La sentencia que protege al Arroyo Bruno se revive en visita de Petro a la Guajira

Con el #EscuchemosALaGuajira en redes sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos hacen el llamado a que el Gobierno tenga en la cuenta la sentencia de la Corte Constitucional que protege el Arroyo Bruno, recurso hídrico esencial de pueblos indígenas de la Guajira. La decisión de la Corte, que data de 2019, reconoce también a Los líderes sociales y ambientales como sujetos de protección especial.

El llamado a proteger el Arroyo se suma hoy a las múltiples exigencias de la población del departamento, la cual aprovecha la visita del presidente Gustavo Petro para que le dé prioridad a las problemáticas de la región. El mandatario está acompañado de todo su gabinete de ministros, quienes participan en varios encuentros que se realizarán en Riohacha, Uribia y Nazareth, Albania, Manaure y Maicao, entre otras localidades guajiras.

Las amenazas de destrucción contra el Arroyo Bruno datan desde 2016. Ese año, el Tribunal Administrativo de la Guajira ordenó realizar un estudio técnico que determinaría las afectaciones causadas a las comunidades debido a su desviación. Sin embargo, en 2017, como parte del proyecto del tajo La Puente, la empresa Carbones del Cerrejón desvió el arroyo Bruno a lo largo de 3,6 kilómetros.

(Lea también: Contraloría raja al Gobierno en cumplimiento de la sentencia del Arroyo Bruno)

Ese mismo año, con un plantón frente a la Corte Constitucional y una tutela, las comunidades de La Horqueta, la Gran Parada y Paradero, lograron que la misma Corte emitiera una sentencia protegiendo los derechos del pueblo indígena. La sentencia ordenaba que la decisión de mantener o devolver al cauce el arroyo Bruno involucrara a la mayor cantidad de actores posibles, además de que fuera tomada luego de que se estudiara técnicamente para esclarecer su impacto social y ambiental.

De esta forma, la alta corte ordenó crear una mesa interinstitucional con representantes de las comunidades, las instituciones y el personal técnico que intervinieron en el trámite. Pero esta orden no se cumplió. Las entidades no estaban teniendo en cuenta las exigencias realizadas por las comunidades. Apenas fue que, en 2019, tres comunidades wayuu directamente afectadas por el desvío del arroyo Bruno fueron invitadas a hacer parte de este espacio y solamente participaron en dos ocasiones, hasta julio de 2021, que decidieron levantarse de la mesa.

Según un informe de la Contraloría, tampoco se está cumpliendo la orden de la Corte de suspender las actividades mineras al interior del tajo La Puente, que avancen hacia el área del cauce natural del Arroyo Bruno. Esta fuente hídrica, además de ser una fuente de bienestar cultural y espiritual para los pueblos wayuu que habitan la zona, constituye también el corredor biológico entre Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Con el #EscuchemosALaGuajira en redes sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos hacen el llamado a que el Gobierno tenga en la cuenta la sentencia de la Corte Constitucional que protege el Arroyo Bruno, recurso hídrico esencial de pueblos indígenas de la Guajira. La decisión de la Corte, que data de 2019, reconoce también a Los líderes sociales y ambientales como sujetos de protección especial.

El llamado a proteger el Arroyo se suma hoy a las múltiples exigencias de la población del departamento, la cual aprovecha la visita del presidente Gustavo Petro para que le dé prioridad a las problemáticas de la región. El mandatario está acompañado de todo su gabinete de ministros, quienes participan en varios encuentros que se realizarán en Riohacha, Uribia y Nazareth, Albania, Manaure y Maicao, entre otras localidades guajiras.

Las amenazas de destrucción contra el Arroyo Bruno datan desde 2016. Ese año, el Tribunal Administrativo de la Guajira ordenó realizar un estudio técnico que determinaría las afectaciones causadas a las comunidades debido a su desviación. Sin embargo, en 2017, como parte del proyecto del tajo La Puente, la empresa Carbones del Cerrejón desvió el arroyo Bruno a lo largo de 3,6 kilómetros.

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Ese mismo año, con un plantón frente a la Corte Constitucional y una tutela, las comunidades de La Horqueta, la Gran Parada y Paradero, lograron que la misma Corte emitiera una sentencia protegiendo los derechos del pueblo indígena. La sentencia ordenaba que la decisión de mantener o devolver al cauce el arroyo Bruno involucrara a la mayor cantidad de actores posibles, además de que fuera tomada luego de que se estudiara técnicamente para esclarecer su impacto social y ambiental.

De esta forma, la alta corte ordenó crear una mesa interinstitucional con representantes de las comunidades, las instituciones y el personal técnico que intervinieron en el trámite. Pero esta orden no se cumplió. Las entidades no estaban teniendo en cuenta las exigencias realizadas por las comunidades. Apenas fue que, en 2019, tres comunidades wayuu directamente afectadas por el desvío del arroyo Bruno fueron invitadas a hacer parte de este espacio y solamente participaron en dos ocasiones, hasta julio de 2021, que decidieron levantarse de la mesa.

Según un informe de la Contraloría, tampoco se está cumpliendo la orden de la Corte de suspender las actividades mineras al interior del tajo La Puente, que avancen hacia el área del cauce natural del Arroyo Bruno. Esta fuente hídrica, además de ser una fuente de bienestar cultural y espiritual para los pueblos wayuu que habitan la zona, constituye también el corredor biológico entre Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta.

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