1 May 2020 - 2:00 a. m.

La “tutelatón” que busca frenar la salida de Medimás en ocho departamentos

Entre 200 y 300 tutelas idénticas han sido radicadas por trabajadores de IPS pidiendo suspender la orden de la Supersalud de revocar el servicio en algunos lugares del país.
Felipe Morales Sierra

Felipe Morales Sierra

Periodista. Intereses: justicia y derechos humanos.

A la EPS Medimás no se le acaban los líos: acciones populares, tutelas y ahora un tribunal de arbitramento, son su pan de cada día. Una decisión de un juez de Popayán que ordenó suspender la resolución de la Superintendencia de Salud que revocaba el servicio de esta empresa de ocho departamentos (Atlántico, Arauca, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Guainía, La Guajira y Magdalena) parecía una luz para la empresa, pero la final el mismo despacho la revocó. El Ministerio de Salud anunció el inicio del traslado de 313.342 afiliados de esos departamentos a otras EPS, mientras que en juzgados de todo el país se han presentado más de 200 tutelas idénticas que buscan impedirlo.

Las tutelas, presentadas en lugares tan distantes como Arauca y Barranquilla, parecen calcadas, pues solo cambia el nombre del demandante y la IPS en la que trabajan. En todas, se demanda a la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo, a Mi IPS —que tiene relaciones con la cuestionada EPS— y, por supuesto, a Medimás. Todas dicen: “Los actos y omisiones de las autoridades accionadas están en abierta contradicción con los postulados constitucionales que pugnan por garantizar a la población un empleo estable, y de paso, son un mensaje desestimulante para quienes hemos asumido con dedicación y sacrificio la misión de que los usuarios sigan recibiendo las atenciones básicas que requieren”.

Continúan asegurando que sacar a Medimás de estos ocho departamentos vulnera los derechos fundamentales al trabajo, la vida digna y el mínimo vital de cada uno de los demandantes. Además, los centenares de tutelas tienen la misma pretensión: “que se disponga la suspensión o inaplicación de la resolución 2379 del 15 de mayo de 2020, expedida por la Superintendencia de Salud”. Y piden, por último, que, como medida provisional, mientras se toma una decisión de fondo, se deje sin efectos ese acto administrativo de la Supersalud. Fue a esta última pretensión de medida cautelar a la que accedió la jueza sexta civil de Popayán.

La “tutelatón”, como ellos mismos la llaman, la emprendió el sindicato Unitracoop, que reúne a trabajadores del sector de la salud que de la extinta Saludcoop pasaron a Cafesalud y luego a Medimás. Ahora, mientras la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría le han pedido a la Supersalud que liquide Medimás, los miembros de la asociación sindical se han encargado de hacer un contrapeso con demandas y protestas para evitar quedarse sin trabajo. “Le dimos la instrucción a nuestros afiliados de hacer todo lo posible por conservar sus trabajos”, le dijo a El Espectador Mauricio Ruiz, dirigente de Unitracoop.

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Este sinnúmero de tutelas que siguen llegando a diferentes juzgados ya preocupó a la Supersalud. En la entidad temen que sea una jugada jurídica de Medimás para impedir que les quiten el activo de más valor para una EPS: los usuarios, que en este caso sumarían más de 300.000 entre los ocho departamentos. Por eso, la entidad de control que dirige el superintendente Fabio Aristizábal presentó un recurso de reposición y la jueza de Popayán tumbó las medidas cautelares que ella misma había ordenado mientras emite un fallo. Además, le solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura que les ponga la lupa a todas estas tutelas, para prevenir eventuales irregularidades entre los funcionarios judiciales.

Mientras tanto, en desde Medimás y el sindicato Unitracoop niegan que estén trabajando juntos en este litigio. “Nosotros no tenemos nada qué ver con la ‘tutelatón’ de los trabajadores. Nos han notificado de algunos autos de admisión, pero porque estamos demandados. No sabemos ni cuántas son, ni quiénes las están haciendo”, le aseguró a este diario el abogado Daniel López, uno de los voceros de la EPS, quien agregó: “Acatamos la decisión de la Supersalud de retirar el servicio en los ocho departamentos, pero no estamos de acuerdo, por eso interpusimos el recurso para defendernos y vamos a agotar nuestra defensa por la vía regular”.

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Desde Unitracoop, Ruiz aseguró que no recibieron si quiera asesoría jurídica de Medimás. “Nosotros tenemos nuestros abogados y contamos con apoyo de todo el equipo jurídico de la Central General de Trabajadores (CGT)”, aclaró. De hecho, dijo que, si bien tienen una interlocución constante con los directivos de la EPS, como cualquier sindicato, no aceptarían coordinarse con ellos para una estrategia así. “En el momento en que hiciéramos eso, perdemos la credibilidad”, dijo. Él insiste en que es una pelea de los trabajadores por sus derechos fundamentales, pues no confía en las actuaciones de la Supersalud en este caso: “Soy absolutamente escéptico de la buena fe del Gobierno”.

Lo cierto es que ya hay cerca de 300 tutelas pidiendo lo mismo en el sistema de justicia que, hasta ahora, serán definidas por jueces diferentes. Para solucionar esto, la Supersalud pidió trasladar todos los expedientes al juzgado quinto civil de Barranquilla, donde se interpuso la primera de estas demandas. Y, en paralelo, otro juez de Cartagena pidió que le remitan algunos de los expedientes para que los unifique su despacho. En el sindicato, mientras tanto, esperan que su “tutelatón” llegue hasta la Corte Constitucional para que se definan lineamientos claros de los derechos de los trabajadores cuya empresa ha sido intervenida.

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