La segunda 'generación' parapolítica
El CTI continúa efectuando capturas en la Costa Caribe de políticos involucrados en los pactos de Chivolo y de Pivijay.
Redacción Judicial
Por haber respaldado supuestamente los pactos de Chivolo y de Pivijay, firmados entre 2000 y 2001 entre las autodefensas de Jorge 40 y políticos del Magdalena y Cesar, la Fiscalía inició un gigantesco operativo para detener a unos 70 líderes políticos de esa región. Tal como lo había anunciado el fiscal general, Eduardo Montealegre, hace una semana, un número extenso de dirigentes serán detenidos a lo largo de esta semana y procesados por el delito de concierto para delinquir, señalados de haber apoyado la expansión paramilitar en la Costa Caribe a través de los mencionados y polémicos acuerdos.
La mayoría de los políticos investigados provienen de municipios de Magdalena como Chivolo, Plato, Nueva Granada, Tenerife, Pedraza, Ariguaní, Sabanas de San Ángel, Zapayán, Salamina y Pivijay. Al cierre de esta edición era un hecho que al menos 12 dirigentes políticos ya habían sido arrestados y se conoció que varios más planean entregarse a lo largo de la semana. Para la Fiscalía es menester aclarar cuál fue el trato entre estas personas y los hombres que se encontraban bajo el mando del comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Entre los nombres de los capturados figuran los exconcejales de Algarrobo (Magdalena) Gustavo Enrique Carrillo Macías, quien se ‘quemó’ en las elecciones de 2004 con el Movimiento Colombia Viva; Luis Carlos Puello Rodríguez, quien se quedó en las elecciones de 2004 con el Partido Cambio Radical; Gentil Rodríguez Zúñiga, quien fue elegido en 2004 con 112 votos por el Movimiento Colombia Viva; José Jorge Crespo Pérez, quien en 2004 obtuvo 205 votos para ser nuevamente concejal por Cambio Radical y en 2007, apenas 55 sufragios; y Eusebio Manuel Vizcaíno, que no se lanzó en 2004.
Otros de los detenidos son Jairo David Castillo, Germán Augusto Gómez, Nicolás Demetrio Orozco, Harold Zárate y dos mujeres: Floralba Flórez Flórez y Alba Torres. “Mis defendidos son personas que llegaron al poder antes del impacto de los grupos paramilitares en dichos departamentos”, señaló en el búnker de la Fiscalía Rubén Darío Ceballos, abogado de seis de los exconcejales involucrados. Voceros del Inpec aseguraron que se estaban tomando las medidas necesarias para recluir a esta nueva ‘generación’ de investigados por parapolítica, a la vez que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aseguró que no tendrían ninguna preferencia carcelaria: “No veo por qué tendrían que tenerla”.
Los acuerdos que tienen en aprietos a estos dirigentes políticos son los denominados pactos de Pivijay y de Chivolo. La falta de investigación sobre ellos fue denunciada por la entonces senadora Gina Parody, quien en julio de 2008 preguntó en la Fiscalía en qué andaban las indagaciones de estos pactos que involucraban a unos 430 políticos, para recibir como respuesta que sólo había cinco investigaciones, ninguna relacionada con paramilitarismo. Parody comenzó entonces una cruzada en el Congreso para que estos expedientes empezaran a moverse.
El pacto de Chivolo, del 28 de septiembre de 2000, fue un acuerdo mediante el cual alcaldes, concejales y diputados de los departamentos del Magdalena y Cesar, encabezados por el jefe paramiltar Jorge 40, acordaron dividir la región en distritos electorales para apoyar las campañas en 2002 al Congreso de Dieb Maloof, Jorge de Jesús Castro Pacheco, José Gamarra Sierra y Gustavo Orozco. Maloof consiguió 67.864 votos y su segundo renglón fue Castro Pachecho; Gamarra obtuvo 15.904 sufragios. Todos fueron posteriormente condenados por parapolítica.
Por el pacto de Chivolo fueron condenados acogiéndose a sentencia anticipada, en marzo de 2011, Aníbal Guillermo Castro Martínez, exalcalde de Concordia, y Pablo José Salas Orozco, acusados del delito de concierto para delinquir agravado. También se abrió investigación a diez políticos del Magdalena: los exalcaldes de Concordia, Aníbal Castro Martínez, José Ignacio Mercado Colón y Pablo José Salas Orozco; Miguel Antonio Aragón Escorcia y los exdiputados de la Asamblea de Magdalena Édgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios.
Por haber respaldado supuestamente los pactos de Chivolo y de Pivijay, firmados entre 2000 y 2001 entre las autodefensas de Jorge 40 y políticos del Magdalena y Cesar, la Fiscalía inició un gigantesco operativo para detener a unos 70 líderes políticos de esa región. Tal como lo había anunciado el fiscal general, Eduardo Montealegre, hace una semana, un número extenso de dirigentes serán detenidos a lo largo de esta semana y procesados por el delito de concierto para delinquir, señalados de haber apoyado la expansión paramilitar en la Costa Caribe a través de los mencionados y polémicos acuerdos.
La mayoría de los políticos investigados provienen de municipios de Magdalena como Chivolo, Plato, Nueva Granada, Tenerife, Pedraza, Ariguaní, Sabanas de San Ángel, Zapayán, Salamina y Pivijay. Al cierre de esta edición era un hecho que al menos 12 dirigentes políticos ya habían sido arrestados y se conoció que varios más planean entregarse a lo largo de la semana. Para la Fiscalía es menester aclarar cuál fue el trato entre estas personas y los hombres que se encontraban bajo el mando del comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Entre los nombres de los capturados figuran los exconcejales de Algarrobo (Magdalena) Gustavo Enrique Carrillo Macías, quien se ‘quemó’ en las elecciones de 2004 con el Movimiento Colombia Viva; Luis Carlos Puello Rodríguez, quien se quedó en las elecciones de 2004 con el Partido Cambio Radical; Gentil Rodríguez Zúñiga, quien fue elegido en 2004 con 112 votos por el Movimiento Colombia Viva; José Jorge Crespo Pérez, quien en 2004 obtuvo 205 votos para ser nuevamente concejal por Cambio Radical y en 2007, apenas 55 sufragios; y Eusebio Manuel Vizcaíno, que no se lanzó en 2004.
Otros de los detenidos son Jairo David Castillo, Germán Augusto Gómez, Nicolás Demetrio Orozco, Harold Zárate y dos mujeres: Floralba Flórez Flórez y Alba Torres. “Mis defendidos son personas que llegaron al poder antes del impacto de los grupos paramilitares en dichos departamentos”, señaló en el búnker de la Fiscalía Rubén Darío Ceballos, abogado de seis de los exconcejales involucrados. Voceros del Inpec aseguraron que se estaban tomando las medidas necesarias para recluir a esta nueva ‘generación’ de investigados por parapolítica, a la vez que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aseguró que no tendrían ninguna preferencia carcelaria: “No veo por qué tendrían que tenerla”.
Los acuerdos que tienen en aprietos a estos dirigentes políticos son los denominados pactos de Pivijay y de Chivolo. La falta de investigación sobre ellos fue denunciada por la entonces senadora Gina Parody, quien en julio de 2008 preguntó en la Fiscalía en qué andaban las indagaciones de estos pactos que involucraban a unos 430 políticos, para recibir como respuesta que sólo había cinco investigaciones, ninguna relacionada con paramilitarismo. Parody comenzó entonces una cruzada en el Congreso para que estos expedientes empezaran a moverse.
El pacto de Chivolo, del 28 de septiembre de 2000, fue un acuerdo mediante el cual alcaldes, concejales y diputados de los departamentos del Magdalena y Cesar, encabezados por el jefe paramiltar Jorge 40, acordaron dividir la región en distritos electorales para apoyar las campañas en 2002 al Congreso de Dieb Maloof, Jorge de Jesús Castro Pacheco, José Gamarra Sierra y Gustavo Orozco. Maloof consiguió 67.864 votos y su segundo renglón fue Castro Pachecho; Gamarra obtuvo 15.904 sufragios. Todos fueron posteriormente condenados por parapolítica.
Por el pacto de Chivolo fueron condenados acogiéndose a sentencia anticipada, en marzo de 2011, Aníbal Guillermo Castro Martínez, exalcalde de Concordia, y Pablo José Salas Orozco, acusados del delito de concierto para delinquir agravado. También se abrió investigación a diez políticos del Magdalena: los exalcaldes de Concordia, Aníbal Castro Martínez, José Ignacio Mercado Colón y Pablo José Salas Orozco; Miguel Antonio Aragón Escorcia y los exdiputados de la Asamblea de Magdalena Édgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios.