Para la Fiscalía, que Carlos Ramón González deba ser recluido en una cárcel del país, es un asunto urgente. Así de contundente fue su petición para que el Tribunal Superior de Bogotá ordene la captura de quien fuera mano derecha del presidente Gustavo Petro. El ente investigador hizo formalmente la solicitud durante una audiencia de medida de aseguramiento este viernes 6 de junio, luego de que lo vinculara formalmente a una investigación penal por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El pasado 21 de mayo, fue imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
La entidad dirigida por Luz Adriana Camargo no solo pidió cárcel urgente para el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), sino también dio un anuncio revelador: el exfuncionario salió del país y estaría actualmente en Managua, Nicaragua. Ante el magistrado Leonel Rogeles, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, solicitó que el exfuncionario fuera enviado a prisión por la gravedad de su conducta, porque estando libre podría representar un riesgo para el desarrollo de las investigaciones judiciales y, en pocas palabras, porque no está en Colombia. Durante la audiencia, la fiscal mencionó los motivos por los cuáles se habría identificado la presencia de González en el país centroamericano y por qué su estancia allí es un riesgo para la justicia.
En primer lugar, la investigadora recordó la diligencia de arraigo que se le practicó al exfuncionario el 7 de octubre de 2024, en la que se identificó que se encontraba viviendo con su esposa al norte de Bogotá. El 2 de noviembre del mismo año, González salió del país con destino a San José (Costa Rica) y, desde entonces, no se tiene registro de su regreso al país. Según la Fiscalía, que recopiló datos de Migración Colombia, el también exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habría estado en Europa, entre España e Italia. Pero el panorama sobre su ubicación comenzó a esclarecerse luego de la audiencia de imputación de cargos contra González hace dos semanas.
Durante la audiencia de este viernes, la fiscal Patiño reveló un informe de investigación del CTI de la Fiscalía que da detalles de quiénes se conectaron de forma virtual a la diligencia de imputación. “Una vez verificados los asistentes (...) bajo el criterio de búsqueda ‘Carlos’, se encontraron dos usuarios”, señaló Patiño. El primero que se conectó con ese nombre, dice el ente investigador, habría sido un periodista que estuvo conectado menos de dos minutos. El segundo resultó ser una persona identificada como “usuario anónimo”, y se conectó de 9:28 de la mañana hasta las 10:57, “tiempo que corresponde con la presencia virtual del imputado”. Esa conexión analizada por los investigadores arrojó que venía, precisamente, de la ciudad de Managua, y que la entrada a la diligencia virtual se hizo por medio de un celular.
Todos estos elementos reforzaron la idea del ente investigador de pedirle al Tribunal Superior de Bogotá que ordene la medida de aseguramiento contra el exdirector. “Se abstuvo de informar a la Fiscalía sobre su salida del país y mucho menos de su regreso. Si bien frente a este argumento podría oponerse que González no tiene restricción para salir del país, su comportamiento es indicativo de que no quiere que la administración de justicia tenga conocimiento de su ubicación material”. El ente acusador agregó que, en este momento, el exdirector tiene un “arraigo aparente y no real”. Además, para la Fiscalía, el exfuncionario mantendría una “vinculación a la organización criminal”, por lo que estando en libertad podría entorpecer las investigaciones.
Para los investigadores del caso, el exfuncionario “carece de asentamiento en un lugar determinado”, y, aunque atiende las diligencias de forma remota, “no cuenta con presencia corporal que permita eventualmente su conducción inmediata a un centro de reclusión en caso de que así lo ordene su señoría”. La fiscal Patiño, durante su intervención al referirse a la situación de González, le envió un contundente mensaje al magistrado que atiende el caso: “Si su señoría no actúa con determinación en este momento, el mensaje sería devastador. Sería suficiente con conectarse a una audiencia por internet para blindarse de la acción inmediata de la justicia penal”.
En contexto: Fiscalía tiene indicios de que Carlos Ramón González estaría en Managua, Nicaragua
Los audios de Olmedo López que involucran a González
La Fiscalía reprodujo durante la audiencia una serie de audios de declaraciones que rindió Olmedo López, exdirector de la Ungrd. En las grabaciones, el exdirectivo, quien señaló en los últimos días sentirse “abandonado” por la Fiscalía, pues no se ha tramitado su principio de oportunidad, entregó detalles de cómo se habrían fraguado millonarios sobornos presuntamente ordenados por Carlos Ramón González. De acuerdo con lo dicho por López a las autoridades, esas coimas tenían como destino los bolsillos de Iván Name, entonces presidente del Senado, y Andrés Calle, quien fuera su par en la Cámara de Representantes, con el fin de que ambos le dieran celeridad a las reformas y proyectos del gobierno que transitaban por el Congreso.
Inicialmente, dijo el testigo, González ordenó que les fueran adjudicados contratos de la Ungrd por $70.000 millones. Sin embargo, el ofrecimiento cambió debido a la premura de los congresistas por recibir los convenios. Para el entonces presidente del Senado se habría pactado una coima de $3.000 millones en efectivo, y para la cabeza de la cámara baja, presuntamente la suma fue de $1.000 millones. Al parecer, con el visto bueno del entonces director del Dapre, López se reunió con Name y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, en prisión por estos hechos, para cuadrar la entrega del dinero al senador: $1.500 millones fueron entregados por ella misma en dos tandas en la casa de Name en Bogotá. Ese dinero, señaló Olmedo López, sería destinado para financiar la campaña de María Clara Name, hija del parlamentario, al Concejo de Bogotá.
Entretanto, según López, Carlos Ramón González le pidió que el soborno para Calle fuera gestionado sin intermediarios, por lo que el presidente de la Cámara estuvo varias veces en la dirección de la Ungrd cuadrando el dinero, según estableció la Fiscalía. Las pesquisas del ente investigador para este escenario se basaron no sólo en el testimonio del exjefe de la Ungrd, sino también en los registros de entradas y salidas del expresidente de la Cámara a las instalaciones y oficinas de la unidad encargada de atender desastres. Tanto Name como Calle se encuentran detenidos por estos hechos, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura el pasado 7 de mayo.
En las grabaciones presentadas durante la audiencia de este viernes, Olmedo López recordó cómo, minutos antes de un consejo de ministros, donde tenían asiento tanto Ortiz como González, se habrían cuadrado los millonarios sobornos. “Llegábamos dos horas antes al Palacio de Nariño. Llego a Palacio y me encuentro con el doctor Carlos Ramón en su despacho, que queda en el tercer piso. Las citas eran por voz a voz”. El exdirector de la Ungrd se refiere al encuentro del 21 de septiembre de 2023, en el que coincidieron los tres exfuncionarios. La fiscal Patiño señaló que, cuando investigadores de la Fiscalía accedieron a las cámaras de seguridad de ese día, “extrañamente presentaron vacíos inexplicables en la continuidad de la grabación”.
La diligencia de este viernes terminó con la intervención de los apoderados de las víctimas y el Ministerio Público, quienes soportaron la solicitud de la Fiscalía de enviar a prisión al exdirector del Dapre. Mientras tanto, su abogado, Iván Cancino, pidió unos días más para revisar todo el material probatorio y ejercer su defensa. Una alta fuente judicial señaló que, si el exfuncionario no regresa a Colombia para hacerle frente a los señalamientos en su contra, se podría emitir una circular roja de Interpol para traerlo de nuevo al país. En todo caso, González ha jurado inocencia y no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. Su futuro se definirá el próximo 17 de junio, cuando se espera que el magistrado Rogeles resuelva si lo envía a la cárcel o no.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
