En la reciente historia judicial del país ningún expediente ha sido tan accidentado como el de la yidispolítica: tutelas, nulidades, memoriales, recusaciones y condenas de un solo lado. Los excongresistas Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus fueron sentenciados por la Corte Suprema de Justicia por facilitar el acto legislativo que aprobó la reelección presidencial inmediata a cambio de las “mezquindades de halagos y promesas burocráticas”, ofrecidas por el gobierno de Álvaro Uribe.
La confesión de Medina, la única que aceptó haber vendido su voto en la madrugada del 4 de junio de 2004 para salvar una iniciativa que estaba a punto de hundirse, además de pruebas documentales y las propias conclusiones a las que llegó la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, no han sido suficientes para que tres alfiles del uribismo sean enjuiciados. A pesar de toda la artillería jurídica desplegada por los defensores de los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y el exsecretario de Presidencia Alberto Velásquez, a escasos días de que el caso quedara en la impunidad, la Fiscalía profirió acusaciones contra ellos.
Pero, cuando ya se daba por descontado que los juicios empezarían en los próximos días, mucho más después de que la sala de conjueces de la Corte Suprema resolviera adelantar un solo proceso, los acusados se jugaron su última carta para evitar a toda costa el estrado de la Corte: apelando a un tecnicismo exigieron la nulidad de sus expedientes. En tres memoriales distintos, los abogados de Pretelt, Palacio y Velásquez le hicieron saber al alto tribunal que su llamado a juicio era arbitrario, ilegal e inconstitucional.
Lo grave es que, de aceptarse sus argumentos, unos 1.200 casos contra altos funcionarios estatales correrían el riesgo de quedar en el limbo. Para no ir muy lejos, por ejemplo, los expedientes de Agro Ingreso Seguro, las chuzadas del DAS, la presunta falsa desmovilización del frente Cacique La Gaitana (que tiene con orden de captura internacional al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo), varios exgobernadores y otros procesos preliminares en los que algunos generales de la República están siendo investigados.
El asunto es así de hondo. Aunque las peticiones de nulidad de los abogados de Pretelt, Palacio y Velásquez se refieren a este episodio particular, lan consecuencias que podrían derivarse serían enormes. Palacio y Velásquez, en memoriales de 39 y 15 páginas respectivamente, arguyeron que su llamado a juicio fue “un exabrupto” jurídico. Pero quizá el documento que recogió con más precisión sus reclamos fue el elaborado por Ximena Peñafort Garcés (exviceministra de Justicia de Pretelt y hoy su defensora), presentado a la Corte el pasado 17 de agosto.
Con una particularidad: fue hecho en formato de derecho de petición y tiene que ser contestado por ley la próxima semana. La nuez del debate es una reforma constitucional del año pasado: con el fin de descongestionar el despacho de la Fiscalía General, que llegó a tener hasta 1.500 procesos represados, la exfiscal Viviane Morales impulsó en el Congreso que fiscales ante la Corte pudieran adelantar expedientes contra altos funcionarios que antes sólo ella podía conocer. En noviembre de 2011 se aprobó la enmienda y, tres meses después, el caso de la yidispolítica le fue delegado al fiscal Álvaro Osorio.
Recurriendo a la letra menuda, y citando jurisprudencia internacional, Peñafort señaló que la entonces fiscal general no podía desprenderse de ese proceso porque nunca se expidió una ley para reglamentar la reforma constitucional y sólo eso daría para tumbar el caso. En ese sentido, advirtió que Morales se extralimitó al expedir la resolución de febrero de 2012 mediante la cual esta ‘papa caliente’ le cayó a Osorio. En su escrito de 20 páginas le pidió a la Corte que declare la inconstitucionalidad de esa resolución y, por tanto, la nulidad del caso. De ser así, en palabras castizas, los tres altos exfuncionarios quedarían absueltos por prescripción porque ya no podrían ser investigados.
Además, sostuvo que según la ley ese tipo de resoluciones deben ser publicadas en el Diario Oficial con el fin de que entre en vigencia y de que la ciudadanía, una vez enterada de los alcances de estas decisiones, pueda controvertirlas públicamente. Como se ve, la solicitud de Peñafort parece un manual para expertos. Por último, la exviceministra de Pretelt aseguró que así cambie la ley, las reglas de juego deben seguir intactas para los procesados y la retroactividad es arbitraria.
Con todos estos argumentos se busca que el juicio a Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez nunca vea la luz. Los nueve magistrados examinan con lupa los reclamos de Peñafort. Acá están en juego no sólo el sonado escándalo de la yidispolítica, sino procesos tan sensibles como AIS o el DAS, que también fueron delegados en tiempos de la Fiscalía de Viviane Morales. Fuentes del organismo investigador se mostraron tranquilas al considerar que esta última petición parece más las últimas patadas de ahogado de los procesados. En la otra orilla, los acusados de haber conseguido irregularmente los votos necesarios para aprobar la reelección presidencial dicen que simplemente están ejerciendo su derecho a la defensa.
“Es una venganza por contarle la verdad al país”: Medina
Como una venganza en su contra por contarle la verdad al país, así calificó la excongresista Yidis Medina la condena a 32 años de prisión que le impuso un juez de Bucaramanga por su participación en el secuestro de tres exfuncionarios de la Alcaldía de Barrancabermeja (Santander), ocurrido en diciembre de 2000. Respecto al fallo, la excongresista, pieza clave en el proceso de la yidispolítica, aseguró que, a diferencia de lo que se dijo en el proceso, ella fue la víctima y no la victimaria del referido plagio. Agregó que “lo único malo que he hecho en mi vida fue haber cambiado mi voto para la reelección presidencial (...). Acabaron con mi vida en este país. Lo que han hecho conmigo es injusto. Esa condena está pegada con nada”.
Además, aseveró que la sentencia era producto de un complot en su contra orquestado por Santiago Uribe y Mario Uribe, primo y hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y el excongresista Luis Alberto Gil, según ella, por los señalamientos que ha hecho en su contra y que habría contado con la participación de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, quien, al parecer, habría pagado para que un fotógrafo dijera que ella colaboraba con el Eln.
Por Diana Carolina Durán Núñez, Juan David Laverde Palma
