Fernando Botero Zea, el controvertido ex ministro de Defensa, sabe que es buscado en por lo menos 187 países por la Interpol después de haber sido condenado en Colombia a 30 meses de prisión por haberse apropiado de unos $800 millones que fueron a parar a sus cuentas, cuando hacía parte de la campaña de Ernesto Samper a la Presidencia. Pero también sabe que el país en que nació y donde vive en la actualidad, México, no tiene convenio de extradición con Colombia, por lo que podrá permanecer allá sin ningún inconveniente. Sin embargo, a través de su madre, la gestora cultural Gloria Zea, promovió una acción de tutela a principios de octubre pasado ante el Tribunal Superior de Bogotá para que las autoridades judiciales y administrativas dejaran de perseguirlo.
Zea argumentó que se le están violando los derechos constitucionales a su hijo como el debido proceso, la libertad y el principio de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho al requerir y solicitar en extradición a Botero Zea, sin tener en cuenta que ostenta la calidad de ciudadano mexicano por haber nacido en ese país en agosto de 1956. Es decir, que tiene la doble nacionalidad, por lo que la solicitud de extradición es irregular. Sostuvo Gloria Zea que aunque oportunamente ha allegado documentación que acredita la nacionalidad mexicana de su hijo –como en un oficio de la Cancillería de ese país que dice que “la extradición desde el territorio nacional de un ciudadano mexicano resulta improcedente”–, el último requerimiento por parte de Colombia fue hecho el pasado 9 de septiembre.
Argumentando esto, Zea solicitó la suspensión del trámite de extradición de su hijo. Pero el Tribunal de Bogotá respondió que la señora Zea no se encuentra legitimada para actuar en nombre de otras personas para acudir a la tutela y recuerda que según la legislación, “ninguna persona puede arrogarse a su arbitrio tal ejercicio del derecho de acción sin que esté justificado plenamente”. Es decir, que debe haber prueba de que el afectado en sus derechos fundamentales, en este caso Fernando Botero Zea, no puede promover directamente su propia defensa por hallarse en situación de desamparo o indefensión, entre otros motivos. Lo cual, claro, no ocurre en esta ocasión.
“La señora Gloria Zea, acude a la acción pública de amparo en procura de los derechos de su hijo, el condenado Germán Fernando Botero Zea, lo cual es atendible, (aunque) no obra prueba de que él mismo no pueda promover su propia defensa o dar poder a un profesional del derecho, por hallarse en situación de desamparo o indefensión”, señala el Tribunal. En cambio, recuerda que dentro de los documentos aportados en la demanda de tutela, se observa todo lo contrario: que al suscribir el referido poder para su madre, manifestó ser una persona capaz, que ha otorgado poder en debida forma a un abogado titulado para que represente sus derechos en el trámite de extradición.
Por tal motivo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela impetrada por Gloria Zea en nombre de su hijo y dio vía libre para que el Estado colombiano siga buscando traer de regreso al país a Fernando Botero Zea para que pague su deuda con la justicia por el delito de enriquecimiento ilícito, dentro del escandaloso proceso 8.000. Por ahora, Botero sigue residenciado en México eludiendo la condena a 30 meses de prisión que ratificó en última instancia la Corte Suprema de Justicia. Casi una década después de los turbulentos pasajes del 8.000, Botero Zea sigue dando de qué hablar.