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Hace cinco meses un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá declaró nulo el contrato de concesión de la Ruta del Sol 2. El laudo demostró que la multinacional Odebrecht pagó sobornos para quedarse con el negocio y, entre otras cosas, fijó que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deberá pagar por las obras recibidas $211.273 millones. Una cifra mucho menor a la que buscaban la empresa y sus socios. Ahora las partes que salieron perdiendo en el caso, como los bancos que hicieron los préstamos a la concesionaria, se juegan una de sus últimas cartas para evitar billonarias pérdidas: con acciones de tutela quieren que el Consejo de Estado tumbe la decisión.
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