La urgencia de un fiscal para la paz

Todos los intereses políticos del momento se concentran en una elección trascendental que debe hacerse este año: la del próximo fiscal general de la Nación. Por estos días, en la Casa de Nariño y en el centro de poder alterno que se estableció brevemente en Cartagena hace unos días, la discusión sobre lo que se viene en La Habana se cruza, sin remedio, con el asunto del próximo fiscal general. Para la Presidencia, para los sectores que apoyan el proceso de paz e incluso para la propia guerrilla, es vital contar con una cabeza de la Fiscalía que apoye lo que se decida en la mesa de negociaciones. Al tema le faltan dos meses para decantarse por completo.

Fuentes del sector justicia y de la Corte Suprema (tribunal que elige el fiscal de una terna que envía el presidente) le contaron a este diario que uno de los más interesados es Néstor Humberto Martínez. Según esas fuentes, el exministro de la Presidencia de Santos lleva varios meses haciendo una campaña intensa con algunos de los magistrados. Cuenta con apoyo de un sector del Gobierno y entre los empresarios –de varios ha sido abogado– tiene mucha legitimidad. Uno de los magistrados que lo apoyan dentro de la Corte es su presidente, José Leonidas Bustos.

Por tradición, en la Corte el vicepresidente –en este caso el magistrado Fernando Giraldo– siempre es el siguiente presidente. Fuentes del alto tribunal señalan que el magistrado Bustos está haciendo todo lo posible para evitar que así sea. Giraldo representa al sector del alto tribunal incómodo con un Bustos que ha prometido respaldo incondicional al proceso de paz. La molestia es tanta que hasta la hizo pública en agosto del año pasado, en un foro en Cartagena. Mientras Bustos le ofrecía una condecoración en forma de paloma al presidente Juan Manuel Santos, Giraldo señalaba: “Tenemos que apoyar al presidente en todo lo que hace, pero también tenemos derecho a discrepar y disentir”.

Los otros dos nombres que más tienen probabilidades hoy de ser incluidos en la terna son Fernando Carrillo y otro que hasta ahora empieza a sonar en este contexto: Cristina Pardo. Carrillo, en la era Santos, ha sido director de la Agencia Jurídica de Defensa de la Nación, ministro del Interior y embajador en España, país de donde regresó a finales del año pasado. Era el ministro de Justicia de César Gaviria cuando Pablo Escobar se entregó para recluirse en La Catedral –la cárcel que Escobar construyó para sí mismo–, en 1991, y por eso, cuando Escobar escapó un año más tarde, aunque ya no era ministro, una lluvia de críticas cayó sobre él.

Cristina Pardo es una “consentida” del presidente: ha sido su secretaria jurídica desde que se posesionó. Antes había sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, de magistrados como Vladimiro Naranjo y Jorge Pretelt, y es conocida por sus posturas conservadoras. Por ejemplo, cuando en julio de 2014 se sancionó la ley para víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, le pidió al presidente Santos no participar. La norma incluía el derecho de las víctimas a abortar, lo que ella consideró incompatible con el derecho a la vida. En 2007 fue incluida por el entonces presidente Uribe en una terna para la Corte Constitucional: tanto ella como Ilva Myriam Hoyos renunciaron señalando que ésa era terna de uno.

Hay otro nombre, que no ha sido incluido en las cábalas de la Fiscalía aún, pero que podría aterrizar en la terna en cualquier momento: Pablo Felipe Robledo. El actual superintendente de Industria y Comercio está más cotizado que nunca en la Casa de Nariño. Su decisión de sancionar a las 14 empresas azucareras más importantes del país (La Cabaña, Incauca, Manuelita, Riopaila y otras) por haber conformado una especie de cartel empresarial para obstruir importaciones de azúcar, lo dejó bien parado entre ciertos sectores del poder –en otros, no tanto–. Robledo, sin embargo, podría ser en realidad el “as” del presidente para la Procuraduría, otro cargo esencial para respaldar el proceso de paz.

Pablo F. Robledo le inspira una enorme confianza al presidente Santos, requisito indispensable para quien sea candidato a fiscal general –o a procurador–. En la Casa de Nariño, uno de los mayores temores es que quien llegue al cargo, en vez de apoyar el proceso de paz sin restricciones –como el fiscal Montealegre– reverse lo que se ha abonado con las Farc en materia de justicia. O que, apenas se firmen los acuerdos, abra nuevas investigaciones. Paradójicamente, justo lo que el fiscal Montealegre está haciendo con la antigua cúpula del M-19, a la cual le advirtió que sus indultos podrían levantarse y pidió que los revisaran.

Precisamente, por el temor que genera que un nuevo fiscal eche al traste el trabajo que se ha hecho desde 2012 en La Habana, existe un plan B: que el vicefiscal general, Jorge Perdomo, sea quien asuma el cargo como fiscal encargado. Para que así sea, lo primero que debe pasar es que la Corte no elija a ninguno de los tres candidatos que envíe el presidente, quien por ley deberá proponerlos antes de que termine el período de Montealegre, que es el 28 de marzo. Si la Corte señala que ninguno de los candidatos es apto, se devuelve la terna. Funcionarios de la propia Fiscalía, incluso cercanos a Perdomo, saben que su nombramiento como fiscal encargado es una gran posibilidad.

En agosto de 2009, cuando Mario Iguarán dejó de ser fiscal y la Corte devolvió la terna del entonces presidente Uribe, el vicefiscal del momento, Guillermo Mendoza Diago, reemplazó a Iguarán desde agosto de 2009 durante un año y cinco meses. En la Fiscalía creen que Perdomo podría estar por encargo unos tres meses; en la Casa de Nariño hacen cuentas de hasta un año.

Se suponía, además, que el cambio de fiscal empataba con la firma del acuerdo en La Habana, planeada para el 23 de marzo. Esa coincidencia de tiempos, al parecer, está embolatada. El propio jefe de la delegación de las Farc, Iván Márquez, señaló que insistir en esa fecha era una “ingenuidad”, tras la demora en pactar los detalles de la Justicia Especial para la Paz.

La razón por la cual el vicefiscal Perdomo es un plan B sólido es porque él también infunde seguridad en relación con el proceso de paz. De hecho, ha resultado un aliado fundamental del Gobierno frente a los diálogos con las Farc, pues ha asumido investigaciones grandes contra ese grupo guerrillero que le sirven al Gobierno para tener capacidad de negociación. Por ejemplo, la de abortos forzados, que se podría probar ante jueces como crimen de lesa humanidad; o la más reciente, anunciada por el propio Perdomo: los expedientes que se enviarían al Tribunal Especial para la Paz, en contra de más de 1.500 civiles que habrían ayudado a las Farc, si se firma la paz y el Tribunal se establece.

Una votación exigente

El lío es que para escoger fiscal se necesita que en la Corte Suprema haya quórum y todos los candidatos –incluso el que lleva más tiempo trabajando por este propósito, Néstor Humberto Martínez– se enfrentan a un difícil escenario. La Corte Suprema está integrada por 23 magistrados, de los cuales al menos 16 (las dos terceras partes) deben votar por la misma persona para que éste o ésta sea fiscal general. Ahora mismo, sin embargo, la Corte cuenta con 17 magistrados y en marzo, cuando José Leonidas Bustos termine su período de ocho años, serán 16. Es decir, que quien se quiera hacer elegir como fiscal no puede tener ni un solo voto en favor de otro candidato.

Conseguir una elección unánime no está nada fácil. Desde hace un buen tiempo, la Corte Suprema se encuentra profundamente fraccionada: en una orilla están los magistrados que respaldan a su colega y presidente, José Leonidas Bustos, y en la otra están los magistrados a los que Bustos les genera completa resistencia. Elegir los reemplazos de las seis vacantes que hay ahora –serán siete con la salida de Bustos– ha sido imposible también: hay tres cargos por ocupar en la Sala Laboral, dos en la Civil y uno en la Penal. El de la exmagistrada Ruth Marina Díaz (fuertemente criticada por haber viajado en un crucero con candidatos a la Corte Suprema) lleva más tiempo en vacancia: año y medio.

Hace unos tres meses, José Leonidas Bustos le propuso a la Sala Plena modificar el quórum de la Corte para que las elecciones se hagan con las dos terceras partes de los magistrados que en el momento ejercen, no de los 23 en total. Así las cosas, si la votación fuera hoy mismo, con 17 magistrados, el nuevo fiscal necesitaría 12 votos, no 16. Hasta el momento, sin embargo, la Sala Plena ni siquiera ha querido discutir la iniciativa, y una decisión así, indicaron fuentes del alto tribunal, necesita ser aprobada en dos rondas. Tampoco aplicaría para los procesos ya abiertos: si el propósito es que sirva para la elección del fiscal, debe estar aprobada antes de que se envíe la terna.

Cambiar el reglamento antes de la elección es esencial por un antecedente: en diciembre de 2010, la candidata Viviane Morales fue elegida por la Corte Suprema con 14 votos de 18 magistrados que conformaban en ese momento la Sala Plena. Fue fiscal general hasta el 2 de marzo de 2012, cuando el Consejo de Estado anuló su elección por no haber sido escogida con los 16 votos que exigía el reglamento (las dos terceras partes de la Sala Plena), sino con 14. Modificar el reglamento sería, entonces, el remedio para asegurar que si alguien es elegido con menos de 16 votos, no sea expulsado de su cargo como ocurrió con Viviane Morales.

Es un mapa de poder complejo. Puede que Néstor Humberto Martínez y el magistrado José Leonidas Bustos se entiendan, pero Bustos es a la vez una de las personas más cercanas al fiscal Eduardo Montealegre, cuyo apoyo estaría con el hombre que ha asumido con él las riendas de la Fiscalía: el vicefiscal Jorge Perdomo. Néstor Humberto Martínez quizá tiene el respaldo de un sector del alto Gobierno, pero es Jorge Perdomo quien más transmite la idea de continuidad en el proceso de paz. Esta elección se cruza con los mayores intereses políticos del gobierno Santos. Por eso, a éste le urge que quien quede elegido sea un (o una) fiscal para la paz.

Las vacantes en la Corte Suprema de Justicia

Son seis vacantes en total las que hay en la Corte Suprema de Justicia: tres en la Sala Laboral, dos en la Sala Civil y una en la Sala Penal. Igualmente, se abrirá otro cupo en marzo cuando finalice el período de ocho años del magistrado José Leonidas Bustos.

La primera vacante en abrirse fue la de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Ruth Marina Díaz Rueda, quien dejó de ser magistrada en julio de 2014 tras cumplir su periodo. Le siguió su compañero de la Sala Civil Jesús Vall de Rute, quien se retiró en 2015.

Ese mismo año salieron los otros cuatro magistrados. Mientras a la magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón se le venció, Carlos Molina Monsalve y Gustavo López Algarra cumplieron la edad de retiro forzoso. El otro cupo que quedó abierto en la Corte Suprema fue el de la magistrada de la Sala Penal María del Rosario González, quien renunció a mediados del año pasado.

Néstor Humberto Martínez. / Pablo Felipe Robledo. / Fernando Carrillo. / Cristina Pardo.  

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