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La Agencia Nacional de Tierras debía delimitar el espacio ancestral de la comunidad indígena yukpa. El Ministerio del Interior debía adelantar una consulta previa para que alrededor de seis resguardos pusieran en evidencia los riesgos a los que se enfrentan ante los proyectos mineros que pretenden realizar en la Serranía del Perijá, en el Cesar, donde están asentados. Esa deuda, que parecía haber quedado zanjada en 2019 por cuenta de una decisión del Tribunal Administrativo del Cesar, que no solo amparó los derechos a la consulta previa de la comunidad, sino que ordenó delimitar su espacio, sigue vigente y podría llegar a la Corte Constitucional.
La acción de tutela, que interpusieron Jaime Luis Olivella y cinco gobernadores indígenas de la comunidad, solicita el amparo a la consulta previa, que consideraron vulnerado una vez se conformó el botadero estéril y manejo de aguas de un proyecto minero denominado La Jagua-Botadero el Palomo. La comunidad, que está dividida en seis pequeños resguardos en la Serranía de Perijá, teme por los impactos directos a la salud, cultura y ancestralidad de su población. Gran parte de esta ha tenido que abandonar los espacios forzosamente para refugiarse en unas quince ciudades del país en donde no se adelantan este tipo de iniciativas.
En más de una ocasión, la comunidad ha tenido que golpear las puertas de las corporaciones judiciales para que amparen sus derechos. En una primera ocasión, se le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras atender las solicitudes de delimitación y ampliación del territorio ancestral yukpa y tener en cuenta las peticiones de sustracción de la zona de Reserva Forestal la Motilona, en la Serranía del Perijá. En pocas palabras, la entidad debía estipular cuáles eran los espacios de los indígenas y cuáles hectáreas de la reserva se podían usar para los proyectos mineros que adelantaban las empresas Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones El Tesoro S.A.
Si bien, en su momento, los Ministerios de Ambiente y del Interior y la Agencia de Tierras instalaron una mesa de trabajo en la que se acordó suspender las licencias de las empresas, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (del mismo Ministerio de Ambiente) revocó la iniciativa y ordenó continuar con el trámite que les otorgaba los permisos a las empresas mineras. Con esa determinación en firme, se les empezó a dar forma a los proyectos de sustracción en la reserva, como lo denuncian Olivella y los gobernadores en su tutela.
Para los Yukpas, esa iniciativa es una clara violación de sus derechos debido a que las empresas mineras pretenden usar sus espacios ancestrales sin un “mínimo de respeto”. Lo que reprocha la comunidad es que existan 126 títulos mineros concedidos y al menos 314 están en proceso de solicitud. La tutela pone en evidencia que todas las entidades accionadas han incumplido la decisión de primera instancia, una situación que ya ratificó el Consejo de Estado en 2020, añadiendo que la providencia debía ser traducida a su lenguaje étnico para que todos conocieran la decisión. Ahora, la Corte Constitucional podría seleccionar el caso para estudio.
La importancia del asunto no es menor. La tutela de los yukpas evidencia que el Estado ha sido negligente en el proceso de delimitación territorial, lo que ha ocasionado que se sigan concediendo títulos mineros en zonas que son de su utilidad. Además, cuestiona que el Ministerio del Interior entregó una resolución donde dice que, en los espacios donde se pretende adelantar labores mineras, no había presencia de comunidad indígena cuando no sería cierto. Sobre la consulta previa, alertaron que se les está vulnerando dicho derecho y están incumpliendo una sentencia de 2018 de la Corte Constitucional, que ordenaba adelantar ese mecanismo en todo proceso de sustracción de la tierra.
Los gobernadores indígenas, entre otras cosas, piden en la tutela revocar la resolución del Ministerio de Ambiente que le dio vía libre a sustraer alrededor de 92,29 hectáreas de la reserva forestal donde habitan. Así mismo, pidieron que se le ordene a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, entre otras entidades, desarrollar el proceso de consulta previa para verificar los impactos que las explotaciones mineras pueden llegar a causar en la comunidad indígena. Si el caso llega a la Corte o no se sabrá el 31 de enero en una Sala de Selección, donde los magistrados también estudiarán un concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que podría ser clave.
En el documento (de 31 páginas), la Agencia le solicitó a la Corte que seleccione la tutela porque puede analizar la situación que padece la comunidad, evidenciar el desconocimiento de las directrices impartidas en su momento y definir el desarrollo de los proyectos mineros en esta zona del país. “Las decisiones de instancia le impiden al Estado ejecutar las acciones pertinentes para determinar la procedencia de la consulta previa en relación con la comunidad Yukpa y, por ende, están impidiendo el desarrollo de importantes proyectos minero-energéticos, estratégicos para el progreso social y económico de la región y de la misma comunidad étnica”, dice el documento.
Esta no es la primera vez que los Yukpas tocan la puerta de la Corte Constitucional. En 2017, Jaime Luis Olivella también interpuso una acción de tutela en la que solicitaba el derecho a la consulta previa. Esta vez los accionados eran la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Presidencia. Su intención era que tuviesen en cuenta la postura de la comunidad sobre la implementación del Acuerdo de Paz en esa zona del país, donde se instalaría una Zona Veredal. El alto tribunal le dio la razón. Además, en 2004 se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional por cuenta del desplazamiento forzado. En agosto de 2018, Dejusticia también presentó una insistencia para que seleccionaran una acción de tutela que presentaron alrededor de 500 personas de esa etnia en la que solicitaban ayuda humanitaria y ser reconocidos como un pueblo binacional, porque también están asentados en territorio de frontera venezolana.
Los Yukpas han buscado ayuda en la Corte y entidades judiciales desde hace años. En 2004 denunciaron un masivo desplazamiento de sus comunidades y sus derechos fueron amparados. Más tarde, pidieron que el Estado no se metiera en su tierra con un proyecto para la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y fueron escuchados. El caso que ahora podría llegar al alto tribunal es un recurso más de una larga lista de tutelas y demandas que resume el incumplimiento de entidades del Estado, como lo aclaró el Consejo de Estado. El próximo 31 de enero se sabrá si la Corte selecciona este asunto y le pone un punto aparte a este clamor de la comunidad indígena, como lo pidió también la Agencia de Defensa Jurídica.
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