En medio de uno de los escándalos más grandes en la historia de la Corte Constitucional, por cuenta de un supuesto caso de soborno en el que el magistrado Jorge Pretelt habría pedido $500 millones a cambio de favorecer a Fidupetrol en un fallo de tutela, El Espectador habló con el ministro de Justicia, Yesid Reyes, para conocer su posición frente a estas denuncias, las acusaciones de Pretelt contra el fiscal general y otros magistrados y la posibilidad de una constituyente, que hoy muchos ven como única salida a la difícil situación que atraviesa la Rama Judicial.
En medio del desprestigio de la justicia, las Farc dicen que debería haber una constituyente hoy en Colombia. ¿Se está gestando un ambiente para que eso se dé?
Frente a esta difícil coyuntura por la que atraviesa la Rama Judicial, hay que tener cuidado con esas solicitudes de soluciones extremas y radicales, que son mucho mas efectistas hacia la opinión pública porque muestran una voluntad de solución del problema, pero no lo arreglan. La salida no es una constituyente.
¿Entonces cuál debe ser la salida?
Lo que se debe es afinar mecanismos que permitan un mejor funcionamiento de las instituciones y no acabar con ellas.
¿Por qué pidió la renuncia del magistrado Pretelt? ¿No es eso una intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial?
Cuando se le solicitó al magistrado que renunciara, se dijo que esa renuncia, la cual no está contemplada en este momento desde el punto de vista legal y jurídico, era importante para evitar que el escándalo que lo rodea se hiciera extensivo a la Corte Constitucional y a la Rama Judicial. Lo que estamos viendo en estos días es que precisamente se llegó a la situación que se quería evitar. Pasamos de la discusión de la conducta del magistrado Pretelt al cuestionamiento abierto de las instituciones. Ese es el daño que queda hecho con la permanencia del magistrado en la Corte Constitucional y que se va a seguir ahondando en la medida en que él siga aferrado a ese cargo.
¿Pedirle al magistrado Pretelt que renuncie para no enlodar a la Rama Judicial no es vender el sofá?
no no puede decir que la Corte Constitucional en su concepción, en su diseño original y en su funcionamiento ha sido una Corte inútil. El país le debe buena parte de la modernización jurídica y del avance en materia de reconocimiento de derechos a 23 años de trabajo de ese tribunal, que lo ha llevado incluso a ser exaltado fuera del país como una de las mejores cortes del mundo. Que hay problemas puntuales, de eso no cabe duda, pero estoy absolutamente en desacuerdo con que la solución es acabar con la institución.
El magistrado Pretelt señala al fiscal general de hacer reuniones en su casa para plantearles a los magistrados no cárcel para la cúpula de las Farc. ¿En el Gobierno sabían de esas reuniones?
El fiscal ha dicho en medios de comunicación algo que es cierto, y es que su posición frente al proceso de paz es conocida por todo el país. No es un tema que yo haya hablado puntualmente con él, pero lo que sí he dicho es que las posiciones del fiscal general sobre el proceso de paz son a título personal y no comprometen la opinión del Gobierno Nacional.
Una cosa es que se conozcan las posturas del Fiscal sobre el proceso de paz y otra es que el fiscal esté tratando de convencer a magistrados para que avalen su posición en las sentencias. ¿Eso no es diferente?
Sí. Esa es una afirmación que ha hecho el magistrado Pretelt y yo desconozco si el fiscal general ha realizado alguna maniobra de las que menciona el magistrado para convencerlos. Distinto es que el fiscal tenga todo el derecho de exponer libremente sus ideas frente al proceso de paz sin que eso comprometa la opinión del Gobierno.
¿El fiscal general de cualquier país debe estar opinando en medio de un proceso de paz sobre cuáles son las penas que se les deben dar a los alzados en armas?
No creo que haya ninguna limitación legal para que lo haga, pero si me pregunta qué haría yo si fuera el fiscal general de la Nación, probablemente no habría opinado sobre esos temas, precisamente para evitar generar esas confusiones en la opinión pública.
En medio de esta polvareda también ha salido a la luz otro de los cánceres que tiene la justicia: el clientelismo dentro de la rama. ¿No le parecen muy graves las denuncias que se les hacen a los magistrados y al fiscal por ese “modus operandi”?
Esas son afirmaciones que existen hace mucho tiempo, siempre se ha hablado de recomendaciones o intercambio de favores entre distintas instituciones para el nombramiento de puestos. Eso no debe ocurrir, el acceso a cargos públicos debe ser un reconocimiento a la formación académica de las personas y no simplemente al pago de favores entre una y otra institución. Lo importante en estos casos es no generalizar y decir que nadie puede acceder a un cargo público si llega a tener un nexo familiar o personal con alguna persona de otra entidad del sector público. Lo importante es que haya investigaciones que permitan aplicar sanciones en los casos en donde corresponda.
Lo que produjo las declaraciones del magistrado Pretelt fue el llamado a interrogatorio de su esposa por parte de la Fiscalía. ¿No es muy extraño que precisamente ahora se haga ese llamado, se conozcan grabaciones y múltiples casos?
Por supuesto que es extraño y por eso resulta especialmente importante establecer por qué esa información estuvo detenida y aparentemente oculta en la seccional de fiscalías de Córdoba.
¿Es decir, que usted no contempla que la información se esté utilizando de manera direccionada dentro de la Fiscalía General como denuncia el magistrado?
Esto que está pasando con el magistrado Pretelt es algo que suele suceder en contextos como este. Cuando surge un primer cuestionamiento contra la persona, mucha gente se pone a indagar sobre las actividades en general del individuo. Si usted revisa la prensa de los últimos 15 días, los propios medios de comunicación se han encargado de sacar a la luz pública situaciones irregulares en las que habría tenido alguna intervención el magistrado. Y son hechos que llevan meses y años, y no habían salido a la opinión pública porque mucha gente no había dedicado su atención a revisar con lupa las actuaciones del magistrado.
¿Qué van a hacer desde el Ejecutivo para ayudar a resolver lo que está sucediendo con la Rama Judicial?
Hay dos niveles de reformas a la administración de justicia. El primero tiene que ver con cambios estructurales en la Constitución y es el proyecto de equilibrio de poderes. En un nivel no constitucional, en el Ministerio de Justicia, estamos trabajando en otras iniciativas también orientadas al fortalecimiento de la administración de justicia.
¿Qué le parece la propuesta de algunos de pedir a los magistrados de todas las cortes que renuncien?
Es otra solución “extrema”. No me gusta, generaría un peligroso vacío: ¿quién nombra los provisionales magistrados mientras llegan los nuevos?, ¿por qué sacar a los que son buenos? Eso es en el fondo una forma de responsabilizar a la institución. Sólo deben salir los que hayan actuado mal.
Por Camila Zuluaga
