Desde hace días se espera que el Gobierno oficialice el decreto con el que, se supone, miles de presos saldrán a prisión domiciliaria y se aliviará en algo el temor de un brote de coronavirus en las cárceles. Mientras tanto, el Inpec ya tomó decisiones en medio de la crisis carcelaria declarada desde el 23 de marzo.
Tras de los desórdenes ocurridos el 21 de marzo en diferentes cárceles del país, los internos han estado haciendo protestas pacíficas a la espera de conocer cómo se definirá su situación judicial. Ayer los internos de varias cárceles del país se declararon en huelga de hambre reclamando una respuesta del Gobierno y en rechazo a la decisión tomada por el Inpec.
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En una circular que conoció este diario, ayer el Inpec dio instrucciones sobre traslados de reclusos, y se explica que los establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON) podrán recibir a gente que provenga de unidades de reacción inmediata (URI) o de estaciones de policía, condenados o personas con “altos perfiles delincuenciales”, siempre y cuando se les realice un tamizaje en coordinación con la Secretaría de Salud que corresponda. Decisión que calló muy mal dentro de los penales.
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Esta decisión y la reciente negativa a una iniciativa propuesta en la cárcel hacen crecer la tensión entre los internos y las entidades carcelarias. En consecuencia a la huelga de hambre, internos de la cárcel La Picota decidieron donar los alimentos personas que pudieran necesitarlos. Por medio de una carta escrita a puño y letra, el comité de derechos humanos de este centro de reclusión anunció “la donación de alimentos a comunidades vulnerables por fuera de la prisión. Un ejercicio de solidaridad, porque la población privada de la liberad sabemos que, si nosotros tenemos poco, afuera hay personas que no tienen nada”. Sin embargo, la iniciativa no contó con el apoyo de Uspec, unidad que se encarga de los servicios dentro de los centros de reclusión.
Según lo expresado por los internos, hay 14 establecimientos carcelarios que se han sumado a la iniciativa y afirmaron que funcionarios de la Uspec están poniendo trabas a la donación. Así mismo, exigieron soluciones reales que no pongan en mas riesgo la seguridad sanitaria en los penales. Hasta el momento se desconocen las razones de la Uspec para negar la donación de alimentos.
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Por Redacción Judicial
