La segunda fase en la investigación de la Fiscalía General por el caso 'hacker'

La Fiscalía General inició la segunda fase en la investigación por las actividades ilegales adelantadas por el ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila. En esta etapa se buscará establecer la responsabilidad y conocimiento que tenían miembros de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga y del Centro Democrático en la obtención y publicación de información reservada de los negociadores del Gobierno y la guerrilla de las Farc en el proceso de paz.

El ente investigador recolecta elementos materiales probatorios y analiza una serie de testimonios que vinculan a miembros de la colectividad y otros que participaron en la campaña presidencial en la recopilación de datos y un plan de sabotaje, utilizando las redes sociales, en contra del candidato del partido de la U, Juan Manuel Santo y las negociaciones que se adelantan en La Habana (Cuba).

La primera fase de esta investigación tuvo como finalidad la identificación de las personas que estuvieron detrás de la obtención de esta información privilegiada y el ataque “sistemático” de funcionarios del Gobierno y otras relacionadas con dicho proceso. Por estos hechos ya son procesados un grupo de cuatro policías, dos ‘hackers’ –uno de ellos de ciudadanía ecuatoriana- y se adelanta una investigación en contra de particulares.

“Hemos determinado que existen unos vínculos contractuales, unas relaciones, lo que vamos a precisar es si algunos miembros de la campaña del Centro Democrático tenían o no conocimiento de las actividades ilícitas realizadas por Andrés Fernando Sepúlveda”, precisó el fiscal General, Eduardo Montealegre Lynet en entrevista con la W Radio.

Esto tras los indicios que existen frente al conocimiento que habría tenido el entonces candidato presidencial sobre la obtención de estos datos privilegiados. Esto teniendo en cuenta la declaración juramentada rendida por Sepúlveda Ardila, quien ya firmó un preacuerdo con la Fiscalía en la que aceptó su responsabilidad en los cinco delitos imputados y se comprometió a entregar información sobre estas actividades irregulares.

“Contra el doctor Óscar Iván Zuluaga existen algunos elementos de juicio que lo podrían comprometer eventualmente como responsable de algunos hechos delictivos y por eso es que se le ha llamado a interrogatorio para que explique su actuación dentro de todo esto”, explicó el jefe del ente investigador, quien manifestó que no existe una obligación para entregarle el video original, grabado con un teléfono celular, en el que aparece en la oficina de Sepúlveda.

La financiación de la campaña presidencial

Uno de los primeros avances de esta etapa tiene relación con las inspecciones adelantadas por agentes del CTI de la Fiscalía General a la sede oficial del Centro Democrático en diciembre del año pasado. En dicho operativo se recolectaron elementos materiales como los movimientos financieros de la campaña presidencial, en la cual David Zuluaga Martínez aparece como el gerente de la misma.

Igualmente se cuenta con la declaración del contador de la campaña, Óscar Álvarez quien el pasado 29 de diciembre rindió interrogatorio en la Fiscalía General. En este punto los investigadores pudieron determinar que le fueron pagados 250 millones de pesos a Luis Carlos Sepúlveda Ardila, hermano menor del ‘hacker’.

Al parecer esta multimillonaria suma no fue registrada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como lo exige la ley. Una fuente de la Fiscalía manifestó que se busca establecer para qué fue utilizado dicho dinero, si los miembros de la campaña tenían conocimiento de su utilización y por qué aparece girado cunado Andrés Fernando Sepúlveda Ardila ya se encontraba privado de su libertad.

Por estos hechos fue llamado a ampliación de interrogatorio el exasesor espiritual Luis Alfonso Hoyos, quien actualmente no se encuentra en el país. “A raíz de unas diligencias que se practicaron a finales de año, han surgido unas nuevas evidencias, unos nuevos hechos, relacionados con la campaña”, señaló el Fiscal General al manifestar que la diligencia quedó fijada para el próximo 28 de enero.

“Se estaba verificando la contabilidad del Centro Democrático, lo que la Fiscalía ha encontrado son unas inconsistencias entre la campaña y la realidad de los hechos frente al caso del ‘hacker’. La contabilidad no es fidedigna, no estableció exactamente los movimientos reales de la campaña, específicamente con relación de Sepúlveda y sus familiares”, explicó.

En la investigación se ha podido establecer que existía un mercado de información reservada, de datos personales reservado, de información de seguridad del Estado. Una de las primeras conclusiones es que existe una vinculación entre la oficina Andrómeda y el caso ‘hacker’ frente a la existencia de una empresa criminal dirigida a la interceptación ilegal de comunicaciones, bases de datos y correos personales.