18 Jul 2021 - 2:45 p. m.

“La Sala estableció que los crímenes no eran cometidos de manera aislada”: JEP

En diálogo con El Espectador, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) magistrado Eduardo Cifuentes reiteró que las decisiones sobre los denominados “falsos positivos” dejan en evidencia el panorama que padecieron las personas que fueron víctimas de este flagelo. El alto funcionario entregó detalles de lo que fue la decisión conocida por este diario que vincula a militares del batallón La Popa.

¿En qué avanza este auto de hechos y conductas respecto de lo que ya había hecho la justicia ordinaria, donde ya había varias condenas por los falsos positivos del batallón La Popa?

Se avanza bastante. Tenga en cuenta que algunos de los comparecientes dentro de este subcaso han sido condenados por la justicia ordinaria, pero otros apenas estaban en proceso de investigación. Los procesos se desarrollaban de manera individual y buscaban, como corresponde en la justicia penal, determinar la responsabilidad de la persona investigada. Pero es el proceso ante la JEP el que permite tener una mirada de crímenes de sistema y establecer los patrones que caracterizaron a estos delitos.

La Sala escuchó en versión a 51 comparecientes y a un excomandante paramilitar. La mayor parte de los versionados confesaron su participación en los crímenes y aportaron datos adicionales que complementan la verdad alcanzada por la justicia penal. Son los propios comparecientes, dentro del marco del proceso ante la JEP, quienes aportaron detalles de la operación criminal. Este es un dato crucial, porque muestra que el espacio de la JEP y el sistema de beneficios y sanciones permiten crear un entorno en el cual los comparecientes colaboren con la justicia. Como se ha sostenido por el filósofo Thomas Nagel, no basta con el conocimiento de los hechos, sino que se requiere también su reconocimiento, para que las víctimas tengan una admisión publica y oficial de lo sucedido. Esto es de particular importancia en este caso, por los ataques que los denunciantes sufrieron por haber denunciado los hechos. Gracias a esta decisión se sabe lo ocurrido y la forma en que personas que no estaban tomando parte directa en las hostilidades fueron asesinadas y/o desaparecidas.

¿Cómo fue el proceso de investigación y cruce de información para este auto? Es decir, ¿Cuántas personas estuvieron involucradas, por cuánto tiempo?

El proceso de investigación ha ocupado el trabajo de muchas personas en la Sala de Reconocimiento. Nos basamos en lo hecho por la justicia ordinaria; en cuatro informes oficiales, dos de la Fiscalía General de la Nación y dos de la Procuraduría General de la Nación; en los 32 informes de las organizaciones de víctimas e indígenas. A partir de esta información, se hizo un proceso de priorización, y, dentro de este proceso, la Sala priorizó al Batallón La Popa, debido a que es mencionado en cinco informes y al número de víctimas y a su identificación. Además de eso, la Sala hizo inspecciones judiciales a la Primera División, a la Décima Brigada Blindada y al archivo operacional del Batallón La Popa sobre el número de bajas reportadas entre el mes de enero de 2002 y el de julio de 2005. Todo este trabajo le permitió establecer que 140 miembros del Bapop, de los 237 integrantes que se habían sometido a la JEP, habían tomado parte en los hechos criminales dentro del periodo seleccionado. De esos 140, 15 fueron identificados y seleccionados como los máximos responsables.

¿Por qué se habla de patrones de conductas en los falsos positivos atribuidos al batallón La Popa?

El modelo de investigación de la JEP es el propio de los tribunales que deben investigar crímenes cometidos de manera masiva o sistemática. Estos crímenes son cometidos como parte de un sistema de criminalidad en el que los autores actúan con base en un reparto de funciones, en una suerte de burocracia criminal. La investigación muestra las diferentes regularidades en la comisión de la conducta y las diferentes formas en las cuales esas repeticiones se van dando. En este caso, la Sala estableció que los crímenes no eran cometidos de manera aislada, sino que respondían a un proceso organizativo, a un modus operandi, y que eran el resultado de un aparato organizado insertado dentro de las operaciones legítimas de la Fuerza Pública. En desarrollo de su investigación, la Sala identificó dos patrones, uno de relaciones con los grupos paramilitares y el otro de respuesta a las presiones por la obtención de resultados en la lucha contra la guerrilla. Estos dos patrones permitieron a la Sala establecer la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo que muestra, en estos últimos, que también respondió a una política de la organización criminal de atacar a la población civil.

En el auto se evidencia que la Procuraduría y las víctimas insistieron en investigar las técnicas de encubrimiento de estos crímenes, ¿Qué encontró allí la sala?

Las conductas fueron cometidas como parte de un plan cuidosamente elaborado por sus autores. Este plan asignaba diferentes funciones a los comparecientes y creaba una especie de ciclo criminal que comenzaba con la inteligencia militar para seleccionar a las víctimas y no, como era su deber legal y constitucional, para identificar las amenazas a la seguridad de la ciudadanía. Una vez seleccionada las víctimas, se les trasladaba mediante engaños o a la fuerza a la zona en la cual iba a tener lugar el falso combate y allí eran asesinadas. Se simulaban combates, se falsificaban ordenes operacionales, se acordaban los relatos falsos que iban a ser entregados a las autoridades y, en general, se montaba todo un proceso para dar apariencia de legalidad a lo que eran realmente homicidios en personas protegidas. Hay un aspecto que debemos tener en cuenta al analizar estos crímenes: el desarrollo de una operación militar requiere la intervención de muchos actores y el uso de muchos recursos personales, técnicos, logísticos y financieros. Una persona sola no puede organizar un acto de esta naturaleza sin que sus compañeros se enteren. Esto muestra que esta conducta se ejecutó de manera organizada, con la participación de personas en cada uno de los puntos clave para la ejecución de operaciones militares, de manera que se buscaba garantizar la impunidad de sus autores. El complejo proceso de legalización de estas conductas es lo que muestra que un aparato organizado de poder se insertó dentro de las Fuerzas Militares y que no es el resultado de un acto espontáneo y, mucho menos, de manzanas podridas.

Sobre este punto, ¿hay indicios de alguna responsabilidad en los hechos por parte de médicos forenses o jueces de instrucción militar?

Las responsabilidades de otras personas e instituciones están siendo objeto de investigación por parte de la Sala. El proceso de darle apariencia de legalidad a la conducta involucró diferentes pasos, entre ellos el relativo al levantamiento del cadáver. La sala muestra en el auto que en al menos 46 casos la propia tropa trasladó el cuerpo de las víctimas para que se hiciera la inspección del cadáver y la posterior necropsia en un lugar distinto al de ocurrencia de los hechos, con lo que afectaba el proceso de determinación de la causa de la muerte de la persona y las circunstancias en que ocurrieron. La intervención de los jueces penales militares también fue objeto de obstáculos y fueron pocos los casos en los que los jueces aseguraban la escena, ya que era el comandante del Batallón quien definía si el cuerpo era llevado al juez o este se trasladaba al área en la que supuestamente ocurrieron los hechos. En uno de los casos el cuerpo fue trasladado sobre un semoviente, y por ello llegó a la morgue en estado de descomposición, afectando de esa manera el proceso de investigación.

¿Por qué dice la JEP que los indígenas kankuamos y los wiwa sufrieron un daño desproporcionado en estos crímenes?

Este es uno de los aspectos más importantes de este caso. La Sala documenta, de manera muy precisa, los ataques en contra de los pueblos indígenas de la zona, en particular los Kankuamo y los Wiwa, a quienes se les estigmatizaba como integrantes de la guerrilla, lo que produjo un daño a su memoria y a su buen nombre. Permítame le doy unas cifras, que surgen del auto, y que nos permiten establecer el daño que han sufrido los pueblos indígenas, por parte de los actores armados, y dentro de este proceso, por parte de la Fuerza Pública. Entre el año 2000 y 2005 fueron asesinados, en la zona de la Sierra Nevada, 253 indígenas, pertenecientes a los pueblos Kankuamo, Wayúu, Wiwa y Arhuaco, la mayor parte responsabilidad de los grupos paramilitares, pero también de los grupos guerrilleros y de la Fuerza Pública. De las 41 víctimas indígenas por los crímenes del caso 03, 22 eran Kankuamo o Wiwa. El proceso de estigmatización justificó, a los ojos de los perpetradores, estos crímenes. El daño causado es muy grave, no sólo por las afectaciones individuales, sino porque estos crímenes afectaron el territorio, los lugares sagrados de los pueblos y la armonía de la comunidad. También se dieron impactos como la ruptura del sistema de creencias, la ruptura de la confianza colectiva, la imposibilidad de realizar los duelos, el miedo crónico que afecta las relaciones comunitarias y la polarización social y descrédito de las instituciones. El auto de la Sala es histórico, porque es la primera vez que se documenta de esta manera los daños causados a los pueblos indígenas por uno de los actores armados, en este caso, la Fuerza Pública.

El año pasado la JEP ordenó medidas cautelares sobre el cementerio El Copey porque se presume que allí habría víctimas de falsos positivos, ¿Cómo se relaciona ese trámite con esta imputación?

Las inspecciones judiciales a los cementerios y las medidas cautelares ordenadas son importantes porque algunas de las víctimas fueron enterradas, de manera ilegal y clandestina, en los cementerios de Fonseca y del llamado cementerio alterno de El Copey. Esta búsqueda permitirá identificar a algunas de las víctimas de desaparición forzada y garantizar los derechos de sus familiares.

Tras la remisión hecha de las medidas que fueron inicialmente adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento, a través de Auto OPV-310 de 2020, la Sala avocó conocimiento del trámite de medidas cautelares sobre el Cementerio Alterno de El Copey (Cesar). La SRVR vinculó a la Gobernación del Cesar, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, requiriéndoles para que, junto con la Alcaldía Municipal, remitieran información sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección de los restos de hallados en uno de los lotes del mencionado cementerio.

Posteriormente, tras pronunciamientos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía General de la Nación sobre posibles incumplimientos en el cumplimiento de las medidas, y dada la solicitud de apertura de incidente de medidas correccionales de la Comisión Colombiana de Juristas, mediante Auto OPV-038 de 2021 la Sala decidió dar apertura al incidente de medidas correccionales en contra del Alcalde del municipio de El Copey, Francisco Manuel Meza Altamar.

El predio en el que queda el cementerio está dividido en tres lotes distintos y en uno de ellos la alcaldía inició la construcción de un cementerio formal la cual fue suspendida por órdenes de la Sala. Con el propósito de recabar información que permitiera a la Sala determinar si, en efecto, había algún grado de incumplimiento de las medidas ordenadas por la Jurisdicción, mediante Auto OPV-053 de 2021 se fijó fecha para la instalación y realización de una inspección judicial al Cementerio Alterno con participación de la magistratura y del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Esta diligencia se realizó en el mes de marzo y fue dirigida por el magistrado Oscar Parra.

Los hallazgos de dicha diligencia y el correspondiente informe técnico rendido por el GATEF, fueron trasladados a los intervinientes para que se pronunciaran al respecto y están siendo analizados en conjunto con todo el acervo probatorio disponible para definir, próximamente, si en efecto existió incumplimiento por parte de la Alcaldía de El Copey, además de establecer claramente el alcance de las medidas adoptadas en el marco de este trámite.

Hasta el momento, los hallazgos indican que la inhumación de personas en ese lote que se denomina “cementerio alterno” pero que no cuenta con construcción ni organización para inhumar cuerpos, no ocurrió en todas las secciones del predio. La Sala está revisando la información disponible para determinar si hubo o no un incumplimiento a las medidas y el grado de tal incumplimiento, así como coordinando para que se proceda a exhumar los restos que allí se encuentren.

En el mes de marzo la UIA encontró restos óseos que la FGN y el CTI no habían recuperado en la diligencia de 2020. Estos restos fueron entregados a Medicina Legal para su identificación y la entrega digna a sus familias.

¿Cómo recibe la JEP la respuesta del coronel (r) Mejía a la imputación? El pasado miércoles trinó: “Cuando la Justicia se convirtió en negocio o instrumento político, la verdad dejó de ser importante”.

El escenario de discusión de las decisiones de la JEP es el proceso dentro del cual se dictó este auto. Como en los otros casos, los comparecientes tienen un plazo para formular sus observaciones y para decidir si reconocen responsabilidad por los hechos que se les imputan. Si deciden reconocerla, pueden acceder a la sanción propia que les imponga la Sección con Reconocimiento del Tribunal para la Paz. Por el contrario, si aporta a la verdad y no reconoce responsabilidad, se da inicio al trámite adversarial y, si la persona es acusada por la UIA y vencida en juicio, podría recibir una sanción ordinaria de hasta 20 años de prisión.

En febrero, la Sala de Reconocimiento anunció que serían, por lo menos, seis autos de imputación similares, ¿en qué van los de los otros cuatro subcasos priorizados?

El trabajo de la Sala no termina con la expedición de este auto. Como ya se ha dicho, son seis los subcasos priorizados y en ellos se sigue avanzando, ya sea practicando versiones voluntarias o escuchando, como esta semana en el caso de Casanare, las observaciones de las víctimas. Pero debe tenerse en cuenta que cada auto nos va dando una imagen mucho más precisa de cómo ocurrieron los hechos a nivel nacional y permitirá dar respuesta a la pregunta que todos se formulan: ¿Cómo fue posible que, dentro de la Fuerza Pública, a nivel nacional, se diera esta política de homicidios en persona protegida y de desapariciones forzadas? Las investigaciones dentro de los otros subcasos permitirán establecer la cadena de mando y dar respuesta a la pregunta que desde hace muchos años formulan las víctimas.

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