La Rochela, 25 años después

El miércoles 18 de enero de 1989 los miembros de la comisión judicial que investigaba la desaparición de 17 comerciantes en Norte de Santander y decenas de violaciones a los derechos humanos en la zona llegaron a la ‘Troncal de la paz’ allí hablaron con los mismos hombres que minutos después los asesinarían.

La Comisión Judicial, conformada por 15 personas, estaba en el municipio de San Vicente de Chucurí. Según el Secretario de Instrucción Criminal, en Santander, de la época Horacio Martínez, la comisión estaba en la zona de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, desde el 12 de enero pues investigaban al menos 25 homicidios atribuidos a grupos paramilitares. Los mismos que días después, haciéndose pasar por guerrilleros, acabaron con la vida de dos jueces, seis agentes de la Policía Judicial, dos secretarios y dos conductores.

En total fueron 15 miembros, todos engañados bajo el pretexto de la disputa que había en la zona. Primero, fueron interceptados por unos hombres que dijeron pertenecer al XXIII Frente de las Farc, su líder se identificó como el “Comandante Ernesto” y les hizo creer que le iban a prestar seguridad, porque a ellos les interesaba que denunciaran los atropellos de los paramilitares de la zona. Así lograron obtener información de la Comisión Judicial y tal como lo reveló uno de los tres sobrevivientes ese mismo año, les quitaron sus armas, les dispararon mientras estaban a bordo de un carro Toyota.

Minutos después llegó un campero Nissan Samurai, de colores rojo y blanco, un hombre se presentó como el “comandante Vladimir” y dijo que quería hablar con ellos. Se trataba de Alonso de Jesús Baquero. Un paramilitar que antes perteneció al IX frente de las Farc, que se desmovilizó y luego se convirtió en el hombre de confianza de Henry Pérez, el comandante de las autodefensas del Magdalena Medio.

La masacre

Después de ganar su confianza, y decirles que el Ejército se acercaba a la zona, ataron de manos a los miembros de la Comisión Judicial, los subieron a dos camperos Toyota, los mismos en los que se habían movilizado para realizar su trabajo.
Según las investigaciones, en el vehículo más largo subieron a nueve personas y el resto abordó el otro campero. Salieron de La Rochela, eso sí seguidos por el carro del “Comandante Vladimir” y tomaron la carretera hacia Barrancabermeja. Tan solo habían recorrido unos kilómetros cuando se detuvieron y bajaron del automóvil. En ese mismo momento también salieron los ocupantes del Nisssan Samurai y estando a diez metros de distancia dispararon, y continuaron haciéndolo mientras se acercaban lentamente. Todos los miembros de la Comisión murieron a manos de los paramilitares.

Investigadores del Centro de Memoria Histórica elaboraron el informe ‘La Rochela: Memorias de un crimen contra la justicia’, y le contaron a El Espectador que el asesinato de estos 17 comerciantes y la posterior desaparición de dos hombres que los buscaban se dio luego de la información que suministró Faruk Yanine Díaz, comandante de la XIV brigada del Ejército, quien aparentemente por labores de inteligencia sabía que estos comerciantes traían productos de Venezuela, que entraban por el departamento de Santander y llegaban al Magdalena Medio. Según se sabía entre la mercancía que ingresaban al país, venían objetos para la guerrilla. Esta información, que habría entregado Yanine Díaz a los paramilitares, y el hecho de que los comerciantes no pagaran la “vacuna” que las autodefensas cobraban en los retenes para que todos reconocieran la labor de seguridad que prestaban fueron el detonante para ordenar el asesinato de los 17 negociantes.

Y es que para la época, esta zona del Magdalena Medio se la disputaban la guerrilla y los paramilitares. Los segundos contaban con el apoyo de los militares. La única presencia del Estado, y los encargados no solo de mantener el orden, sino que también ocupaban altos cargos y administraban los recursos, inclusive ejecutaban las obras públicas pues eran las personas más idóneas en estos temas en las regiones.

Con la llegada, en la década de los 80, de narcotraficantes, como Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodriguez Gacha —quienes financiaron a Acdegam (Asociación de Comerciantes, Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio), una organización que nació en 1982 en Puerto Boyacá, bajo el pretexto de combatir el secuestro y los abusos que ejercía la guerrilla— se agravó la situación: comenzó una guerra interna al punto que en 1992 el cartel de Medellín le declaró una batalla al jefe paramilitar Henry Pérez, pues Escobar implemento la estrategia del secuestro a ganaderos con el fin de aumentar su riqueza. Muchos de los que padecieron este flagelo eran quienes financiaban los grupos paramilitares del Magdalena Medio.

En una entrevista con alias ‘Vladimir’, publicada por la Revista Semana en 1997, éste se refirió a la relación que tenían los paramilitares con el Cartel de Medellín, y afirmó que en las fincas de esa zona escoltaron a Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha y reconoció que ellos financiaron a las autodefensas porque sabían que los protegerían. Y ahí mismo reconoció que el comandante paramilitar de la zona Henry Pérez, para quien trabajaba, "les dijo que no iba a permitir que las autodefensas se metieran en la guerra contra el Estado porque su intención era acabar con la guerrilla y defender las tierras de los ganaderos. Por esa razón Escobar y el 'Mexicano' lo declararon su enemigo y finalmente ordenaron su muerte".

De esta manera se posicionaban entre la población que los conocía perfectamente. Y es que según los testimonios que recogió el Centro de Memoria Histórica, para la época era muy común que entre semana los trabajadores de los ganaderos estuvieran dedicados a los oficios del campo de lunes a viernes y los fines de semana se iban a las escuelas de entrenamiento militar. Allá debían aprender el actuar de la violencia y salir a patrullar e ir a combates. Para que al terminar todos los cursos recibieran libreta militar de primera clase.

El ‘negro Vladimir’ bajó las ordenes de Pérez fue el encargado de perpetrar la masacre de La Rochela. En entrevista con la revista Semana en 1997 admitió que fue su idea hacerse pasar como guerrillero del frente XXIII de las Farc. “Cuando los interceptamos yo me identifiqué como el comandante 'Vladimir'. Yo di la orden de dispararles, dinamitar los carros y escribir en los restos "fuera masetos" para hacer creer que había sido un ataque de la guerrilla. Sin embargo la persona encargada de volar los carros no lo hizo y por eso nos descubrieron. Ese mismo día supimos que hubo tres sobrevivientes”.

El caso judicial

En 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al país por este hecho argumentando que el Estado violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a la integridad personal a lo que se sumó la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial de esta comisión.

Uno de los tres sobrevivientes, Arturo Salgado Garzón falleció el año pasado. Mientras en la zona siguen habitando los nuevos grupos al margen de la ley y en el resto del país siguen amenazando a los familiares de las víctimas que perdieron la vida hace 25 años cuando quedó en evidencia que la violencia paramilitar se ensañaba no sólo contra las guerrillas a las que decía perseguir, sino contra los representantes de los organismos del Estado. Y hasta ahora el Estado no ha investigado ni sancionado a los responsables de estos hechos. Y es que el único paramilitar condenado por este caso fue el ‘Negro Valdimir’ y en la impunidad quedaron el resto de verdades, pues personajes claves como Faruk Yanine Díaz murió sin contar la historia.