En un extenso informe de 325 páginas, la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia (CVPJ), creada en 2005 por la Corte Suprema de Justicia, entregó ayer el resultado de cuatro años de investigación. Con aportes poco novedosos, pero apoyados en una extensa recopilación de documentos y testimonios, los ex magistrados de la Corte Suprema Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla —actual presidente de la Corte Constitucional— reconfiguraron el complejo panorama por el que atravesó el país antes, durante y posteriormente al asalto que cometió un comando del M-19, el 6 y 7 de noviembre de 1985, contra la máxima sede de la justicia
En su documento los ex magistrados, cuyo trabajo se coordinó con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, se refirieron a los puntos más polémicos que se han debatido en torno a este tema. La comisión “encontró inaceptable” que el entonces presidente Belisario Betancur, a cuyo despacho se comunicó el presidente de la Corte Suprema de la época, Alfonso Reyes, en incontables ocasiones, se negara a entablar diálogos. Los magistrados señalaron que hacerlo era un “deber fundamental” del Gobierno y reiteraron que la tarea constitucional y ética de éste era salvaguardar la vida e integridad de los rehenes.
Las estropeadas relaciones entre Betancur y la cúpula militar quedaron en evidencia. De acuerdo con este reporte, los militares, en cabeza del ministro de Defensa Miguel Vega Uribe y del comandante de la operación militar, general Jesús Armando Arias Cabrales, ignoraron a su comandante en jefe: “El Presidente simplemente fue un espectador del desarrollo de los desastrosos acontecimientos”. Betancur le admitió a la Comisión que las acciones castrenses no podían suspenderse porque de ellas “se encargaba exclusiva y excluyentemente la institución militar”. El informe estableció además que los militares retuvieron en la Casa del Florero a “rehenes especiales”, a los que sometieron a “torturas y tratos inhumanos y degradantes”.
¿Por qué la Fuerza Pública retiró la protección especial de las Cortes si las alarmas estaban encendidas? Tres semanas antes el M-19 había asaltado una instalación militar en Armenia; acto seguido, ejecutó un atentado contra el general Rafael Samudio, comandante del Ejército; las amenazas de Los Extraditables habían aumentado; e inteligencia militar había hallado un plan para emboscar el Palacio, fijado para el 17 de octubre de 1985. La Comisión consideró que la hipótesis de la “ratonera” era la más probable: el relevo de la seguridad fue un acto deliberado para permitir el ingreso de los guerrilleros, emboscarlos y derrotarlos.
La censura que ejerció la hoy precandidata conservadora Noemí Sanín, ministra de Comunicaciones en ese momento, quedó en entredicho. Sanín contactó a cadenas radiales y noticieros de televisión para hacerles saber que no podían emitir información relacionada con los operativos ni divulgar los comunicados del M-19. El 6 de noviembre llamó al director de RCN Radio, Juan Gossaín, y le dijo que transmitir sobre el Palacio era una violación de la ley. Luego llamó al director de Caracol Radio, Yamid Amat, y le ordenó interrumpir su programa, so pena de enviar al Ejército a apagar sus transistores. En entrevista con la CVPJ, Sanín negó esta versión.
Al final, estaciones de televisión y radiales fueron forzadas a transmitir un partido de fútbol. Y días más tarde, a esta cadena de anomalías se sumaron los jueces de instrucción penal militar. El manejo de la escena del crimen “tuvo como sello principal la irregularidad”, a pesar de que “existían criterios claros aplicables al manejo de la escena”. Los funcionarios a cargo la contaminaron, así como a las pruebas. Los cuerpos fueron lavados, levantados, envueltos en bolsas plásticas y arrumados en el primer piso del edificio. “Se quiso ocultar o borrar evidencias relacionadas con las causas de muerte de cada una de las víctimas”.
Asimismo, “para la Comisión de la Verdad no existe duda alguna de que, en el marco de los hechos del Palacio de Justicia, empleados de la cafetería y algunos visitantes ocasionales fueron víctimas de desaparición forzada”. En el informe se descartó que los empleados de la cafetería tuvieran relación alguna con el M-19 y quedó sentado el desacuerdo de esta comisión con el Tribunal Especial de Instrucción, el primero que indagó sobre los hechos del Palacio, el cual aseveró que los empleados y visitantes de la cafetería fallecieron en el cuarto piso de la construcción, al ser conducidos allá como rehenes.
El M-19, por su parte, tampoco se salvó de los duros señalamientos de la Comisión. Con base en el testimonio de la ex presentadora Virginia Vallejo, quien sostuvo una relación sentimental con el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar; de John Jairo Velásquez, alias Popeye, reconocido sicario del capo de capos —cuya credibilidad fue descartada en el proceso de Alberto Santofimio—; del libro Mi confesión, basado en el testimonio del jefe paramilitar Carlos Castaño; y acogiendo la hipótesis de que los guerrilleros iban tras los expedientes de la Sala Constitucional de la Corte acerca de la extradición, la CVPJ dedujo que “hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”.
El epílogo de este asunto aún no ha llegado. Además de los juicios que se siguen contra 12 ex uniformados por el caso de los desaparecidos, algunas personas, como Carlos Medellín y Gustavo Gnecco, cuyos padres —magistrados de la Corte— murieron en el Holocausto, plantearon la posibilidad de discutir si el indulto concedido al M-19 en 1989 fue la mejor decisión. Y aunque la Comisión de la Verdad no entró en esos terrenos, dejó claro que tanto ex integrantes del M-19 como altos mandos de la Fuerza Pública deberían pedir perdón a las víctimas y a la sociedad por sus acciones que, determinantemente, derivaron en esta herida al país que aún no termina de sanar.
Por Redacción Judicial
