Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en cabeza de Pierre Lapaque reportó una reducción del 7% en el área sembrada con coca en el país, pasando de 154.000 hectáreas en 2019 a 143.000 en 2020. “La capacidad de obtención de cocaína por hectárea se ha incrementado en los últimos años a pesar de la reducción del área sembrada”, señaló el alto funcionario y añadió que en los departamentos de Nariño y Putumayo se completaron tres años consecutivos con reducciones de siembra ilícita y por primera vez los cultivos bajaron en Norte de Santander en contraposición a las siembras que subieron en Antioquia, Córdoba, Bolívar y el Chocó.
Si bien el informe completo del Monitoreo de Territorios afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia correspondiente al año 2020 será presentado en el mes de julio con la integración de datos a la dinámica de los territorios y el análisis de las cifras, el balance preliminar entregado a los también ministros de justicia y defensa, Wilson Ruiz y Diego Molano, respectivamente, dan cuenta que durante 2020, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura alcanzó las 1.228 toneladas; la producción estimada de hoja de coca fue de 997.300 toneladas y en relación con la productividad del cultivo a nivel nacional, el rendimiento anual de hoja de coca por hectárea se determinó en 6.4.
“A pesar de la reducción general del área de coca en los últimos años que pasó de 171 mil hectáreas en 2017 a 143 mil en 2020, la producción de cocaína sigue subiendo desde 2014. Los estudios desarrollados por el Ministerio de Justicia y nuestra oficina muestran que la cantidad de hoja que se puede recolectar en un hectárea y la cantidad de alcaloide están aumentando a pesar de los esfuerzos hechos por la fuerza pública”, dijo Lapaque y añadió que la producción de cocaína no depende solamente del área sembrada. “El aumento en la producción de cocaína no debe interpretarse como un incremento exclusivo del último de año sino como el efecto acumulado de los últimos cuatro años ya que la metodología definida por el Gobierno arroja productividad cada cuatro años”.
La concentración de los cultivos de coca, según el funcionario de la UNODC, ha traído consigo un aumento en el rendimiento de la extracción de pasta base de cocaína. De acuerdo con los resultados de Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) y el Gobierno de Colombia, la capacidad de extracción pasó de 1.87 kilogramos de cocaína por tonelada de hoja en 2016 a 2.14 kilos el año pasado. “De esta manera tanto el incremento en la productividad de la hoja de coca como el aumento registrado en la extracción de pasta base han generado que pese a la disminución del 7% del área sembrada, el potencial de producción se haya incrementado en un 8% hasta llegar a las 1.536 toneladas de base de coca equivalente 1.228 toneladas de cocaína”, dijo Lapaque.
El flagelo del aumento de coca en el país, según el alto funcionario se registra en Córdoba (30%), Antioquia (27,5%), Bolívar (18%) y Chocó (18%). “En esos departamentos está el 84% de toda la coca del país. Esto quiere decir que los otros 15 departamentos afectados suman apenas el 16% de la coca. En este sentido no se puede usar la misma estrategia en territorios que son tan diferentes” argumentó Lapaque y añadió que casi la mitad de la coca, el 48%, está en zonas donde existen normatividad específica que establece mecanismos de acción a la hora de erradicar cultivos ilícitos. El alto funcionario recordó que los resguardos indígenas y los parques nacionales naturales están blindados para realizar ese tipo de acciones.
Respecto de la labor de la fuerza pública sobre las incautaciones de droga, el alto funcionario indicó que durante 2020 las autoridades se apropiaron de más de 505 toneladas de cocaína. Uno de los resultados más óptimos en materia de incautación según expuso el delegado de la UNODC. “Hay que decirlo porque es un esfuerzo grande que hizo la fuerza pública en este país. La política ruta futuro ya había reconocido esta labor desde hace tiempo”. Si bien Lapaque consideró que el Gobierno adelanta estrategias tendientes a erradicar los cultivos ilícitos como lo son las iniciativas que vinculan a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) ven con preocupación los esfuerzos por incorporar nuevas familias y territorios en programas de desarrollo alternativo, que a juicio del delegado, son la mejor ruta para liberar los territorios de las rentas ilícitas derivadas del narcotráfico.
El Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, por su parte, celebró que durante tres años consecutivos se hayan registrado cifras de disminución de los cultivos ilícitos de cocaína. “Desde el primer año de Gobierno del presidente Iván Duque se logró romper la tendencia de aumento. Actualmente podemos dar cuenta de una disminución de 28 mil hectáreas que equivale al 17%. A partir de estos resultados continuaremos el trabajo en la Ruta Futuro destacando que es la primera vez que el Gobierno cuenta con un instrumento de política que incluye esfuerzos que ataca a cada eslabón que vincula la producción, el tráfico, los lavados de activos y delitos relacionados”.
De acuerdo con Ruiz, la política “Ruta Futuro” plantea un abordaje del problema que tiene el país en materia de droga lo que significa que desde el Gobierno no solo se reconoce la complejidad de la situación sino también avanzan con iniciativas para erradicar ese flagelo. “El Ministerio de Justicia adelanta el proyecto “Territorios libres de Coca” en 51 municipios del Magdalena Medio y occidente del departamento de Boyacá generando acciones concretas de interdicción para que estos territorios avancen en un proceso de sustitución de economías ilícitas a lícitas”.
Para Ruiz esta es la primera experiencia que tiene el país sobre una mirada de prevención, disminución y producción de droga con la que pretende desarrollar mecanismos de seguimiento y acompañamiento a territorios y comunidades para que la sustitución de las economías ilegales sea sostenida. “La iniciativa es una apuesta en la que trabaje el Gobierno Nacional en las zonas futuro afectadas por las redes del narcotráfico y con ellas se busque incorporar mayor presencia estatal y acciones que permitan la transformación de los territorios dando sustitución a las economías ilícitas. Desde el punto de vista de política criminal estamos trabajando para desmantelar las organizaciones criminales que se financian del narcotráfico” de ahí que en materia de extradiciones, el jefe de la cartera de justicia dijo que el Gobierno ha enviado a territorio estadounidense a 488 personas de las cuales 406, están relacionadas con delitos de narcotráfico, es decir, el 86% de los envíos.
El funcionario del Gobierno destacó también que Colombia no es un país productor de drogas sino que el consumo de sustancias se ha extendido en el territorio nacional. De acuerdo con un estudio de Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y Medicina Legal, las muertes asociadas al consumo de estupefacientes en el país durante los últimos tres años da cuenta que ascienden a 8.641 personas. En el escenario internacional Ruiz aclaró que más de 585.000 personas perdieron la vida en 2017 como consecuencia del consumo. “De esas muertes casi una tercera parte están relacionadas con trastornos ocasionadas por consumo”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano dijo que la iniciativa del actual Gobierno es atacar el narcotráfico que representa la mayor amenaza para los ciudadanos, líderes sociales y medio ambiente. “No combatirlo sería dejar a los colombianos a merced de estructuras criminales al margen de la ley que intentan por todos los medios como lo estamos viendo por estos días, destruir la democracia”. Molano dijo que la fuerza pública avanza en el ataque a la criminalidad que ha dejado la erradicación de cultivos ilícitos así como el desmantelamiento de organizaciones que se lucran del mundo del crimen.
“Avanzamos en el camino correcto. Hay que reconocer que el 2020 fue un año difícil nos enfrentamos a condiciones climáticas adversas y a diferentes maniobras de los grupos disidentes de las Farc, del ELN y la Narcotalia que buscaba limitar el accionar de la fuerza pública. Estos grupos criminales recurren al uso de minas antipersonas de los cuales fueron desactivados 148 durante el año 2020. También recurrieron a francotiradores para afectar las labores de erradicación de cultivos ilícitos. Realizaron 22 hostigamientos y más de 1000 afectaciones violentas y 22 ataques de patrullas”, dijo el ministerio en su balance entregado al presidente Duque y a Lapaque.
Molano resaltó que durante el año pasado la fuerza pública erradicó 130 hectáreas de coca, lo que a su juicio corresponde a un área de tres veces la ciudad de Medellín. Esta afectación a las estructuras al margen de la ley les ocasionó una perdida de más de 302 millones de dólares que no pudieron usar para sus acciones delictivas. “Con esto evitamos que 115 mil kilos de coca llegaran a los centros de consumo en otros países pero también en Colombia.