La suerte de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, principal negociador de las Auc en el proceso de paz con el Gobierno, está ligada a la suerte de Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, comandante del frente Cacique Pipintá, que operó en Caldas y el sur de Antioquia.
La condena de Alberto Guerrero por la matanza indígena en Riosucio (Caldas), que ocurrió el 8 de junio de 2003 y en la que murieron el candidato a la Alcaldía Gabriel Ángel Cartagena y tres líderes que trabajaban en su campaña, sería el último escalón de las autoridades para demostrar que Báez sí participó en este y otros asesinatos.
Sierra García, quien primero se declaró inocente de la matanza, finalmente aceptó su culpa para aprovechar el último chance de obtener una rebaja de pena. Un juez lo sentenció a casi 27 años de prisión.
La razón para vincular a Báez en este crimen es que varios miembros del frente han señalado que Sierra García era su subordinado incondicional y que no tomaba una decisión sin su visto bueno. Que el frente Cacique Pipintá estaba sólo a su servicio.
La justicia lleva cinco años tratando de demostrar esto, al considerar que Báez no sólo era el “pensador” de las Auc a nivel nacional, sino que también tuvo incidencia en varios crímenes.
El caso de la matanza es particular, pues hizo parte del control político a punta de terror que quiso mantener Duque Gaviria en los municipios donde tuvo influencia el frente Cacique Pipintá. Por ejemplo, Riosucio (Caldas) fue víctima de una campaña de exterminio de líderes indígenas, para truncar sus aspiraciones de llegar a la Alcaldía. Antes de la matanza, los paramilitares ya habían asesinado a la también candidata María Fabiola Largo, en abril de 2002.
En Aguadas (Caldas) también ocurrió algo similar con el homicidio del alcalde de Aguadas Iván Rincón Henao, en agosto del 2003. En todos estos casos se señala a Báez de ser el autor intelectual y al Cacique Pipintá como los autores materiales.
Pero su influencia no sólo fue en la política local. El grupo sirvió para impulsar congresistas. En 2002, con el apoyo de Báez llegó a la Cámara su amigo Óscar González Grisales, quien en 2005 fue asesinado por miembros de la ‘Oficina de Envigado’.
Para las elecciones de 2006 impidió que el Cacique Pipintá se desmovilizara, para usarlo como fuerza intimidatoria en los comicios de ese año.
Al contar con un grupo alzado en armas a su servicio, Báez tuvo con qué negociar con Ferney Tapasco González el ingreso de Enrique Emilio Ángel Barco y Juan Pablo Sánchez Morales a la lista del Partido Liberal que se presentaría a la Cámara de Representantes.
Ángel Barco resultó electo y luego condenado por parapolítica. Sánchez llegó en su reemplazo y está en juicio por sus nexos con las Auc. De esa lista también condenaron a Dixon Tapasco y Jairo Llano, que eran los candidatos de Tapasco. Esta negociación, que hizo Báez después de su desmovilización, es la que lo tiene ad portas de salir de Justicia y Paz.
Todos los detalles detrás de esto los conoce Alberto Guerrero, quien desde su captura en 2007 ha guardado silencio. Dice estar dispuesto a aceptar casi 1.200 homicidios, a entregar armas, fosas y relatar lo que sabe de narcotráfico y política.
La sentencia contra Pablo Hernán Sierra llega justo cuando hace su último esfuerzo por ser incluido en Justicia y Paz, haciendo público un abrebocas de lo que dice conocer de la relación del expresidente Álvaro Uribe, el exsenador Mario Uribe y el propio excomisionado de Paz con las Auc.
Curiosamente, en declaraciones que dio a Noticias Uno, deja entrever que, a diferencia de años atrás, ahora parece estar dispuesto también a relatar capítulos en los que Báez es protagonista, con el fin de que se conozca toda la verdad.
Por Redacción Judicial
