresarios, ganaderos, políticos), la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcord, con sede en Montería. Tal como reseña Indepaz, ese año, Castaño Gil anunció la donación de 20 mil hectáreas localizadas en Córdoba y Darién, a través de Funpazcord, que fue una réplica de la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (ACDEGAM). (Lea también: La historia del predio restituido en Córdoba que fue despojado por el clan Castaño)
“ACDEGAM, fue el audaz proyecto social y político de las Autodefensas (AUC) que más tarde copió Fidel Castaño a través de la fundación Funpazcor, a finales de los ochenta en Urabá. ACDEGAM llegó a ser una ONG supremamente poderosa. El eje de la vida se movía en torno al Batallón Bárbula del ejército, la Alcaldía y ACDEGAM y, de los tres, la más importante de todas esas instituciones era ACDEGAM (…) indudablemente en un alto porcentaje fueron los dineros del narcotráfico los que financiaron el programa social que desplegó ACDEGAM en Cimitarra, Puerto Salgar, La Dorada y su área de influencia”, retomó el informe de lo dicho por el abogado paramilitar de las AUC, Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez de la Serna.
Agrega Indepaz que, en efecto, Castaño Gil creó su entidad de bolsillo que tenía como objeto social “procurar la igualdad social de los habitantes de Córdoba por medio de donaciones de tierras, viviendas y asistencia técnica gratuita dentro de las normas legales, católicas y democráticas”. Bajo esa premisa, la presidenta de Funpazcord, Sor Teresa Gómez Álvarez (Teresita o Niña Tere), y el representante legal, Luis Ramón Fragoso Pupo, implementaron la reforma en el resguardo indígena Tanela en Unguía (Chocó) y en San Pedro de Urabá. (Noticia relacionada: “Doble Cero”, el paramilitar detrás de la estela de sangre del Bloque Metro)
El patrimonio inicial de Funpazcord, dice el informe, se conformó con $700 millones “producto de la venta de ganado” y las fincas donadas por los Castaño, unas 10 mil hectáreas correspondientes a haciendas localizadas en Montería, Tierralta y Valencia. Algunos predios de la “reforma agraria”, anota Indepaz, pertenecieron a los expresidentes Pedro Nel Ospina Vásquez (hijo de Mariano Ospina Rodríguez, presidente entre 1858 - 1863) y Álvaro Uribe Vélez. Tiempo después, cuando la Superintendencia de Notariado y Registro hizo un estudio sobre los predios de la “reforma agraria” de Castaño Gil evidenció múltiples irregularidades como declaraciones de áreas nuevas realizadas por los nuevos propietarios para borrar la tradición, compraventa a personas fallecidas y falsedad en documentos.
En el año 94, Funpazcord cambió su razón social y pasó a llamarse Funpazcor, tras reformar sus estatutos para ampliar su cobertura al Urabá antioqueño, tal como lo indica el informe. Agrega que se nombró como secretario de la fundación a Remberto Manuel Álvarez Vertel, un ganadero quien, junto con “Teresita”, se apropiaron de los territorios de las comunidades negras de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. Entonces, lo que se presentaban como generosas donaciones en “un paso hacia la paz de Urabá”, pero la realidad tenía un color más palidezco.
Tal como lo señaló el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en 2015, citado en el informe, se trató de una “sofisticada operación para ocultar tierras adquiridas con dinero del narcotráfico y/o como botín de guerra de narcotraficantes cercanos a organizaciones armadas insurgentes o con los que había diferencia, de una parte y parte para evitar la extradición de los hermanos Castaño Gil y sus socios por vínculos con el negocio de las drogas ilícitas, de la otra”. Además, las supuestas donaciones que prometían a una tierra más pacífica y equitativa, lo que hicieron fue evitar que a Castaño Gil le confiscaran las tierras.
“(Tenía) alrededor de unos 200 empleados en Jaraguay, Las Tangas, Cedro Cocido y Santa Paula (…) él coloca esas tierras a nombre de sus trabajadores, de todos los macheteros (…) personas que eran de confianza de él, mi persona, cuatro hermanos y muchas personas que trabajamos (…) porque él sabía que en el momento que él quería recuperar sus tierras, estaban sus empleados, sus trabajadores”, afirmó Jesús Ignacio Roldan Pérez, alias Monoleche, ante un Juzgado de Restitución de Tierras en Montería, en declaraciones retomadas por el informe. En ese sentido, Indepaz señala que, entre las 1.001 familias beneficiarias de las donaciones, se encontraban familiares de los Castaño y que la entrega de parcelas no significó el traspaso de pleno dominio.
Resulta que, como lo explicó el CNMH, la entrega de predios contenía dos restricciones que escondían el despojo que pasó por simulación de reforma agraria. La primera clausula tenía que ver con que estaba “prohibido realizar cualquier transacción comercial (de tierras) sin permiso de Funpazcor”. La segunda, giraba en torno al uso de tierras donadas, a cada familia se le elaboró una escritura de adjudicación con las condiciones de entrega en la que se impedía la “enajenación y/o establecimiento de habitación, así como el cercamiento de terrenos”. Estas condiciones, según el CHMH, hacían altamente probable que la escritura hubiera permitido la materialización del testaferrato. Las donaciones se legalizaron en las notarías 12 de Montería y algunas escrituras de adjudicación de predios donados se realizaron en la notaría 10 de Medellín.
Resalta el informe que la primera fase del plan criminal de despojo fue efectiva dadas las acciones coordinadas entre los Magníficos, los Tangueros, los Catangueros y los Masetos (grupos que establecían alianzas criminales regionales que involucran desde narcos, políticos y empresarios) con militares para producir terror y desterrar masivamente a los colonos y campesinos señalados de colaborar con las guerrillas, y ganaderos y terratenientes considerados aliados de Pablo Escobar, ahora enemigo de Castaño Gil. El destierro fue a tal punto que, dice Indepaz, en 1993 huyeron de San Pedro de Urabá 2.774 personas. (Le puede interesar: El rol de las Convivir en la guerra)
La segunda fase del plan se desarrolló en predios colindantes a las conocidas escuelas de entrenamiento establecidas por la Casa Castaño. En estos predios la “reforma agraria” se implementó, por un lado, a través de la ubicación de las víctimas en los lugares a los que se desplazaron y al constreñimiento para que vendieran sus predios por sumas irrisorias aprovechándose de su vulnerabilidad. Y, por otro lado, se realizó el “repoblamiento” con donatarios de la reforma. Fue así como víctimas localizadas en municipios del Urabá antioqueño, Córdoba y otros departamentos fueron forzadas por Jesús Ignacio Roldán, “Monoleche”, a ir hasta la sede de Funpazcor en Montería a firmar “cartaventas” (transacciones que no transmiten formalmente derechos de propiedad).
Sus predios terminaron en poder de paramilitares y personas afines como Miguel Ángel Álvarez Ospino, alias Chorote; Juan de Dios Úsuga, alias Giovani; y Amparo Rivera Pereira, compañera sentimental de “Monoleche” y social de Inversores Agropalma & Cía. Ltda., una de las sociedades creadas para dar apariencia de legalidad al despojo en los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó. Así, Fidel Castaño Gil mantuvo posesión de tierras que fueron arrebatadas a campesinos, indígenas y comunidades negras, y controló la ruta del narcotráfico entre los municipios del Urabá Antioqueño, Montería, el Nudo de Paramillo y el Golfo de Urabá. Indepaz concluye que el plan criminal contó con la complicidad de servidores del antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y notarías.
