La universidad y el club

Hace seis años un grupo de accionistas de la corporación Club Campestre Los Andes acudió a la Fiscalía para denunciar que a través de maniobras fraudulentas habían sido despojados de sus derechos para favorecer los intereses de la Fundación Universidad Manuela Beltrán. El pasado 31 de mayo, después de un proceso lleno de obstáculos y nulidades, fue calificado con medida de aseguramiento contra cinco directivos del centro docente, entre ellos su fundador y exrector Alfonso Beltrán Ballesteros.

Hace seis años un grupo de accionistas de la corporación Club Campestre Los Andes acudió a la Fiscalía para denunciar que a través de maniobras fraudulentas habían sido despojados de sus derechos para favorecer los intereses de la Fundación Universidad Manuela Beltrán. El pasado 31 de mayo, después de un proceso lleno de obstáculos y nulidades, fue calificado con medida de aseguramiento contra cinco directivos del centro docente, entre ellos su fundador y exrector Alfonso Beltrán Ballesteros.

Esta historia comenzó cuando a través de una emisión de acciones preferenciales en 1996, los socios del club fueron forzados a una inversión que sólo pudieron pagar 190 de sus 650 afiliados. Esta situación fue aprovechada por otros integrantes del club para sacar a quienes no respaldaron la inversión y, a través de una reforma estatutaria con una sociedad de papel y estados financieros amañados, en 2004 lograron que la propiedad mayoritaria del club pasara a control de la Universidad Manuela Beltrán.

Los afectados presentaron denuncia en mayo de 2005 en una Fiscalía de Zipaquirá, que abrió la investigación con enormes dificultades. En ese momento la Universidad Manuela Beltrán acababa de obtener su reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional y consolidaba la estructura que hoy le permite ofrecer 16 carreras profesionales y 12 programas de posgrado en sus sedes de Bogotá y Bucaramanga, con modernas instalaciones y 8.000 alumnos en ambas dependencias.

El gestor de este logro educativo fue Alfonso Beltrán Ballesteros, quien se inició en el mundo educativo en los años 70 con la Fundación para el Desarrollo de la Comunicación Social (Fundemos), uno de cuyos miembros de la junta directiva era Gilberto Rodríguez Orejuela. En 1983, esta entidad se transformó en la Fundación Educativa de Estudios Superiores (FES), siempre con Rodríguez Orejuela, hasta que sus andanzas en el narcotráfico lo obligaron a desaparecer de los registros notariales.

Entonces, en 1993, el propio Beltrán Ballesteros lideró la transformación de la FES en la Fundación Universitaria Manuela Beltrán. La mano del narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela en estos cambios societarios nunca fue investigada. En cambio, por el caso del Club Campestre Los Andes sí fue requerido. Lo hizo en 2006 y, en términos generales, argumentó que en su condición de rector buscaba una sede para crearle espacios deportivos a la universidad, y se enteró de la situación del club.

En concreto, Beltrán Ballesteros indicó que el club atravesaba por una quiebra y que desde el primer día su revisora fiscal tuvo claro que la Universidad Manuela Beltrán quería quedarse con todos los derechos para disponer de una sede deportiva. Además, que los supuestos excluidos ya habían perdido su calidad de socios y que la operación comercial fue lícita y autorizada, quedándose con el 95% de los derechos de los socios activos del Club Campestre Los Andes.

A pesar de que al caso fueron vinculadas 12 personas, el expediente sufrió toda clase de contratiempos, cambios de fiscal y peticiones de nulidad. Finalmente, el 31 de julio de 2009, el último día de gestión del abogado Mario Iguarán al frente del ente investigador, la fiscal Marcia Rodríguez, después de casi dos años de llevar el caso, precluyó la investigación en favor de los procesados. Su razón: la supuesta inexistencia de delitos. A través de sus abogados los socios que perdieron apelaron la decisión.

El caso llegó a manos del fiscal de la Unidad de Lavado de Activos, Arévalo Silva, quien rápidamente advirtió los errores del proceso y concluyó que la compra del Club Campestre Los Andes por parte de la Universidad Manuela Beltrán se hizo incurriendo en el delito de enriquecimiento ilícito. “¿Qué se hicieron los bienes del club? ¿Adónde fueron a parar? ¿Cómo dudar que el club no fue defraudado en más de $9.000 millones? La respuesta no puede ser otra que los activos pasaron a la universidad mediante negocios artificiosos”.

Según el fiscal de la causa, los bienes inmuebles se vendieron por un precio ínfimo y se trató de un negocio “gana-gana”, pues al club no le ingresó nada diferente al pago de los pasivos que tenían en 2004. En tal sentido, agregó el funcionario, el incremento patrimonial de la universidad fue absolutamente evidente y provino de un atentado ilegal contra el patrimonio del club. Por eso dictó medida de aseguramiento contra Alfonso Beltrán, Eduardo Rodríguez, Harold Chaux, Esperanza Espinosa y Giovanna Rodríguez.

En concreto, respecto a Beltrán, el fiscal concluyó que después de estudiar el patrimonio del club y sus deficiencias estatutarias, se despertó entre los representantes y asesores de la universidad el ánimo de estafar al club. Es decir, “desde un comienzo vio la oportunidad de aprovecharse del error de los asociados del club (...) e interpretando las disposiciones estatutarias en forma malsana adquirió los derechos de los asociados que estaban a paz y salvo para arrebatar el patrimonio.

Por distintas razones, todos los procesados fueron beneficiados con casa por cárcel. En el caso de Beltrán Ballesteros, por ser mayor de 65 años, el fiscal Silva admitió que si bien en enero de 2008 El Espectador dio cuenta de los antecedentes de la universidad con bienes del narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, en este caso no se podía evaluar si existió el presunto delito de lavado de activos, porque habría requerido que Beltrán respondiera a una indagatoria. Y nunca se adelantó este procedimiento judicial.

De hecho, el fiscal aceptó que aunque se compulsaran copias para que se investigara esta última circunstancia, como quiera que la creación de la universidad se dio en 1993 y para esa época el delito de lavado de activos no estaba tipificado, no vale la pena promover una nueva acción contra Beltrán. Como podría tratarse de un caso de dineros del narcotráfico, cabría una investigación por el delito de receptación, pero en este caso tampoco cabría emprender un proceso penal, porque el asunto ya está prescrito.

La única medida adicional fue solicitar que se investigue disciplinariamente a la fiscal que en 2009 pidió precluir el caso. Paradójicamente, desde el pasado 1° de marzo, como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán oficia el exfiscal Guillermo Mendoza Diago, quien estuvo al frente del ente acusador desde agosto de 2009 hasta enero de 2011. Una fuente comentó a El Espectador que Mendoza supo del caso, pero no tomó medidas para que se resolviera rápidamente.

Es conocido en los círculos judiciales que la Universidad Manuela Beltrán, desde hace varios años, ofrece becas y descuentos especiales a los miembros del Poder Judicial y que los estudiantes de Tecnología en Investigación Criminal tienen la oportunidad de comenzar las prácticas desde el segundo semestre en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, organismo que depende de la Fiscalía, así como en el Centro Internacional Forense, con los que tiene convenios vigentes.

Las explicaciones de los directivos

En su declaración a la Fiscalía Alfonso Beltrán Ballesteros, fundador y exrector de la Universidad Manuela Beltrán, señaló que al momento de considerar la adquisición del club envió a un arquitecto a fin de verificar el estado. Según le relató al ente acusador, un informe dio cuenta de que las instalaciones del club estaban en muy mal estado y las piscinas averiadas. Los saunas y baños turcos no estaban en servicio por daños en las calderas. También dice que se encontraron 14 canchas de tenis que no funcionaban porque se había endurecido el polvo de ladrillo por falta de mantenimiento, los siete hoyos del campo de golf estaban en pésimo estado, así como las oficinas y demás instalaciones administrativas. “El club atravesaba por una quiebra”, dijo a la Fiscalía. Allí descartó cualquier acción ilícita. El Espectador quiso conocer la versión del actual rector de la institución, Guido Echeverry, y del decano de Derecho y exfiscal Guillermo Mendoza Diago, pero no respondieron el llamado.

Empresas asociadas a la Manuela Beltrán

La misión de la universidad es: “Un semillero de buenos ciudadanos, innovadores y productivos, líderes en su comunidad y en su disciplina profesional”. Un semestre cuesta alrededor de $3,5 millones y los estudiantes oscilan entre los estratos 1 y 3. Luego de 35 años de fundada, además de la sede de Bogotá cuenta con sedes en Cajicá y Bucaramanga. Su evolución ha permitido la constitución de factorías como Climar: una clínica de medicinas alternativas. Existe Fundemos Centro de Rehabilitación, que brinda atención integral a personas en situación de discapacidad cognitiva. Otras empresas son Fundemos, una Institución prestadora de servicios de Salud (IPS) y el Laboratorio de Identificación Humana, donde se realizan pruebas de ADN y genética forense. Su fundador, Alfonso Beltrán, ha sido condecorado por los concejos de Bogotá y Bucaramanga, y la Gobernación de Santander. En cuanto a calidad de procesos de la vicerrectoría de investigaciones tiene la certificación ISO 9001.

Archivan procesos a directivos de la Universidad Manuela Beltrán

Hace seis años un grupo de accionistas de la corporación Club Campestre Los Andes acudió a la Fiscalía para denunciar que a través de maniobras fraudulentas habían sido despojados de sus derechos para favorecer los intereses de la Fundación Universidad Manuela Beltrán. El pasado 31 de mayo, después de un proceso lleno de obstáculos y nulidades, fue calificado con medida de aseguramiento contra cinco directivos del centro docente, entre ellos su fundador y exrector Alfonso Beltrán Ballesteros.

Hace seis años un grupo de accionistas de la corporación Club Campestre Los Andes acudió a la Fiscalía para denunciar que a través de maniobras fraudulentas habían sido despojados de sus derechos para favorecer los intereses de la Fundación Universidad Manuela Beltrán. El pasado 31 de mayo, después de un proceso lleno de obstáculos y nulidades, fue calificado con medida de aseguramiento contra cinco directivos del centro docente, entre ellos su fundador y exrector Alfonso Beltrán Ballesteros.

Esta historia comenzó cuando a través de una emisión de acciones preferenciales en 1996, los socios del club fueron forzados a una inversión que sólo pudieron pagar 190 de sus 650 afiliados. Esta situación fue aprovechada por otros integrantes del club para sacar a quienes no respaldaron la inversión y, a través de una reforma estatutaria con una sociedad de papel y estados financieros amañados, en 2004 lograron que la propiedad mayoritaria del club pasara a control de la Universidad Manuela Beltrán.

Los afectados presentaron denuncia en mayo de 2005 en una Fiscalía de Zipaquirá, que abrió la investigación con enormes dificultades. En ese momento la Universidad Manuela Beltrán acababa de obtener su reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional y consolidaba la estructura que hoy le permite ofrecer 16 carreras profesionales y 12 programas de posgrado en sus sedes de Bogotá y Bucaramanga, con modernas instalaciones y 8.000 alumnos en ambas dependencias.

El gestor de este logro educativo fue Alfonso Beltrán Ballesteros, quien se inició en el mundo educativo en los años 70 con la Fundación para el Desarrollo de la Comunicación Social (Fundemos), uno de cuyos miembros de la junta directiva era Gilberto Rodríguez Orejuela. En 1983, esta entidad se transformó en la Fundación Educativa de Estudios Superiores (FES), siempre con Rodríguez Orejuela, hasta que sus andanzas en el narcotráfico lo obligaron a desaparecer de los registros notariales.

Entonces, en 1993, el propio Beltrán Ballesteros lideró la transformación de la FES en la Fundación Universitaria Manuela Beltrán. La mano del narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela en estos cambios societarios nunca fue investigada. En cambio, por el caso del Club Campestre Los Andes sí fue requerido. Lo hizo en 2006 y, en términos generales, argumentó que en su condición de rector buscaba una sede para crearle espacios deportivos a la universidad, y se enteró de la situación del club.

En concreto, Beltrán Ballesteros indicó que el club atravesaba por una quiebra y que desde el primer día su revisora fiscal tuvo claro que la Universidad Manuela Beltrán quería quedarse con todos los derechos para disponer de una sede deportiva. Además, que los supuestos excluidos ya habían perdido su calidad de socios y que la operación comercial fue lícita y autorizada, quedándose con el 95% de los derechos de los socios activos del Club Campestre Los Andes.

A pesar de que al caso fueron vinculadas 12 personas, el expediente sufrió toda clase de contratiempos, cambios de fiscal y peticiones de nulidad. Finalmente, el 31 de julio de 2009, el último día de gestión del abogado Mario Iguarán al frente del ente investigador, la fiscal Marcia Rodríguez, después de casi dos años de llevar el caso, precluyó la investigación en favor de los procesados. Su razón: la supuesta inexistencia de delitos. A través de sus abogados los socios que perdieron apelaron la decisión.

El caso llegó a manos del fiscal de la Unidad de Lavado de Activos, Arévalo Silva, quien rápidamente advirtió los errores del proceso y concluyó que la compra del Club Campestre Los Andes por parte de la Universidad Manuela Beltrán se hizo incurriendo en el delito de enriquecimiento ilícito. “¿Qué se hicieron los bienes del club? ¿Adónde fueron a parar? ¿Cómo dudar que el club no fue defraudado en más de $9.000 millones? La respuesta no puede ser otra que los activos pasaron a la universidad mediante negocios artificiosos”.

Según el fiscal de la causa, los bienes inmuebles se vendieron por un precio ínfimo y se trató de un negocio “gana-gana”, pues al club no le ingresó nada diferente al pago de los pasivos que tenían en 2004. En tal sentido, agregó el funcionario, el incremento patrimonial de la universidad fue absolutamente evidente y provino de un atentado ilegal contra el patrimonio del club. Por eso dictó medida de aseguramiento contra Alfonso Beltrán, Eduardo Rodríguez, Harold Chaux, Esperanza Espinosa y Giovanna Rodríguez.

En concreto, respecto a Beltrán, el fiscal concluyó que después de estudiar el patrimonio del club y sus deficiencias estatutarias, se despertó entre los representantes y asesores de la universidad el ánimo de estafar al club. Es decir, “desde un comienzo vio la oportunidad de aprovecharse del error de los asociados del club (...) e interpretando las disposiciones estatutarias en forma malsana adquirió los derechos de los asociados que estaban a paz y salvo para arrebatar el patrimonio.

Por distintas razones, todos los procesados fueron beneficiados con casa por cárcel. En el caso de Beltrán Ballesteros, por ser mayor de 65 años, el fiscal Silva admitió que si bien en enero de 2008 El Espectador dio cuenta de los antecedentes de la universidad con bienes del narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, en este caso no se podía evaluar si existió el presunto delito de lavado de activos, porque habría requerido que Beltrán respondiera a una indagatoria. Y nunca se adelantó este procedimiento judicial.

De hecho, el fiscal aceptó que aunque se compulsaran copias para que se investigara esta última circunstancia, como quiera que la creación de la universidad se dio en 1993 y para esa época el delito de lavado de activos no estaba tipificado, no vale la pena promover una nueva acción contra Beltrán. Como podría tratarse de un caso de dineros del narcotráfico, cabría una investigación por el delito de receptación, pero en este caso tampoco cabría emprender un proceso penal, porque el asunto ya está prescrito.

La única medida adicional fue solicitar que se investigue disciplinariamente a la fiscal que en 2009 pidió precluir el caso. Paradójicamente, desde el pasado 1° de marzo, como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán oficia el exfiscal Guillermo Mendoza Diago, quien estuvo al frente del ente acusador desde agosto de 2009 hasta enero de 2011. Una fuente comentó a El Espectador que Mendoza supo del caso, pero no tomó medidas para que se resolviera rápidamente.

Es conocido en los círculos judiciales que la Universidad Manuela Beltrán, desde hace varios años, ofrece becas y descuentos especiales a los miembros del Poder Judicial y que los estudiantes de Tecnología en Investigación Criminal tienen la oportunidad de comenzar las prácticas desde el segundo semestre en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, organismo que depende de la Fiscalía, así como en el Centro Internacional Forense, con los que tiene convenios vigentes.

Las explicaciones de los directivos

En su declaración a la Fiscalía Alfonso Beltrán Ballesteros, fundador y exrector de la Universidad Manuela Beltrán, señaló que al momento de considerar la adquisición del club envió a un arquitecto a fin de verificar el estado. Según le relató al ente acusador, un informe dio cuenta de que las instalaciones del club estaban en muy mal estado y las piscinas averiadas. Los saunas y baños turcos no estaban en servicio por daños en las calderas. También dice que se encontraron 14 canchas de tenis que no funcionaban porque se había endurecido el polvo de ladrillo por falta de mantenimiento, los siete hoyos del campo de golf estaban en pésimo estado, así como las oficinas y demás instalaciones administrativas. “El club atravesaba por una quiebra”, dijo a la Fiscalía. Allí descartó cualquier acción ilícita. El Espectador quiso conocer la versión del actual rector de la institución, Guido Echeverry, y del decano de Derecho y exfiscal Guillermo Mendoza Diago, pero no respondieron el llamado.

Empresas asociadas a la Manuela Beltrán

La misión de la universidad es: “Un semillero de buenos ciudadanos, innovadores y productivos, líderes en su comunidad y en su disciplina profesional”. Un semestre cuesta alrededor de $3,5 millones y los estudiantes oscilan entre los estratos 1 y 3. Luego de 35 años de fundada, además de la sede de Bogotá cuenta con sedes en Cajicá y Bucaramanga. Su evolución ha permitido la constitución de factorías como Climar: una clínica de medicinas alternativas. Existe Fundemos Centro de Rehabilitación, que brinda atención integral a personas en situación de discapacidad cognitiva. Otras empresas son Fundemos, una Institución prestadora de servicios de Salud (IPS) y el Laboratorio de Identificación Humana, donde se realizan pruebas de ADN y genética forense. Su fundador, Alfonso Beltrán, ha sido condecorado por los concejos de Bogotá y Bucaramanga, y la Gobernación de Santander. En cuanto a calidad de procesos de la vicerrectoría de investigaciones tiene la certificación ISO 9001.

Archivan procesos a directivos de la Universidad Manuela Beltrán